14 de febrero de 2024
La caída de ingresos coparticipables y de transferencias nacionales obliga a los distritos a ajustar gastos y provocaría refinanciaciones forzosas.
Complejo panorama. las negociaciones del Gobierno con los gobernadores «amigables» no llegaron a buen puerto.
Foto: NA
Junto con la alta inflación y el freno de la actividad (principalmente fabril, del comercio y de otros servicios, lo que anticipa subas en el desempleo), algunas provincias avizoran perspectivas ciertas de default. Por eso, aún con las proyecciones más optimistas trabajan con hipótesis que incluyen necesarios procesos de reestructuración de deudas. Sobre esta consecuencia advierten análisis oficiales de la mayor parte de las jurisdicciones del interior del país, como también de consultoras privadas y calificadoras de riesgos, como resultado directo del mega ajuste del gasto público emprendido por el gobierno nacional y de su impacto en los niveles de solvencia y liquidez.
Si bien el fracaso parlamentario de la ley ómnibus evitó que se estrechara de modo aún más inmediato el camino de cornisa de los gobernadores, las luces de alarma siguen encendidas. Con el agregado de una crisis que el Gobierno nacional insiste en saldar con (todavía desconocidas) «herramientas constitucionales» que conduzcan al mismo fin de vaciar las arcas provinciales.
La dura realidad –que explica en parte la resistencia de legisladores calificados como «delincuentes» y «traidores» por el presidente, por no acompañar la iniciativa– es que el plan motosierra se puso rápidamente en marcha en lo que respecta a los recursos provinciales, tal como había prometido el ministro Luis Caputo cuando se vio obligado a retirar de la iniciativa el capítulo fiscal, que originalmente contemplaba un refuerzo impositivo y un drástico recorte de haberes jubilatorios.
Según un informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz, las transferencias nacionales discrecionales enviadas por la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayeron un 98% interanual real en el primer mes del año. Es decir, hubo «una virtual desaparición de estos fondos». De hecho, en 13 de las jurisdicciones el dinero enviado fue directamente cero. Concretamente, durante enero pasado el conjunto de provincias y CABA recibieron apenas 13.322 millones de pesos (algo así como 283 pesos por habitante). Las menos afectadas por el tijeretazo libertario, es decir las que tuvieron menores caídas, fueron Corrientes (-26%), Chubut (-30%) y Córdoba (-92%).
Peor situación (no vieron ni un peso de transferencias no automáticas) sufrieron 16 gobernaciones: las de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.
El panorama es aún más oscuro si se considera la caída cercana al 13% de la coparticipación federal de impuestos, debido a una menor recaudación por el Impuesto a las Ganancias e IVA. Ante ese bache surgieron propuestas de varios gobernadores (hasta ahora no atendidas) para que se coparticipe el impuesto PAIS, tributo de emergencia que se abona sobre ciertas operaciones en moneda extranjera.
El relato sobre las penurias provinciales es replicado por otro estudio, el de la calificadora Moody’s, titulado «Navegando la terapia de shock».
En este contexto «no es de extrañar que en las provincias falten rutas, escuelas, hospitales, seguridad», consideró el gobernador bonaerense Axel Kicillof en un artículo reciente referido a la discriminación en la distribución de recursos, en perjuicio del distrito de mayor población y aporte productivo del país. Por lo pronto, el reciente anuncio del recorte de subsidios al transporte, así como el no envío de los fondos de incentivo docente no hacen más que confirmar el difícil panorama que se presenta para las provincias.
Riesgos
Un informe de la calificadora de riesgo FixScr (filial de la firma global FitchRatings) advirtió que las provincias argentinas «se enfrentan en los próximos meses a un escenario macroeconómico muy desafiante», ante ingresos fiscales «mermados por una caída en el nivel de actividad y la expectativa de una menor asistencia por parte del Gobierno nacional en el marco de un plan de austeridad fiscal».
El panorama es de un «aumento significativo del riesgo de refinanciamiento», ya que este año comienzan a vencer la mayoría de los «abultados» servicios de capital de las reestructuraciones de deuda de 2020/2021, en un contexto de crédito restringido.
Lo cierto es que las provincias ya se encuentran ante un escenario ineludible de «racionalización del gasto, en línea con lo planificado por Nación, o bien a buscar fuentes alternativas de financiamiento», alertó Fix.
La calificadora advierte sobre la «mayor fragilidad en la sostenibilidad de la deuda» y la presión que experimentarán las gobernaciones para «realizar ingenierías a fin de sortear el pago de vencimientos, o llevar a cabo reestructuraciones forzando la modificación de los términos y condiciones vigentes en los pasivos establecidos».
El cuadro se agrava por el aumento del peso de los servicios de deuda en moneda extranjera, luego de la fuerte devaluación en diciembre último, señala Fix.
Por otra parte, agrega, «deberá monitorearse a lo largo del año el fuerte impacto de la aceleración inflacionaria del primer trimestre en la estructura de ingresos, en conjunto con una retracción de la actividad, dado que la mayoría de las provincias cuentan en mayor parte con ingresos procíclicos (coparticipación de impuestos e ingresos brutos)».
La crisis no excluye a las provincias con ingresos vinculados con el dólar, como las regalías hidrocarburíferas, y que cuentan con cierto calce entre sus servicios de deuda y la evolución de sus ingresos, ya que se encuentran expuestas a factores exógenos y endógenos que pueden distorsionar el esquema en el que se respaldan.
El análisis de Fix recuerda que, sobre diez provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires calificadas, siete exhiben un rango igual o superior al de BBB(arg): CABA, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Corrientes, Salta y San Juan.
A su vez, cuatro se ubican debajo de aquel umbral (Entre Ríos, La Rioja, Santa Cruz, y Chaco). Estas últimas «deberán afrontar el pago de significativos compromisos de deuda en el primer trimestre del año en un contexto de elevada incertidumbre», lo que las sitúa en «alerta» y «con implicancias negativas», concluyó el informe.
