8 de mayo de 2024
Carencias. La reducción del presupuesto afecta la atención en los centros públicos.
Foto: Patricio Murphy
La reforma constitucional argentina de 1994 estableció expresamente que la salud es un derecho. En los artículos 33, 41, 42 y 75, la Constitución Nacional garantiza la plena vigencia del derecho a la salud. Su protección es una obligación del Estado, consecuencia del mandato constitucional y diversos tratados internacionales suscriptos por nuestro país. Por lo tanto, parte de los impuestos recaudados deben aplicarse a cubrir las necesidades sanitarias, especialmente en un momento como el actual, en el que el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza.
Esta concepción se opone a la ideología liberal que considera a la salud como un problema de particulares. Es decir, el individuo y no el Estado es el responsable de cubrir sus necesidades en salud. Lo cual, considerando el costo actual en el área, es imposible para muchos ciudadanos.
En nuestro país el gasto público en salud representa el 10% del PIB (producto interno bruto), y se reparte aproximadamente en tercios semejantes, con ligeras variaciones en los últimos años. Un tercio es gasto público nacional y provincial, otro tercio es mixto, es decir aportes de los trabajadores y del Estado a través de las obras sociales provinciales y un tercio es privado, incluyendo las obras sociales de los trabajadores y la medicina prepaga. («Gasto en salud para la Argentina. Análisis 2017-2021». Noviembre 2023, Ministerio de Salud de la Nación). Exceptuando los años de la pandemia de covid-19, la tendencia es al aumento del gasto privado en salud, en detrimento de las otras dos erogaciones.
Esta cantidad de dinero, por razones múltiples que incluyen ineptitudes y déficit de gestiones anteriores, no ha podido generar un acceso equitativo de la población a la salud. Nuestro sistema de salud es deficiente, desigual e inequitativo. Pese a lo cual pudo responder bastante bien en la pandemia de covid-19. Cuando, por ejemplo, a diferencia de otros países, hubo camas de internación para los pacientes que lo necesitaron.
Pero, aun teniendo en cuenta estas deficiencias, a nadie se le ocurriría recortar de manera dramática el presupuesto público en salud. Que es lo que ha sucedido.
El ministro de Salud Mario Russo ha anunciado un ahorro de 140.000 millones de pesos del presupuesto en salud. Es muy probable que hayan existido deficiencias en algunas partidas del Ministerio de Salud del Gobierno anterior y se deban efectuar las correcciones necesarias; pero semejantes recortes, con la inflación actual, dejan reducido el Ministerio a una baja expresión y dotación presupuestaria. Y todo esto en medio de una epidemia de dengue que ha provocado más de 380.000 contagios y 280 pacientes fallecidos en este año 2024.
En ese contexto se produce una desfinanciación de los programas del Ministerio de Salud como la provisión de medicamentos oncológicos (parálisis de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, DASDE), el recorte del plan prevención de embarazo no intencional (ENIA), o la reducción del plan FESCAS, que cubría parte del déficit de los salarios de los trabajadores de clínicas y servicios privados.
Desmoronamiento
Lo más grave no es solo el desfinanciamiento en salud. En una reciente entrevista en Infobae el ministro Russo dijo que cambia el rol del Ministerio de Salud, que deja de lado su acción como promotor de servicios de salud y ordenador del sistema sanitario. «Diseñamos un Ministerio con una función rectora, no con una función de prestador de servicios», aseguró el funcionario.
Todas estas acciones han tenido repercusiones internacionales. Así, la revista British Medical Journal ha publicado un reciente artículo titulado «La atención sanitaria de Argentina se está desmoronando bajo la peor epidemia de dengue de su historia y la presidencia de Milei» (BMJ 2024; 385: q896. Published 23 Apr 2024).
La atención de la población se centró últimamente en los aumentos que le fueron permitidos a las entidades de medicina prepaga luego del DNU 70/23 y en los controles que tuvieron que imponer luego a esos aumentos desmedidos por las fuertes críticas que suscitaron. Pero nada se corrigió de los aumentos salvajes del 170% de los medicamentos (57% más que la inflación desde noviembre 2023), ni se habla de la desaparición de las funciones de control y denuncias por parte de la población de la Superintendencia de Servicios de Salud, ni del desfinanciamiento de los hospitales públicos.
Así como tampoco se dice nada de los ingresos de los profesionales de la salud, que no han tenido ni aumentos significativos de salarios ni aumento en el cobro de sus prestaciones; lo que ha llevado al cierre de establecimientos, guardias y consultorios por falta de personal de salud. Y también a una disminución de la calidad de las prestaciones médicas.
La salud de la población, como la educación, la seguridad y la justicia son derechos constitucionales que no pueden ser soslayados en el debate económico y social. El Gobierno, los partidos políticos, los sectores sociales y la población entera deben velar para que la salud siga siendo un derecho.
