Más de 25.000 personas están internadas en hospitales psiquiátricos. A siete años de la sanción de la ley que consagró los derechos de los pacientes y estableció un plazo concreto para terminar con el paradigma del encierro, la desmanicomialización sigue siendo una asignatura pendiente.
26 de julio de 2017
Perdemos nuestros nombres. Somos solo nuestros apellidos. No podemos depilarnos, ni disponer de nuestros desodorantes o de cualquier producto que nos recuerde femeninas. No disponemos de nuestros cigarrillos, de nuestros perfumes, de nuestras hebillas, de nuestros anillos, de nuestros maquillajes. No podemos pintarnos las uñas sin autorización, no podemos no usar corpiño, no podemos bañarnos fuera del horario asignado. Tampoco podemos dormir cuando queramos porque el grupo médico nos designa un momento para eso». Lorena Morena tenía 40 años, dos hijos y un trabajo que había perdido hacía unas semanas. Al parecer, nada fuera de lo común. Pero algo no andaba bien, por momentos la tristeza se hacía demasiado insoportable. Un día uno de sus chicos notó que cada vez eran más las pastillas de clonazepam que consumía su madre. Fue así como el hermano de Lorena la llevó a una guardia y la terminaron internando en una institución privada. Depresión profunda y trastorno de la personalidad no especificado, le diagnosticaron. Lorena permaneció encerrada dos meses. Dos meses que para cualquiera puede resultar poco tiempo, pero que allí dentro se tradujeron en miles de segundos esperando por pasar. Para ella, escribir se transformó en una salida.
Hoy, Lorena tiene dos hijos, un trabajo y una cita obligada con el psiquiatra todas las semanas. Además está por sacar un libro. Allí volcó su experiencia, lo que vivió en esos miles de segundos que por un momento amenazaron con no pasar nunca. «Tu vida es contar las horas para que suceda algo. Alertas como hileras de zombies esperando tomar la medicación de las 8, las 12, las 16, las 20… Todo lo que uno fantasea con un loquero es cierto. Hay personas chocando por los pasillos, hay gente hablando sola, hay gente llorando en los rincones, gente triste, gente que grita y gente que no», escribe Lorena.
Y sus palabras retratan la vida de muchísimas personas, alrededor de 25.000 en nuestro país si se toma el último relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2007. Según ese informe, un 80% de las personas internadas en una institución de salud mental permanecen allí, en promedio, más de un año, y muchas lo están de por vida. ¿El motivo? Simplemente porque no cuentan con una familia o un lugar donde poder vivir. Frente a este escenario, la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), sancionada el 23 de noviembre de 2010, sirvió para promover un debate que desde hacía tiempo venía motorizándose con experiencias clínicas y comunitarias, y planteó una meta concreta. Para 2020 en la Argentina no debía haber más manicomios. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri puso en jaque la premisa, con medidas que no solo obstaculizan la ley, sino que también amenazan la situación de la salud mental en nuestro país.
Marcha atrás
Redactada en colaboración con diversas organizaciones sociales, universidades y especialistas, la Ley 26.657 abrió un escenario con un enorme potencial que no solo se limitaba al cierre de los hospitales psiquiátricos. Principalmente, lo que planteó fue reemplazar la vieja lógica tutelar, movida por el interés primordial de preservar el orden social, por un enfoque que concebía a la salud como un derecho. Esto supone algunos criterios fundamentales, como entender que la internación solo debe ser una excepción en un proceso que tiene que priorizar la integración y que el campo de la salud mental es un campo multidisciplinario, atravesado por variables históricas, culturales y biológicas. Desde esta perspectiva, la ley enumeró una lista acabada de los derechos para las personas con algún tipo de padecimiento mental, como el de estar acompañados durante el tratamiento por algún familiar y el de recibir asesoramiento legal desde el primer momento. También se reconoció el derecho de los pacientes a no ser discriminados, a poder trabajar y a tomar decisiones sobre su atención y tratamiento.
Sin embargo, desde su sanción, esta transformación se encontró con numerosos obstáculos. De hecho, tuvieron que pasar tres años hasta su reglamentación. Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), advierte que hasta el momento no se promovió la creación de ningún dispositivo alternativo ni se contemplaron recursos públicos para ese fin, como así tampoco puede notarse en el plan elaborado en 2013 desde el Ministerio de Salud –por cierto, el único hasta el momento–, un redireccionamiento hacia un enfoque comunitario.
