18 de abril de 2024
Sobre el ajuste indiscriminado en organismos estatales, en especial en el área de derechos humanos, reflexiona esta abogada que se desempeñaba en el Ministerio de Justicia.
Erika Lederer es una de las miles de personas que se quedaron sin trabajo en el ámbito estatal, en medio de los despidos masivos implementados por el Gobierno. «Nos encuentran más fuertes que nunca, a pesar de todo el dolor que están provocando me nutre de alegría y fuerza la camaradería de mis compañeros», dice en diálogo con Acción a apenas una hora de haber sido notificada de que su «acceso» fue «denegado».
Esta mujer habla con vehemencia, es abogada especializada en mediación familiar, trabajó en el área de Niñez del Gobierno de la Ciudad, en la Villa 20, y hasta el viernes 5 de abril estuvo en el Ministerio de Justicia, donde se desempeñó durante 11 años en un programa de mediación en contextos de encierro que «apunta a bajar la conflictividad en el ámbito penitenciario, a arrimar derechos a los detenidos, en la relación entre el interno y el afuera», explica. «Me ocupo de revinculaciones familiares para que el detenido pueda tener visitas, lo cual reduce la conflictividad porque está más tranquilo en el pabellón y puede llegar a gozar de algún beneficio procesal, como una libertad asistida o una prisión domiciliaria. Con este nuevo Gobierno el Servicio Penitenciario Federal pasó a manos de Patricia Bullrich, entonces volvieron las prácticas represivas como el modelo Bukele. Ya no teníamos más automóvil para ir a los complejos penitenciarios federales».
–¿Hay una cifra total de despedidos en el Estado?
–No se sabe. Así como no tuvimos las listas de nuestros desaparecidos y no tuvimos acceso a los archivos de la dictadura, ahora no tenemos acceso a datos concretos. Lo están haciendo por goteo a pesar de ser masivos, 300 en Niñez, la semana pasada 1.200 en Anses y 450 en Justicia. Es un fraccionamiento, como intentan hacer con nuestra lucha.
–¿Quiénes?
–Los sindicatos burocráticos que atomizan la situación en despidos individuales. La respuesta tiene que ser una lucha colectiva, con unidad de acción. Y no lo están haciendo ni UPCN ni ATE. Hace falta un paro general activo, y ya. ¿Cuánto más vamos a esperar? Los gremios nos piden que tengamos paciencia, que ellos están negociando. La semana pasada en una asamblea dije que había que tomar medidas preventivas, poner carteles, sacar escritorios a la calle. Los compañeros de ANSES tomaron mi propuesta y pusieron dos carteles y sacaron dos escritorios. Otra medida que propuse era tomar el edificio, no movernos de nuestros puestos.
«Todo esto tiene un objetivo, ellos son negacionistas, vienen a desmontar la verdad que tanto nos costó construir.»
–¿Cuál es su mirada sobre los despidos en las áreas de Derechos Humanos?
–Están desmantelando los espacios de Memoria, la exESMA que apareció militarizada. En el Ministerio de Defensa hubo despidos en el sector de Archivos, que hace aportes a las causas por delitos de lesa humanidad. Todo esto tiene un objetivo, ellos son negacionistas, vienen a desmontar la verdad que tanto nos costó construir. El sector de violencia institucional también se desarma, la línea 137 de atención a las víctimas de violencia de género y sexual, el Inadi y los Centros de Acceso a la Justicia. Hacen un ataque integral al pueblo en su conjunto y a la clase trabajadora en particular, van por los derechos de los sectores que viven en las situaciones de vulnerabilidad más extremas. Y por otro lado van a seguir ocultando y negando el genocidio. Los despidos apuntan a fortalecer el negacionismo.
–No parece que sea casual.
–Para nada. Vinieron a hacer esto. Y si bien no hay un criterio generalizado por el cual vas a ser despedido, dentro de esa cantidad inclasificable hay un núcleo que sí somos los activistas de minorías trans, feministas, militantes por los derechos humanos. Es muy similar a lo que hizo la dictadura.
«Van a seguir ocultando y negando el genocidio. Los despidos apuntan a fortalecer el negacionismo.»
–¿Su despido tiene que ver con sus denuncias públicas contra funcionarios de este Gobierno?
–Creo que sí, en particular contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, contra la designación de Carlos Presti al frente del Ejército, que es hijo de un genocida y no se expidió en relación con los crímenes cometidos por su padre cuando tomó el mando. También denuncié a Mariano Cúneo Libarona, que fue defensor del único represor absuelto en el juicio Brigadas que acaba de terminar. Nos quieren amedrentar para que nos callemos la boca, pero lo único que va a pasar es que tomemos más fuerzas para seguir luchando. No nos encuentran de rodillas sino de pie, nunca más queremos desaparecidos, pero tampoco familias en la calle.
–¿Piensa que el proceso de juzgamiento del terrorismo de Estado se puede llegar a interrumpir?
–Ellos vienen por todo. De hecho, lo están consiguiendo, lo están obstaculizando al desmantelar todos estos sitios, entorpecen a la Justicia, hacen que todo sea más lento, que sea más difícil acceder a las pruebas. Creo que el Poder Judicial va a defender lo conseguido hasta ahora, quiero creer que cada sector va a asumir el rol que le corresponde para velar por el cumplimiento de las leyes: no es posible un indulto, las causas tienen que seguir abiertas. Como sucedió con la ley Ómnibus, la tiramos abajo y el Poder Legislativo puso el freno; pero hace falta una democracia participativa desde abajo donde nos involucremos, y con movilizaciones y lucha popular pongamos coto a los avances.
«Hace falta una democracia participativa desde abajo donde nos involucremos, y con movilizaciones y lucha popular pongamos coto a los avances.»
–¿Cómo se sale de esto?
–No hay que darle gobernabilidad a un Gobierno que solo busca un ajuste tremendo similar al de Alfredo Martínez de Hoz. Este plan de miseria planificada no cierra sin represión. Por eso nos quedan las calles, convocar a todos a un grito único que sea paro general, activo, ya. Tenemos que llenar las calles como cuando marchamos contra el 2×1 (N.d.R: cuando la Corte Suprema pretendió dar un beneficio de excarcelación masiva a represores). Tenemos que movilizarnos por cada batacazo que nos quieran dar en la merma de nuestros derechos, estar en pie de lucha, organizados y en unidad. El vocero Manuel Adorni dice que los estatales somos ñoquis, lo invito a que vea cómo trabajamos. En el Estado somos el sostén y el garante de los derechos de las minorías, de los ciudadanos.
–¿Llevarías a Adorni a la cárcel?
–Por supuesto. Se lo ofrecí a mi exdirector hoy, cuando me dijo que tenía el acceso denegado, para que vea lo que hacemos y las condiciones en las que están detenidas las personas. Voy a luchar por volver a mi puesto, en las mismas condiciones.
–¿Si todos los estatales estuvieran en blanco sería más difícil despedirlos?
–Sí. Es fácil sacarse de encima gente solamente esperando el final de su contrato. Estás despedido por el paso del tiempo. Las contrataciones precarias vienen desde gobiernos anteriores, que no hicieron los pases a planta permanente. El Gobierno anterior no nos dejó a resguardo.
