30 de noviembre de 2023
El nuevo Gobierno prevé poner en tensión derechos y conquistas, con el objetivo de reducir costos empresarios e instalar formas «modernas» de creación de empleos.
Viejas nuevas recetas. La gestión libertaria tiene como eje revisar las instituciones laborales en beneficio del sector empresarial.
Foto: NA
La danza de cifras que maneja el nuevo Gobierno para la economía que viene es de vértigo, ante lo que considera una emergencia inédita. El presidente electo y sus colaboradores barajan grandes recortes del gasto estatal y de obras públicas.
Debaten además sobre el nivel que debe tener el dólar, el fin de la brecha cambiaria y calculan el salto inflacionario para los próximos meses. También analizan opciones para reducir la carga de las Leliq sobre el Banco Central y apuestan al ingreso de divisas, para lo cual entre otras variantes sondean a interesados en comprar el paquete mayoritario de YPF.
Mientras tanto, se van puliendo detalles de lo que planean como un drástico giro durante la próxima gestión: «La revisión de las instituciones laborales». Una apuesta ambiciosa para desmontar todo el andamiaje legal que sostiene desde hace casi ocho décadas los derechos y conquistas de trabajadores y trabajadoras.
El tamaño de los cambios que se propone llevar adelante Javier Milei en cada frente desde el 10 de diciembre, así como las pujas internas con el macrismo aliado, explican los vaivenes en la designación de funcionarios en áreas clave, que incluyeron la conformación del equipo del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que reemplazará a las carteras de Salud, Trabajo, Educación y Desarrollo Social. Para implementar la futura política laboral se confirmó finalmente a Omar Yasin, a quien acompañará Horacio Pitrau (funcionarios entre 2015-2019 con el entonces ministro Jorge Triaca).
Yasin formó parte del grupo de expertos laborales de Patricia Bullrich junto con Pitrau; Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo del gobierno de Cambiemos; Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA); y Ernesto Rona, exgerente de Recursos Humanos de Techint.
Cambios
En líneas generales, la batería de medidas en preparación para modificar sustancialmente las reglas del mundo laboral apuntará, según se adelantó, a: «simplificar la registración laboral», «disminuir las cargas sociales», «prever nuevas formas de relación en el empleo adaptadas a las dinámicas actuales» y a «darle previsibilidad a la indemnización por despido».
Si bien hay alternativas desplegadas en las mesas de decisión, el diagnóstico es coincidente: los únicos empleos creados en el decenio 2012-22 fueron de baja calidad. Según los estudios realizados por consultoras afines, aproximadamente un cuarto del crecimiento de las ocupaciones de ese período fue empleo público, otro cuarto, asalariado «en negro», y la mitad restante, cuentapropismo; pero de esta última porción el 80% registra ingresos que llegan a superar la línea de pobreza.
Un factor que desalienta la contratación «en blanco» son los muy elevados costos laborales no salariales, argumentan libertarios y macristas. Sumando aportes y contribuciones a la seguridad social, afirman, se llega a una carga equivalente al 44% del salario bruto. A lo que se le agrega, como media, otro 5% fijado compulsivamente en los convenios colectivos para el sindicato de la actividad.
También se cuestionan las escalas salariales y otras condiciones que imponen los convenios colectivos sectoriales a un universo masivo y heterogéneo de empresas. El resultado es que remuneraciones negociadas para aplicarse en grandes empresas de la región metropolitana no se pueden aplicar en pymes del interior del país.
El tercer factor es la indemnización por despido acrecentada por una serie de multas que se desvían al trabajador y a los honorarios de su abogado, de modo que el costo de finalizar una relación laboral es «incierto y desproporcionado». En suma, sostienen, la «obsolescencia» de las regulaciones laborales condena a cada vez más gente a empleos por fuera de las normas laborales.
Si bien el desafío es avanzar en un plan integral de «modernización laboral», Yasin comenzaría por aspectos menos conflictivos y conversados con la cúpula de la CGT. Esto es, la extensión a otras actividades de la modalidad de cese laboral que rige en la construcción, de manera voluntaria. Se habla de habilitar la creación de un fondo con aportes propios de las empresas para cubrir las indemnizaciones y poner un freno a la litigiosidad. A esto, se añadiría una reformulación de las multas que contempla la legislación laboral para los empleadores que no cumplen con la normativa. Esas sanciones, según los futuros funcionarios, llegan a duplicar los montos a percibir por parte de un trabajador cuyo patrón hubiese incurrido en irregularidades en la contratación o directamente, lo hubiera mantenido en la informalidad.
El exministro Sica justificó las modificaciones previstas: «Cuando las pymes toman personal tienen muchas dificultades con respecto a la incertidumbre sobre la eventual salida de esos empleados». Entonces, concluyó, sin tocar derechos adquiridos por los actuales trabajadores, «hay que limpiar un montón de regulaciones, de multas que están dando vueltas, que han generado lo que se conoce como la industria del juicio». Desde luego, la sintonía fina será clave, mientras no se descartan choques con los gremios.
