15 de diciembre de 2023

Adriana Meyer

La ministra de Seguridad presentó un paquete de medidas que atenta contra el derecho constitucional a la protesta. Ajuste y mano dura, la fórmula neoliberal a pleno.

Ya lo intentó en 2016 y fracasó, pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insiste volviendo a la carga con su obsesión de reprimir al pueblo movilizado. Ayer dio a conocer los detalles de su nuevo protocolo «antipiquete» con el que el Gobierno de Javier Milei planea prohibir las protestas en el espacio público, con la autorización a las fuerzas de seguridad de actuar sin orden judicial, sacando a relucir el gastado argumento de la «flagrancia». En un intento de amedrentar y disminuir el caudal de manifestantes contra el salvaje plan de ajuste –por caso, ya mismo está la convocatoria a una masiva movilización para el 20 de diciembre, cuando se cumple un nuevo aniversario de la rebelión popular de 2001– la ministra amenazó: «No queremos ningún corte de rutas o calles». Organismos de derechos humanos y juristas advirtieron que el «protocolo antipiquete» no respeta derechos y garantías elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales.
A las dos horas de anunciada la novedad, el dirigente Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, advirtió que «en Argentina cambió el Gobierno, pero no el régimen político, para eso y para cambiar las leyes hace falta una Asamblea Constituyente, entonces luego de anunciar un plan de guerra contra los trabajadores ahora hay amenazas, las personas no van a aceptar tener una Navidad sin un plato de comida, las organizaciones sociales que alimentan a 11 millones de personas no reciben alimentos desde el martes 12». Y agregó que «estamos ante un ataque brutal amenazado con represión, pero no tendrá éxito, ya ocurrió cuando Bullrich era ministra, no podrán frenar la bronca popular».
Ahora bien, ¿en qué consiste el renovado corralito a la protesta social?
Las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Nacional van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos parciales o totales. Aplicarán el artículo 194 del Código Penal, que castiga con penas de tres meses a dos años a quien «impidiere el normal funcionamiento de los transportes o los servicios públicos de comunicación». En este punto, la ministra aclaró que «será así hasta que haya una ley nueva», dejando abierto el flanco a las críticas de inconstitucionalidad de este protocolo.

Habrá consecuencias
Los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención a la presencia de niños, mujeres, embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con el empleo de armas no letales.
Se sancionará a quienes lleven niños que deberían estar en la escuela, dijo Bullrich, y se avisará a la autoridad competente. Y amenazó con que «habrá consecuencias fuertes frente a quienes usen a los niños como escudo», sin aclarar cuáles serán, pero la respuesta podría estar en la frase del presidente: «El que corta no cobra», en relación al pago de los planes sociales.
Deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, y habrá detenciones cuando así corresponda legalmente. Identificarán a los vehículos que llevan a los manifestantes y se revisará la participación de los choferes. Si hay extranjeros, se mandarán los datos a la Dirección de Migraciones.
Se creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones, un punto que es lisa y llanamente inteligencia interior, que está prohibida por la legislación vigente.
Las fuerzas de seguridad trabajarán en estaciones de tren con el fin de detectar aquellas personas que vayan con materiales que tengan que ser incautados, con palos y caras tapadas.
Se avisará a los jueces por el daño ambiental producto de la quema de neumáticos u otras sustancias contaminantes.
«El protocolo antipiquetes es un cercenamiento brutal a las libertades democráticas, que se vuelve más cínico en un contexto de medidas económicas regresivas respecto de ingresos y salarios», dijo a Acción Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). «Prohíbe expresarse en las calles, amenaza a las organizaciones, a los extranjeros, a las familias que concurren con sus hijos con el claro objetivo extorsivo de amedrentar y evitar la protesta para convalidar y garantizar la profundización de la desigualdad», agregó en el entendimiento de que, si bien las movilizaciones suelen concentrarse en la Ciudad de Buenos Aires, gran parte de quienes protestan provienen de la provincia.
Para la diputada del PTS-FIT-U Myriam Bregman «lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar a los demás y no hay cómo impedirlo». La brutal respuesta vino del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert en la red social X. «Cárcel o bala», escribió el legislador, lo que motivó una catarata de muestras de solidaridad porque constituyó una amenaza hacia Bregman, pero también hacia el conjunto de las organizaciones que planean rechazar en las calles el plan de ajuste.

Declaracion de guerra
Este clima se replica, además, en todo el país. La diputada oficialista de la alianza Por la Libertad Independiente Chubutense Andrea Alejandra Toro dijo en el recinto que con el llamado de las organizaciones de izquierda para movilizarse el 20 de diciembre «vamos a lograr sangre». El diputado del PO-FIT-U Santiago Vasconcelos le respondió que «la sangre viene por la represión, no por la movilización del pueblo que pide poder alimentarse; decir eso es una amenaza del poder del Estado y su Gobierno».
Varias organizaciones salieron al cruce de la iniciativa oficial, entre ellas la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional del derecho de movilización y protesta. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó «lo de Bullrich» como «una declaración de guerra a la conflictividad que va a generar su propio Gobierno con el ajuste brutal que anunciaron; ninguna contemplación, habilitación directa a la policía, amenazas a las organizaciones, una patoteada». Y señaló que «es grave enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales» porque «cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles».
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue uno de los primeros en opinar que «el derecho a la protesta pacífica engloba el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación, petición; el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho de huelga, entre otros, y puede manifestarse de muy diversas formas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias». Al mismo tiempo, destacó que «la limitación al derecho a la protesta debe ser razonable y proporcional» y que «en ningún caso puede derivar de la prohibición de su ejercicio». A su criterio, «la aplicación del artículo 194 a una protesta pacífica es inconstitucional».
Tras el anuncio, Bullrich se reunió con el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien declaró al salir que trabajarán en conjunto. Así, la flamante administración de Jorge Macri acepta hacerse cargo de las graves consecuencias que traería la implementación de estas medidas en los cuerpos e incluso en las vidas de las personas que quieran salir a protestar contra el gobierno de Milei.

Sin respuesta
Silvia Saravia, de Barrios de Pie, denunció que las autoridades del nuevo Gobierno no les dan respuesta respecto a la entrega de alimentos a los comedores populares. «Hago responsable a Wolff, Macri y Bullrich de lo que nos pueda pasar en las calles», dijo. La dirigente social aludió a una película ya vista: cuando el discurso de las autoridades políticas da luz verde, las fuerzas de seguridad, que ya provocaron decenas de muertes en la represión a la protesta social desde el regreso de la democracia, se sienten habilitadas a disparar. Bullrich habló de armas no letales, pero al maestro Carlos Fuentealba lo asesinó una bomba de gas lacrimógeno.
El protocolo parecido que quiso implementar Bullrich como ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri, luego de debutar en el poder con la represión a los trabajadores de Cresta Roja en la Autopista Riccheri, nunca tuvo una aplicación efectiva. Las movilizaciones no se frenaron a pesar de las amenazas represivas, y hubo marchas masivas que dejaron en crisis a la administración macrista, como fue la aprobación de la reforma jubilatoria en 2017.
En el comienzo de El 18 brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx escribió que «la historia ocurre dos veces: la primera vez como una tragedia y la segunda como una farsa». Que no haya ni una ni otra.

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