En agosto de 2016 la comunidad afrodescendiente celebraba el lanzamiento de una guía para hacer frente a detenciones arbitrarias. Hoy aseguran que sirvió de poco y que los migrantes siguen siendo objeto de persecuciones y violencia.
7 de junio de 2017
Marzo de 2016. Marcha por el esclarecimiento del asesinato del senegalés Massar Ba. (Télam)
Hace poco más de un año el barrio porteño de Flores se veía conmocionado por el accionar de unos 500 efectivos de la Policía Metropolitana que desalojaban a los vendedores ambulantes de la avenida Avellaneda en medio de fuertes disturbios y corridas de personas de origen senegalés que eran detenidas por «resistencia a la autoridad». Tras el trabajo conjunto de organizaciones de afrodescendientes y la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, el programa de Acceso a la Justicia Atajo y la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), se presentaba también por esos días una Guía de Recursos para Afrodescendientes que incluía una credencial para ser presentada frente a la fuerza policial en donde claramente se expresaba que la persona tenía derecho a que se le explicaran en su idioma por qué delito o contravención se la investigaba, si un juez ordenaba el allanamiento o la detención y a qué lugar se la trasladaría. En esta credencial, además, se incluían los teléfonos del programa Atajo (6089-9000) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña (4338-3141).
Escrita en castellano, francés y wolof, que es la lengua hablada en Senegal y Gambia, explicaba que quien la portara tenía derecho a transitar libremente y a no ser privado de su libertad sin la orden de un juez o fiscal.
Hoy, desde la comunidad de afrodescendientes reconocen que poco sirvió esta iniciativa, ya que el contexto social y político favorece el «racismo institucional», lo cual ha agravado la situación de muchísimos migrantes.
Antecedentes
«Nuevamente se insta la persecución de los migrantes en general, y en particular de los vendedores ambulantes senegaleses, se vuelve a instalar un mecanismo que propicia el racismo institucional. Hubo persecuciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como el barrio de Once y Liniers, y también en Avellaneda. Además, hoy no solo los detienen y les hacen contravenciones, sino que les crean causas que generan antecedentes penales por cuestiones de marca, de la mercadería incautada y del contrabando y esas causas pueden servir como una excusa para la expulsión del país», sostiene en diálogo con Acción Carlos Álvarez Nazareno, representante de la Agrupación Xangó, organización referente de la defensa de los derechos de la comunidad afro en la Argentina.
Según indica el activista, hoy tampoco están dando la residencia ni asilo político a los migrantes senegaleses y a los que ya están acá no les renuevan la residencia permanente.
«Claramente estamos peor que el año pasado, cuando habíamos hecho la guía contra las detenciones arbitrarias que daba cuenta de los derechos de los migrantes en otro contexto. Hoy hay una política represiva, una nueva perspectiva de los derechos humanos con esta lógica incluso de resucitar la teoría de los dos demonios, hay una dinámica distinta y el colectivo senegalés está desprotegido», aseguró Álvarez Nazareno.
Por resolución 68/237, la Asamblea General de la ONU proclamó 2015-2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes e instó a fortalecer sus derechos, una meta que hoy se ve lejana.
Otro de los hechos que, según Álvarez Nazareno, revela el racismo institucional es el cierre de la causa que investigaba lo que para toda la comunidad senegalesa fue el asesinato del activista de ese origen, Massar Ba, ocurrida en marzo de 2016. Massar Ba fue encontrado agonizando en la calle con númerosos golpes y aunque llegó a llamar al 911, fue demasiado tarde.
«Estamos indignados, nos acabamos de enterar de que el juez de la causa cerró el caso en una muestra más de racismo institucional. Dijeron que Massar Ba estaba drogado y se tiró del balcón, increíble, nadie pudo ser querellante ni acceder a la causa. Vos podés empoderar a las personas en sus derechos pero si del otro lado encontrás una fuerza de seguridad que va avasallando todos los tipos de derechos y una política que tiene como objetivo erradicar a los migrantes senegaleses de la Argentina, no hay guía que valga», concluyó Álvarez Nazareno.
