13 de diciembre de 2023
Con una macrodevaluación, súbito aumento del costo de vida, despidos, reducción de los recursos de las provincias y supresión de obras públicas comenzó la política de shock.
Caputo. El ministro de Economía difundió las decisiones iniciales de su cartera mediante un mensaje grabado.
Foto: Télam
Tragos amargos día por día, durante no menos de seis meses. Porque cavar más profundo es, paradójicamente, el único camino para salir del pozo. Como explicaron el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, los padecimientos serán necesarios porque, según dicen, hubo un gasto largamente por encima de las posibilidades.
El ajuste puesto en marcha para volver al «orden» ya se traduce en un drástico salto en el costo de vida, de la mano de la devaluación del peso (más de 100%, hasta 800 pesos el dólar oficial). Ya luce en góndolas de supermercados la liberación de precios y en las próximas facturas será evidente la supresión de subsidios a la luz, el agua y el gas (traducido: próximos aumentos de tarifas). Añádase lo que se viene para boletos de colectivos, trenes y subterráneo.
El escenario incluye una inmediata caída del consumo interno y una recesión claramente inducida por las medidas en los sectores responsables por la mayor generación de empleo: la industria y los servicios. En cambio, se beneficiarán, debido a la suba en el tipo de cambio, actividades ligadas a la exportación como las producciones agropecuaria, hidrocarburífera y minera.
Interrogantes
A estas horas en cada familia argentina se preguntarán: ¿cómo fue que pasó, con salarios y haberes jubilatorios fuertemente recortados durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández? Si tampoco el grueso de las empresas (más del 90% son micro o pequeñas y medianas) experimentó ningún esplendor. ¿Cómo es que la solución depende de cientos de miles de despidos en el Estado y en el sector privado, o de la eliminación de beneficiarios de planes sociales?
¿La mejora económica puede provenir del tijeretazo en los recursos que se transfieren a las provincias, del freno en obras públicas imprescindibles para la calidad de vida en cientos de ciudades o de la liquidación del patrimonio público?
Otros interrogantes: ¿La reducción de los derechos laborales y previsionales es el camino? ¿Reemplazar el sistema de actualización de jubilaciones y pensiones por decretos no implica reconocer que se prepara una importante reducción de ingresos del sector pasivo?
En cualquier caso, dramatiza el vocero presidencial, Manuel Adorni, que «hay que evitar que el paciente se muera». La metáfora se refiere a la economía, pero el bisturí no toca a los oligopolios o terratenientes, sino a segmentos populares. La meta, para revertir «esquemas perversos», es tender lo más pronto posible al equilibrio fiscal. Llegar al déficit cero, cuando 2023 cerrará en 3% del producto bruto, más otro 2% por intereses de la deuda.
Según prevé Caputo, el mayor «ahorro» (1,4% del PIB) provendrá principalmente de recortes en gastos de capital y en subsidios (lo que implicará menos inversión estatal en obras de infraestructura y tarifazos en servicios públicos). Otro punto del producto se obtendría a partir de las menores transferencias a provincias y de la reducción en las partidas de gastos de funcionamiento de la administración (eliminación de ministerios y secretarías).
Mucho más preocupante es la baja que se anticipa (de 0,4% del producto en cada caso) para los rubros jubilaciones y pensiones, y para programas sociales con intermediarios. Es decir, más allá de cifras y de encabezados en un expediente, un aporte compulsivo que recaerá sobre millones de afectados directos.
El paquete anunciado prevé también reforzar los ingresos públicos mediante la suba de retenciones a la exportación de distintos rubros (aunque los envíos de soja mantendrán el mismo nivel de gravamen). A ello se agregan las subas del impuesto PAIS, de Bienes Personales, y lo que resulte de las próximas moratorias y blanqueo de capitales. Todo lo cual debería rendir un 2,2% del PIB.
Reformas
Mientras los funcionarios apuran la aplicación de la receta neoliberal, iluminados por el fogonazo inflacionario (que dicen disparar para evitar una hiper), anticipan otro conjunto de reformas estructurales. Vendrán propuestas de reformas tributarias e intentos de vender empresas estatales (con YPF en la cabeza de la nómina), cuando no liquidarlas para despejar mercados a inversores privados nacionales o externos.
Algunos cambios, en tanto, llegarán en pocas semanas, tal el caso del Impuesto a las Ganancias que volverían a pagar los incluidos en la cuarta categoría (con lo que se revertirá la exclusión que se había dispuesto durante la anterior gestión gubernamental).
Un primer balance revela que el Gobierno excluyó de su diagnóstico y de sus anuncios el detalle resultante sobre la nueva distribución de la riqueza y los ingresos, con ganadores y perdedores entre los distintos agentes. Cierto es que se reforzarán las Asignaciones por Hijo y por Embarazo y la Tarjeta Alimentar. Débil paliativo, mientras el drama del aumento de la pobreza, la indigencia y la desocupación, como también el hachazo sobre ingresos de trabajadores, jubilados y pymes, tienen como contracara las mejores condiciones brindadas a grupos concentrados formadores de precios y grandes exportadores fabriles y agrarios.
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