13 de marzo de 2024
Cuatro homicidios en una semana abrieron una nueva crisis de inseguridad en Rosario. Los factores que explican la escalada de violencia, según la mirada de un destacado criminólogo.
Las imágenes de presos de la cárcel de Piñero «a lo Bukele», semidesnudos y cabizbajos, caracterizaron al Gobierno de Maximiliano Pullaro desde que asumió la gestión de Santa Fe en diciembre. Enrique Font fue el primero en criticar la espectacularidad de las medidas y en advertir que podían agravar el problema de la violencia. «Esas imágenes buscaron un rédito político y resultaron un juego irresponsable», dice el criminólogo y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Cuatro homicidios de trabajadores en una semana y la ciudad paralizada por un paro del transporte público y la suspensión de las clases y la recolección de residuos abrieron una nueva crisis de inseguridad en Rosario. Al cuadro se agregan otros factores de preocupación, destaca Font: el envío de fuerzas federales, «más de lo mismo», y la exasperación de la política de mano dura con la creación de una nueva figura, «el narcoterrorismo».
–Se suponía que el Gobierno de Maximiliano Pullaro iba a marcar un corte con los problemas de seguridad en Santa Fe. ¿Cómo se gestó la crisis?
–Pullaro no intentó modificar ninguna de las variables estructurales del fenómeno. No solo eso sino que delegó autoridad en una línea de la policía, como ya había hecho durante su gestión como ministro de Seguridad en el Gobierno de Miguel Lifschitz, y se desentendió de cualquier trabajo sobre el segmento más complejo de la seguridad, como es la policía provincial. Basta como ejemplo el caso de policías del Comando Radioeléctrico que detuvieron a una persona y le plantaron armas utilizadas en balaceras donde se amenazó al gobernador. En cambio, con la idea de que desde las cárceles se maneja el delito, lo que es una realidad, se tomaron medidas que en realidad tenían otro objetivo. Las fotos de presos a lo Bukele buscaron rédito político y resultaron un juego irresponsable en un escenario donde no se tiene el control de la calle ni de la policía, donde además la policía integra bandas.
«Las provocaron a una guerra y la perdieron, porque desgraciadamente las organizaciones ganaron esa batalla con la paralización de la ciudad.»
–¿Qué efecto tuvieron esas imágenes?
–El Gobierno de Santa Fe tensiona con actores cuyo uso de la violencia no es solo instrumental para gestionar sus negocios criminales, sino también identitario, relacionado con el reconocimiento. El Gobierno les levanta el cartel a estos actores y a la vez los humilla y los exhibe. Hacer turismo tumbero, como hicieron el propio Pullaro, el ministro Pablo Cococcioni y otros funcionarios, filmándose en situaciones humillantes para personas privadas de la libertad, editar esas imágenes, ponerles música, no persiguió ningún propósito vinculado con la seguridad. En paralelo se multiplicaron las requisas. Sabemos lo que son las requisas en los penales, pero cuando además tienen permiso político para hacer lo que habitualmente se hace a escondidas, que es romper todo, golpear y robar, generan otro problema. Además les hicieron allanamientos muy violentos a los familiares de la casi totalidad de los presos de la categoría alto perfil y seguimientos ostensibles, no inteligencia, a hijos e hijas de esos presos cuando iban a escuelas. Los defensores de la defensa pública federal y los abogados particulares se ven forzados a plantones de varias horas para ver a sus defendidos. El Gobierno hizo entonces por un lado un show humillante y provocador a organizaciones peligrosas y por otro lado llevó adelante medidas que eran una ruptura no solo de la legalidad, sino de códigos muy básicos con las familias.
A lo Bukele. El Gobierno de Santa Fe dio a conocer imágenes de las requisas sorpresiva en el penal de Piñero.
Foto: Gobierno de Santa Fe
–Pullaro y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich reafirman sin embargo la mano dura. Desde su punto de vista, los crímenes son una reacción y en definitiva confirman que su política en la cárcel es correcta.
–Pullaro, y no tanto Bullrich, se metió en un brete. El circo con los presos se volvió en contra frente a la opinión pública, pero hay una nueva vuelta de tuerca en la amplificación de la violencia. Desde el Gobierno de Antonio Bonfatti en adelante, lo que eran organizaciones muy rústicas fueron elevadas al nivel de los cárteles colombianos y mexicanos, de las facciones brasileñas: las trataron como algo que no eran, les subieron el cartel, las usaron. Ahora las provocaron a una guerra y la perdieron, porque desgraciadamente las organizaciones ganaron esa batalla con la paralización de la ciudad. ¿Y los vamos a llamar narcoterroristas? En tres meses, cuando la violencia suba otro escalón, ¿qué quedará en términos de construir etiquetas? Etiquetas falsas pero con efectos reales. Con otro dato también muy preocupante: cada vez que se escala en el modo de la violencia, el espiral no baja. Hace un año empezaron a matar personas que no tenían nada que ver para enviar mensajes y eso sigue. No veo que los 450 gendarmes que envía el Gobierno vayan a producir una diferencia. Bullrich no puede volver a hablar de terrorismo en la Patagonia, como hizo en la gestión anterior, pero lo puede hacer en Rosario; la diferencia es que acá se juega con gente que tiene armas y que mata.
