3 de mayo de 2024

Luciana Bertoia

Desde que asumió, el ministro de Defensa empatizó con los reclamos de la casta militar y desmanteló el área que aportaba documentos a los juicios de lesa humanidad. Disconformidad en la UCR.

La llegada al Ministerio de Defensa de Luis Petri significó una reivindicación de la familia militar: retirados ocuparon puestos clave de gestión, se planteó una relectura sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado y se tomaron medidas para entorpecer las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Algunas voces de la Unión Cívica Radical (UCR) –como Ricardo Alfonsín– hicieron escuchar su disconformidad con las ideas que pregona el ministro, que muestra un alineamiento total con Patricia Bullrich.
Petri le debe a Bullrich su llegada al edificio Libertador. Fue ella quien negoció su incorporación al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Ambos se quedaron con dos áreas que inicialmente estarían bajo la tutela de personas de confianza de Victoria Villarruel. La vicepresidenta es hija, sobrina y nieta de militares. Su llegada a la política fue precedida de una larga militancia en organizaciones que reivindicaban el rol de las Fuerzas durante la dictadura. 
Petri no tiene esa trayectoria, pero se rodeó de militares retirados. Los dos cargos que le siguen al suyo en importancia dentro del Ministerio de Defensa están en manos de hombres que supieron vestir uniformes. El jefe de Gabinete de Petri es Carlos Becker mientras que el secretario de Estrategia y Asuntos Militares (Seam) es Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército de Mauricio Macri. Pasqualini está casado con Laura Renés, hija de Athos Renés, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976 en la provincia del Chaco.
Mientras estuvo al frente del Ejército, Pasqualini impulsó una agenda de la «memoria completa», que implicó recordar los ataques de las organizaciones político-militares de izquierda a unidades militares. La consigna de «memoria completa» nació de las filas castrenses hacia finales de la década de 1990 en contraposición con el reclamo de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos.

Un rol valorado
La mano de Pasqualini estuvo detrás del despido de diez de los trece trabajadores que se dedicaban a analizar los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las investigaciones judiciales por crímenes contra la humanidad. Los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental se crearon en 2010, después de que Cristina Fernández de Kirchner desclasificó la documentación militar referida al período 1976-1983. Desde entonces, aportaron más de 170 informes a la Justicia. Su rol fue valorado por 36 fiscales que le hicieron llegar una nota al procurador interino Eduardo Casal resaltando que la decisión de Petri era en desmedro de su trabajo de investigar y lograr que se sancionen los delitos aberrantes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.
Casal –cuya labor fue encomiada por el presidente Javier Milei durante el fin de semana– envió la nota a Defensa con dos aclaraciones orientadas a no ser destinatario de la ira del Gobierno libertario. Por un lado, resaltó que la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad no había alertado de retrasos o perjuicios actuales para las causas de lesa humanidad. Por otro lado, que la remisión no debía ser entendida «como una injerencia en el ámbito de discrecionalidad propio de su competencia, en tanto responde a fin de acercar elementos de utilidad para que puedan ser evaluados en caso que se estime pertinente». 
El desmantelamiento de los ERyA se produjo días después de que se conociera que el Ministerio de Defensa había enviado a funcionarios a entrevistarse con detenidos por crímenes de lesa humanidad en la Unidad 34 de Campo de Mayo. La situación –que dejó muy satisfechos a los represores– fue inédita para el Ministerio de Defensa. Durante la era Cambiemos, había trascendido que el entonces ministro de Justicia Germán Garavano había enviado a un asesor para escuchar los reclamos de los detenidos. Ese caso era, incluso, más atendible porque las cárceles estaban bajo su órbita.
Petri, además, consintió homenajes a condenados por secuestros y desapariciones. El primer caso que se supo fue el de Horacio Losito en el Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, Misiones, donde reporta su hijo. Losito tiene tres condenas en su haber. Fue parte de la Compañía de Comandos 602 en la guerra de Malvinas, que conducía Aldo Rico y secundaba Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la actual vicepresidenta. Losito consiguió la libertad condicional en diciembre pasado, días después de que asumieran Milei y Villarruel.

Homenajes a condenados
Trascendió, además, que el Ejército modificó sus protocolos para rendir honores fúnebres a quienes mueran sin tener condena firme, es decir, con recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema. Al cumplirse 42 años del desembarco en Malvinas, el Ministerio de Defensa difundió un video en el que se recordaba a los «héroes» caídos en la guerra. El video comenzaba con el capitán Pedro Eduardo Giachino, el primer muerto en Malvinas. En 2011, el Concejo Deliberante de Mar del Plata decidió retirar su imagen después de que se conoció que había actuado en los centros clandestinos de la dictadura. Días atrás, la cartera de Petri despidió con honores a Jorge Vizoso Posse, quien para la Unión de Promociones (UP) era un «preso político». Vizoso Posse fue investigado por crímenes de lesa humanidad en Tucumán, donde obtuvo una falta de mérito.
En un acto en el Círculo Militar, Petri dijo que las Fuerzas Armadas fueron «demonizadas» por su accionar durante los años 70. Fue en una actividad para promover la beatificación del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 después de que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) asaltara la fábrica Militar de Villa María. En 1975, apareció el cuerpo del militar –con signos de haber muerto por asfixia– en un camino de las afueras de Rosario.
Petri anunció que se sumarán a la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Arturo Larrabure, hijo del coronel e integrante del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que preside Villarruel, y Silvia Ibarzábal, hija del coronel Jorge Roberto Ibarzábal, secuestrado en el copamiento de la guarnición de Azul y muerto diez meses después. La mujer es la vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita). Su llegada representará la incorporación de activistas por la «memoria completa» y de personas que impugnan los juicios por delitos de lesa humanidad.
«Memoria completa, dijo el presidente», repitió como un mantra Petri en una entrevista en la señal La Nación Más la semana pasada. «Tiene que haber memoria completa», reclamó el ministro que en la víspera del 24 de marzo se fotografió junto con Cecilia Pando y con mujeres –esposas o hijas– de condenados por crímenes contra la humanidad. Hasta ahora, su impronta en Defensa está marcada por su empatía con uno de los reclamos más vetustos de la familia militar: el de imponer una nueva visión de los años 70, cuando las Fuerzas Armadas se dedicaron a secuestrar, torturar, robar bebés, desaparecer y arrojar a gente adormecida a las aguas del Río de La Plata o del Mar Argentino.

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