12 de noviembre de 2023

Diego Pietrafesa

La insólita propuesta de La libertad Avanza de habilitar la comercialización de órganos revela un profundo desprecio por la solidaridad. La «Ley Justina» y la labor del Incucai.

La vida para el que pueda pagarla. Y todo lo que esté dentro de la vida, que tenga precio; que se pueda comprar y vender; cualquier cosa que alimente la lujuria del Mercado, única ley, único Dios.
Llamar «polémica» a las declaraciones de los máximos referentes de La Libertad Avanza (LLA) sobre la donación de órganos es un exceso de ingenuidad o de mala fe. Son canallas que subastan al mejor postor el bien común y la felicidad del pueblo. Ellos y sus nuevos socios, los de la bandera de los «valores», consignas huecas como máscaras para el horror.
Javier Milei, candidato a presidente de LLA, lo había expresado sin tapujos: «Es un mercado más. Vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado. ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a disponer de mi cuerpo?».
Y el concepto lo completó Diana Mondino, diputada electa y posible canciller del señor de la motosierra, que intentó suavizar la idea: «Lo que se habló es de mercado de órganos que es radicalmente diferente a la venta de órganos. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar; pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da».
Cuando la extrema derecha habla cándidamente de «dar», omite adrede su esencia: si no cobro no doy.
En la Argentina la donación y el trasplante de órganos está regulado por ley, la número 27.447. Se la conoce como «Ley Justina» en recuerdo a la niña de 12 años que murió esperando un trasplante de corazón y en sus últimos meses de vida encabezó la campaña «Multiplicate x 7» que buscaba concientizar sobre la problemática.
Ezequiel Lo Cane, papá de Justina, le cuenta a Acción que «cuando yo empecé con el proyecto de la Ley Justina ella todavía estaba esperando su trasplante. Nunca se me pasó por la cabeza ni de cerca ni de lejos las barbaridades que escucho de estas personas. Si para un tema tan sensible ellos tienen esta liviandad de opinión, ¿cómo voy a poder confiar en ellos para que tomen acciones y tomen buenas decisiones en otros temas? A mí me cuesta muchísimo. Si son electos, allí estaré disponible para ayudarlos a comprender esto mejor; pero desde el vamos, no confío en ellos».
La norma, entre otros aspectos regulatorios, establece que todo ciudadano o ciudadana mayor de 18 años es donante salvo que manifieste lo contrario. Explica Ezequiel que «la ley se aprueba en julio de 2018, en agosto de ese año ya hubo récord de trasplantes y donación de órganos en Argentina. Veníamos con la campaña Multiplicate x 7 que había logrado duplicar los registros de donantes. En 2019 los trasplantes crecieron un 60%. En pandemia nunca se dejaron de hacer estos procedimientos, pese a que en países líderes del mundo se interrumpieron. Este año se recuperaron las cifras de 2019. En donantes por millón de habitantes estamos con el mismo promedio que la Unión Europea y en Latinoamérica somos el mejor país que realiza estas intervenciones».
La ley incluso tiene en cuenta ese vago intercambio que pretende describir Mondino cuando cita a un Premio Novel, Alvin Roth, distinguido en 2012 por la creación de un algoritmo para optimizar los trasplantes cruzados. Lo Cane explica que ese proceder «está en el artículo 23. El caso más emblemático fue el de Jorge Lanata; pero él lo hizo antes de la ley, tuvo que pedir autorización legal, pero porque contaba con recursos para hacerlo. La ley contempla que este procedimiento sea para todos. Antes de opinar hay que conocer y comprender, no opinar sin saber».

Asignación equitativa
El Incucai, organismo a cargo de instrumentar las donaciones y trasplantes, aseguró en un comunicado que «la posibilidad de la compraventa y de poner precio a un órgano o a una parte del cuerpo transforma al ser humano de sujeto en objeto y vulnera los derechos y la dignidad humanos. Se vulneraría el principio de justicia como equidad, y consagraría las condiciones de inequidad, ya que el supuesto “vendedor” lo haría por necesidad y el “comprador” lo haría por sus posibilidades económicas. El ejercicio de la autonomía se sustenta en la libertad para la toma de decisiones. En este sentido queda claro que la decisión de vender un órgano basado en las necesidades económicas implica coacción y no puede considerarse autónoma».

Cada intervención del Incucai pone en marcha un operativo que, de punta a punta, involucra a no menos de 150 profesionales en un lapso promedio de 20 horas. Los pasos por seguir implican etapas de detección, criterios de selección, certificación de muerte, intervención judicial (si se requiere), distribución y asignación, ablación y trasplante. Según se describe en el propio manual de procedimientos de la institución, los criterios de distribución están regulados por resoluciones específicas para cada tipo de órgano y tejido que garantizan una asignación equitativa.
Estas normas que aplican en todo el territorio nacional son el resultante de sucesivos análisis de los contenidos teóricos específicos, así como de la experiencia previa, de cuyo análisis participan junto al Incucai, las comisiones asesoras formadas por profesionales de los equipos de trasplante, las sociedades científicas, el Comité de Bioética institucional y la Comisión Federal de Trasplante. Las listas de distribución son confeccionadas por el Incucai a través de su sistema informático.
Carlos Soratti, director del organismo, considera que «se intenta hacer daño a un sistema que tiene una solidez, una historia de varias décadas, que ha generado una confianza en la sociedad muy alta. Es un sistema regulado, fiscalizado. Cada institución que realiza trasplantes debe ser habilitada y cumplir con todos los requisitos. Cada integrante debe ser autorizado. Cada proceso de donación se registra en un sistema informático».
Desde la Sociedad Argentina de Trasplante coinciden en respaldar lo actuado por el Incucai. Alejandra Villamil, presidenta de la SAT, asegura a Acción que «el Incucai garantiza los principios rectores del trasplante de equidad, transparencia y solidaridad. Ha sido reconocido internacionalmente por su capacidad para garantizar estos principios a través del tiempo, algo fundamental tanto para el donante como para la tranquilidad de cada paciente en lista de espera».
En referencia a los dichos de Milei y Mondino, agrega que «el tema reúne una gran complejidad y requiere de profundo conocimiento para poder ver cómo podría optimizarse el número de órganos disponibles para trasplantar. Ojalá fuera tan simple como recurrir a medidas mágicas que cambiaran de la noche a la mañana una situación en la que se trabaja intensamente para mejorarla desde Incucai, el Ministerio de Salud, las sociedades científicas y desde cada centro u hospital involucrado. Es más complejo aun cuando las soluciones desafían los principios rectores del trasplante, basados en el altruismo, y que dan lugar a interpretaciones equívocas». El barullo, el ruido, los gritos salvajes. Detrás de todo (o delante) está la destrucción del Estado como garante del bienestar y la justicia social. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, entiende que «hay una falta de sensibilidad que preocupa muchísimo. Desconocen absolutamente todo. Desconocen y subestiman al Estado. No se puede simplificar la complejidad que tiene la gestión estatal en un país federal. Hay que explicarle a la gente dónde está el Estado en Salud. Está en la provisión del 100% de las vacunas del Calendario a todas las provincias, provee toda la medicación para VIH y Tuberculosis, provee (a través del programa Remediar) cobertura para el 80% de las enfermedades prevalentes con alcance a 19 millones de personas, provee el banco de drogas oncológicas. Ese es el Estado que quieren retirar».
Más de 7.000 personas están en lista de espera para un trasplante.
Tienen derecho a creer. Tienen derecho a soñar. Tienen derecho a vivir. Porque la salud es su derecho. Y está escrito en la ley, no en el dorso de un voucher o de un dólar cara grande.

Compartir