11 de enero de 2024
Tras negociar durante casi una semana, el Gobierno logró que el organismo destrabe 4.700 millones de dólares para pagarse a sí mismo. Más ajuste y más recortes en el horizonte.
Nuevo entendimiento. Caputo y Bausili, en conferencia de prensa, anunciaron que se destrabó el programa, que implica lograr un superávit fiscal primario del 2% del PIB este año.
Foto: NA
En lo que parece ya una impronta del Gobierno de Javier Milei, anoche su ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a «amenazar» al Parlamento para que apruebe a libro cerrado la denominada Ley Ómnibus. Tras anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluiría un desembolso de 4.700 millones de dólares, sujeto a la aprobación del directorio, Caputo, acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, contestó preguntas de la prensa. Fui allí cuando el funcionario de Hacienda, suelto de cuerpo, afirmó: «En la medida en que la ley (ómnibus) no pase, las medidas van a ser más duras. Entonces, evidentemente los argentinos van a sufrirlas más. Por supuesto, que es extremadamente importante que la ley pase, justamente, para hacer esto de la manera más armoniosa posible».
Cual paradoja del destino, Caputo por segunda vez negocia con el FMI. En 2018 fue para tomar la mayor deuda que el Fondo otorgó a un país miembro. Hoy, seis años después, para «negociar» la séptima revisión del acuerdo y habilitar desembolsos que le permitan pagarle al organismo internacional. Los 4.700 millones de dólares se destinarán a pagar los 1.000 millones de dólares a la CAF ‒que había otorgado un crédito puente para el vencimiento de diciembre‒, 1.974 millones al propio FMI antes de fin de enero, en concepto de capital, y 877 millones más en intereses el 1º de febrero.
Los 1.000 millones de dólares restantes corresponden a un aporte que el organismo realiza a países emergentes y que quedarán integrados a las reservas del Banco Central. No es dinero fresco, sino que logra destrabar el previsto en el programa de Facilidades Extendidas en vigor desde 2022. Como contraparte, el Gobierno se compromete a lograr para fines de este año un superávit fiscal primario de 2% del PIB ‒mayor al solicitado por el FMI (0,9%) en el programa original‒, a acumular 10.000 millones de dólares en reservas (incluidos los 2.700 millones acumulados en diciembre de 2023) y a limitar la emisión monetaria a 0,4% del Producto solo con fines de sostenimiento de jubilaciones y planes sociales. La octava revisión será en mayo próximo.
Bajo presión
Pero más allá del monto, lo que ya no debería sorprender es el «alineamiento» del FMI con el nuevo Gobierno, que quedó en evidencia en el comunicado publicado por el organismo. Como una muestra de respaldo a las medidas implementadas, en el texto se aclara que «aunque el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar, las acciones iniciales lograron evitar una intensificación de la crisis». Si bien advierte que aumentará la inflación como producto de la devaluación del 118% y la denominada corrección de precios relativos, el Fondo apuesta a que la implementación del plan y la reconstrucción de la confianza den como resultado un «virtuoso» proceso de desinflación, con recuperación del crecimiento y de los salarios reales.
Tampoco se privó el FMI en su comunicado de fustigar a la gestión de Alberto Fernández, tras indicar que los objetivos clave del programa «no se alcanzaron por amplios márgenes debido a los severos reveses en las políticas del Gobierno anterior». E incluso, dejó la puerta abierta, tal como lo remarcó Caputo en su conferencia de prensa, para hacer algunos ajustes del plan a futuro. «Dadas las grandes incertidumbres, las autoridades se han comprometido a recalibrar las políticas según sea necesario para cumplir los objetivos del programa».
Aún seguimos buscando las diferencias de gestión entre Kristalina Georgieva y Christine Lagarde. Aquí va una tentativa. Por lo menos nadie nos pie que nos enamoremos de Georgieva.
«Las medidas van a ser más duras», si no se aprueba la ley Ómnibus en el Congreso, remarcó Caputo. Las preguntas retóricas se disparan automáticamente. ¿Más duras que un 118% de devaluación?, ¿más duras que una inflación mensual cercana al 30% en diciembre y del 25 en febrero?, ¿más duras que la caída del salario real, solo en diciembre, de entre el 10% y 15%, sin atisbos de alguna intención de recomposición a la vista, dejando en evidencia una vez más, que el ancla del programa libertario son los salarios?
En 35 años seremos como Irlanda o Estados Unidos, dijo en campaña y hace solo unos días el presidente Milei. Resulta apropiado replicarle con una frase bastante conocida de su «enemigo personal» John Maynard Keynes en los años 30 del siglo pasado, para evitar que varias generaciones se perdieran para la sociedad como resultado de las crisis que afectaron al mundo durante esa década: «En el largo plazo estaremos todos muertos».