Entre los principales obstáculos que encontró este proceso de transformación, todos coinciden en señalar que se encuentra la corporación médica. Las críticas provenientes de este sector suelen apuntar contra la posibilidad y necesidad de intervención –que introduce la ley– de otras especialidades en el proceso de recuperación de los pacientes. En este contexto, a finales de julio de 2016, el sector, nucleado en la Asociación de Médicos Municipales (AMM), mantuvo un encuentro con las nuevas autoridades para hacerles llegar su temor por «el efecto nocivo que ocasiona la intromisión del Órgano de revisión y de los abogados, que acosan día a día al equipo de salud en los neuropsiquiátricos», refiriéndose al ente autónomo creado para controlar el funcionamiento y la adecuación de las instituciones a las nuevas regulaciones. Según trascendió, dicho instrumento quedaría bajo órbita del Ministerio, perdiendo su independencia, algo que a muchos no les llama la atención si se toma en cuenta el vínculo que tejió el Director Nacional de Salud Mental y Adicciones nombrado por el macrismo, Andrew Blake, con las organizaciones de médicos porteños cuando se desempeñó como Coordinador de Redes en la Ciudad de Buenos Aires.
Señales de cambio
«La sociedad civil está realizando un enorme esfuerzo para poder defender los logros alcanzados durante los últimos años, pero el futuro de la ley es incierto. La designación de un director de Salud Mental que contradice abiertamente la ley o las propuestas de modificación ligadas con el Órgano de Revisión son un ejemplo», advierte Roxana Amendolaro, excoordinadora del Equipo de Salud Mental del CELS y una de las responsables de Vidas arrasadas, prácticamente el único estudio estadístico realizado durante los últimos 20 años para retratar este universo.
Entre otras señales, también se puede mencionar la Resolución 1.003, que derogó el plazo dispuesto por la gestión anterior para que las clínicas adaptaran su estructura bajo una serie de normas y requisitos pensados en función de un modelo desmanicomializador. Como parte de los argumentos, se planteó que dicha disposición podía «redundar en una situación de discriminación en perjuicio de las empresas de salud con menos recursos financieros». Desde el sector, advierten además que el Ministerio de Salud está elaborando un proyecto para reformar la reglamentación de la ley a través de una comisión creada por representantes del sector médico y de las instituciones de salud mental. A su vez, en el Congreso están circulando varios proyectos que buscan derogar el artículo 4 que define a las adicciones como parte del campo, retirándolas de esta forma del terreno de la penalización y haciendo foco en los derechos de las personas que padecen esta problemática, una mirada que por cierto no va en sintonía con el discurso del actual gobierno que, tal como el presidente remarcó en la apertura de las sesiones legislativas, incluye al «combate contra el narcotráfico» entre sus tres principales objetivos.
Del cierre a la experimentación
«Un tema muy importante es el plan de refuncionalización de los hospitales psiquiátricos, ya puesto en marcha, interconectándolos y ampliando el enfoque de los pacientes hacia Ia óptica más integradora e innovadora de las neurociencias». La afirmación puede leerse en el presupuesto aprobado por la Legislatura porteña para este año. El proyecto enviado por el oficialismo también habla de una reestructuración integral de los hospitales Borda, Moyano, Alvear y Tobar García. Sin embargo, no se da ningún otro tipo de especificación. Hay quienes, en este sentido, advierten que se puede tratar de una maniobra para avanzar, con estos pretextos, sobre los terrenos, codiciados por el gobierno porteño. Otros temen que la intención sea allanarle el camino a los laboratorios para realizar investigaciones.
«Históricamente los cuatro hospitales se han llevado el 85% del presupuesto en la Ciudad. Esto hay que remarcarlo, no es algo nuevo», evalúa Ángel Barraco, asesor de la Legislatura y uno de los colaboradores en la redacción de la LNSM. No obstante, en su opinión, con la llegada del macrismo, el escenario empeoró: «Cuando en 2000 se aprobó la Ley 448, de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, teníamos como premisa partir de lo existente para llevar a cabo lo que no se había hecho. Pero desde el 2008 lo que venimos haciendo prácticamente es intentar que no destruyan lo que ya estaba hecho».
En efecto, si se toma en cuenta la gestión que tuvo el macrismo en la Ciudad, el panorama está lejos de ser alentador. Es más, según el trabajo del CELS, el tiempo de internación en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más largos y va desde los tres meses hasta los 66 años. Al respecto, Amendolaro es concluyente: «Es difícil tener un buen pronóstico de un gobierno que contradice abiertamente los logros del movimiento de derechos humanos y que implementa políticas públicas que van en detrimento del acceso a sus derechos fundamentales de las mayorías. Recordemos lo que expresamente plantea la Ley Nacional: no hay manera de garantizar el derecho a la salud mental si no se garantiza el conjunto de los derechos humanos fundamentales».
