13 de abril de 2024

Soledad Vallejos

Un juzgado argentino recibió denuncias de delitos cometidos en España durante el franquismo y reactiva causas que corren el riesgo de caer en el olvido.

Para cientos de víctimas del franquismo, la única esperanza de hallar justicia está en Argentina. Son personas que padecieron en carne propia crímenes cometidos desde el comienzo de la dictadura española, en 1939, y hasta el período que transcurrió entre la muerte de Francisco Franco y la recuperación democrática, entre 1975 y 1982. En otros casos, se trata de familiares de víctimas cuyos victimarios nunca fueron acusados formalmente ni enjuiciados, o de víctimas cuyos paraderos todavía se desconocen, y que todavía en 2024 reclaman que su país procure la reparación por hechos que conforman delitos de lesa humanidad. Como eso no sucede, cifran sus esperanzas al otro lado del Atlántico, en el despacho de la jueza María Servini, titular del Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal Nro 1. Hasta allí llegaron a mediados de marzo para reactivar la causa con nuevos testimonios de víctimas y familiares. Con ellos, también se acercaron expertos capaces de aportar «elemento de contexto» para acreditar que los hechos son de lesa humanidad, porque formaron parte de un plan sistemático contra población civil y opositores. 
«En base al principio de justicia universal, la Justicia argentina tiene la competencia para hacerlo, porque lo que se denuncia son crímenes de lesa humanidad. Al tratarse de crímenes que fueron cometidos contra toda la humanidad, si en su país de origen no se los juzga, se pueden juzgar en otro lado. Es el mismo principio que usó España para juzgar al represor Adolfo Scilingo, y también para dictar la detención de Augusto Pinochet. El problema en este caso es que España no juzga sus propios crímenes», explica la abogada argentina Julieta Brandirali, que integra el equipo de la querella local, junto con Eduardo Fachal, Gerardo Caviglia, Verónica Heredia y Luis Calcagno.
La investigación de la causa 4591/10 enumera desapariciones, asesinatos, torturas, robo de bebes, trabajo esclavo. El expediente se abrió el 14 de abril de 2010, aniversario del inicio de la II República española; ya suma más de 25.000 fojas y hace rato que superó los cien cuerpos. La querella, esta vez, buscó aportar nueva información para que sea posible «solicitar nuevas imputaciones contra los responsables de dichos crímenes y el reiterar el procesamiento del exministro franquista Martín Villa, que continúa imputado por doce homicidios agravados», y a quien hace dos años la Cámara de Casación ratificó una falta de mérito.
La Justicia española, explica la abogada Brandirali, se niega a colaborar con su par argentina; no responde las requisitorias, no arbitra medios para que las audiencias testimoniales puedan hacerse sin viajar de un país al otro, no hace fáciles las cosas a la querella, constituida por ciudadanas y ciudadanos de España. El obstáculo pesa: no pueden viajar todas las personas que reclaman justicia. Rosa María García Alcón, de la Asociación de Presxs y Represaliadxs por la Dictadura franquista La Comuna, fue clara: «Nos obligan a venir para testificar y aportar pruebas porque el Estado español no responde las requisitorias judiciales (argentinas). Las víctimas estamos cansadas». Muchas de esas víctimas ya no viven, otras eran muy jóvenes cuando ocurrieron los hechos y ahora ya no lo son tanto. El eurodiputado Miguel Urban viajó a Argentina por su propia representatividad oficial, pero también por un lazo familiar. «Mi padre es querellante, pero no puede venir por temas de salud a Buenos Aires. ¿Dónde da la testimonial?», dijo en una sala de la Asociación de Abogados y Abogadas porteña horas antes del 24 de marzo. «Sin acceso a la Justicia, no hay verdad: hay verdades, versiones», acotó, y explicó que en su país natal «se ha conseguido exhumar a Franco; ahora falta exhumar al franquismo del Estado español».
En su estadía porteña, el contingente no solo se presentó en sucesivas citaciones ante la jueza Servini: también se encontraron con diputadas y diputados nacionales de distintos bloques (del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Partido Socialista, Coalición Cívica ARI) para solicitarles manifestaciones de solidaridad y apoyo a la causa, brindaron ruedas de prensa, organizaron un conversatorio, recorrieron espacios de memoria porteños y mantuvieron reuniones con activistas de derechos humanos. Reclamar justicia es una tarea ardua que requiere la construcción de redes. 
La querellante García Alcón explicó que el Estado español no da respuestas a sus reclamos por tres factores: la Ley de Amnistía dictada en 1977, antes de la recuperación democrática, que ordenó la prescripción en casos de delitos políticos y «también para los perpetradores de violaciones a los derechos humanos»; el principio de legalidad según el cual el Estado español «no reconoce la legalidad internacional de derechos humanos»; y, por el mismo marco normativo, la noción de que se trata de delitos ya prescritos.
La memoria es frágil, y el paso de los años no garantiza la tranquilidad para reconstruirla y transmitirla. En el encuentro con diputadas y diputados, la querellante Lucila Aragó Carrión recordó que «incluso viendo los cuerpos (exhumados últimamente), todavía hay gente que niega los crímenes. Es una realidad que ha existido y que se pone en duda», por lo que, para ella, la española es «hoy una democracia con los pies en el fango». Días después, en un alto de una actividad, explicará que la de su país «fue una dictadura de 40 años, demasiados años. Tuvo tiempo de sobra para construir su relato, para imponerlo, después de un período de diez años iniciales en los que la represión fue devastadora».
Esa represión, añadió Aragó Carrión, buscó imponer silencio y terror. «Y por eso hay familias que relatan que sabiendo lo ocurrido no transmitieron la memoria de lo sufrido tratando de proteger a sus descendientes. Y esa es una realidad que se ha prolongado en nuestro país. Hay personas que recién en los últimos años, que se inició un momento de exhumaciones, está descubriendo cuál fue la realidad de la muerte de sus abuelos y sus abuelas. Lo desconocían. Porque las familias, con el ánimo de proteger a las nuevas generaciones, ocultaron. Hay una combinación de intento de protección combinada con miedo y terror y represión continuada, porque durante toda la dictadura la represión permanece», explicó. A eso, agregó, se suman los efectos de la Ley de Memoria Democrática, sancionada en 2022, y de la que es fuertemente crítica, porque «nos deja desamparados en el ámbito de la Justicia y de la reparación». «La impunidad es absoluta –asegura–. Hay muchas historias de pueblos en los que familias han estado conviviendo en la misma calle, en lugares donde todo el mundo se conoce, con la persona que asesinó al abuelo. Ese tipo de cosas produce problemas muy importantes en la sociedad».

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