«Hace un año empezaron a matar personas que no tenían nada que ver para enviar mensajes y eso sigue. No veo que los 450 gendarmes que envía el Gobierno vayan a producir una diferencia.»
–¿Cuál es la verdadera dimensión de las bandas? Se las describe como crimen organizado, pero su escala de negocios parece menor, restringida al narcomenudeo.
–Son grupos muy fragmentados, todos con la capacidad de matar porque se necesita poco para eso, y es probable que continúe el nivel actual de violencia. Lo de Rosario es un mercado local de drogas, como la mayoría de los mercados locales de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. La singularidad rosarina es una administración de justicia con un modelo viejo empeorado por el nuevo que no esclarece homicidios y una policía que participa del delito. La Justicia Federal se dedicó a su vez al narcomenudeo e investigó sin unificar causas ni llegar más allá del punto de venta. Organizaciones que en cualquier otro lado terminan desarmadas en tres o cuatro años, en Rosario –Los Monos es un ejemplo perfecto– se pudieron hacer cargo así de un negocio y manejarlo con su rusticidad y su violencia. La situación empeoró con la reforma del sistema penal de la provincia, en 2014, porque les sacaron las investigaciones a la policía y se las dieron a fiscales sin experiencia de calle ni competencia para investigar, porque son abogados. La especificidad rosarina tiene menos que ver con las bandas que con el control del delito. Se trata de bandas locales, ninguna va a las Seychelles ni tiene la plata en Luxemburgo. Pensemos dónde es detenido Ariel «el Viejo» Cantero: la primera vez en un carro de cartonero y la segunda en un rancho. Ahora hay una locura, que incluso sostiene buena parte del sector progresista, que consiste en ponerlas a la altura del crimen organizado internacional.
«Organizaciones que en cualquier otro lado terminan desarmadas en tres o cuatro años, en Rosario se pudieron hacer cargo así de un negocio y manejarlo con su rusticidad y su violencia.»
–¿Controlar la cárcel es controlar la calle, como dice Pullaro?
–Ya vimos que no es así. Las organizaciones son astutas, tenían que dar un mensaje y lo dieron. Ahora van a parar. En el territorio hay algunos clanes más poderosos y más pensantes que otros, todos muy complicados por sucesiones que no son pacíficas. Y también hay mucho chiquitaje que hoy se mete dentro de una franquicia y mañana dentro de otra, que se pelea con el vecino también chico que está en la misma franquicia. El poder no reside en cada actor, porque los jefes están presos y con condenas, sino en la plasticidad para sostener el negocio.
–El gobierno de Unidos está a punto de reformar el Código Penal de la provincia. ¿Cómo analizás esa iniciativa y la discusión política alrededor de la seguridad en Santa Fe?
–Santa Fe acaba de adherir a la ley de desfederalización de drogas; provincia de Buenos Aires, la precursora, y un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad están diciendo con mucha información que no dio resultados. Tenemos un Gobierno que fue por ahí y una Legislatura que lo acompañó en su totalidad salvo dos o tres honrosas excepciones que se abstuvieron o votaron en contra. Los legisladores están extorsionados por la coyuntura y las representaciones en los medios. Hay muchas cosas para corregir del modelo acusatorio a la santafesina, pero la reforma que propone Pullaro es regresiva. Básicamente vamos a volver al sistema de los juzgados de instrucción sin juez, y peor: los fiscales podrán dejar presa a una persona durante un mes. La provincia de Santa Fe no tiene dónde meter a los presos, no hay más lugar en las cárceles.
«La singularidad rosarina es una administración de justicia con un modelo viejo empeorado por el nuevo que no esclarece homicidios y una policía que participa del delito.»
–La reiteración de la crisis demuestra que el despliegue de fuerzas federales no resuelve la situación, pero el Gobierno no parece tener otra alternativa. ¿Cómo se puede desarrollar la situación?
–El presidente, la ministra de Seguridad y el gobernador salieron a celebrar a fines de febrero una baja de los homicidios, como si eso indicara que la situación de base había sido modificada. Nada ha cambiado, esa es la realidad. La violencia ha escalado tanto la conflictividad que esta última vuelta tiene un final abierto. Lo que querían las organizaciones, lo consiguieron. En estos días no hubo balaceras entre esos grupos; es un dato, es probable que exista una tregua o que ocurra como en el fútbol cuando las barras suspenden sus peleas y se unen contra la policía, salvo que la policía trabaje para alguna hinchada. La interna policial es otro dato que no habría que descartar.
