2 de junio de 2024
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y director del Departamento Jurídico de ATE, el especialista detalla los efectos de la Ley Bases en el mundo del trabajo.
Entre las reformas que trae el proyecto de ley Bases enviada al Congreso por el Gobierno nacional, que todavía espera su aprobación en el Senado, encienden todas las alarmas las que involucran al ámbito laboral. Consultado sobre el tema, el abogado laboralista de ATE, Matías Cremonte, lo resume de la siguiente manera: «Se planteó la reforma como una modernización, pero lo que hace en realidad es volver al siglo XIX, cuando no había derechos laborales».
Cremonte también es asesor del gremio de Aceiteros, participó de las audiencias por la Ley Ómnibus y ahora Ley Bases, y es líder de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Consultado sobre el proyecto, asegura que esta reforma es de tipo regresivo y que «nunca en ningún lugar del mundo algo así sirvió para mejorar los indicadores económicos ni las condiciones de empleo». Menciona, entre otras características criticables, la desaparición del despido por discriminación: «Cuando despiden hoy a un trabajador que realiza un reclamo, se lo considera discriminatorio y, si el trabajador hace un juicio, debe ser reinstalado. También está la discriminación por cuestiones de raza, religión, orientación sexual o nacionalidad. Esta reforma anula eso y en todo caso propone indemnizar con una suma mayor. O sea, se monetiza la discriminación».
Sin embargo, Cremonte confía en que la ley será declarada inconstitucional porque varios artículos vulneran el artículo 14 Bis. «Lo que va a generar esto es una mayor litigiosidad, al revés de lo que se espera», vaticina.
«La Ley Bases elimina todas las sanciones para los empleadores que no registren la relación laboral.»
–De las modificaciones que trae la nueva Ley Bases, ¿cuáles son las más graves en la parte laboral?
–Lo primero que debemos decir es que el debate que plantea es falaz. Porque comienza diciendo que a través de esa legislación se van a mejorar los indicadores sociales, crecer el empleo registrado, mejorar las condiciones de trabajo, el salario real y que caerá la precarización laboral; pero si lo analizamos, es imposible. En concreto, elimina todas las sanciones para los empleadores que no registren la relación laboral. El trabajo en negro efectivamente es un problema muy grave, que lleva décadas y está casi en el 40%. Hoy, mal o bien, la política para enfrentarlo es a través de inspecciones del Ministerio de Trabajo y de la AFIP, pero también con una serie de sanciones cuando hay una denuncia. Lo que hace la Ley Bases es eliminar esa sanción. Por lo tanto, si ese delito no tiene ninguna pena, ¿por qué van a dejar de cometerlo? O, por ejemplo, para promover un empleo menos precario, la Ley de Bases plantea aumentar de tres a seis meses el período de prueba, con posibilidad de ampliarlo a doce. Lo que eso va a generar es una rotación. Las personas van a estar trabajando un año, en malas condiciones, cobrando el sueldo mínimo, y al año no van a ser confirmadas. Y muchas veces esas personas renuncian a ciertos derechos mientras que están en el período de prueba por la promesa de ser efectivizado. Por eso es que va a generar un aumento de la flexibilización laboral y no al revés.
–Pero las personas que están a prueba, ¿no tienen los mismos derechos que alguien que está en blanco? ¿Eso lo cambia la ley?
–No, me refiero a que, con la promesa de ser efectivizado, probablemente ese trabajador acepte trabajar más tiempo, no se sindicalice, o acepte hacer tareas sin las condiciones de seguridad necesarias. La gran mayoría de accidentes de trabajo ocurren por personal muchas veces subcontratado. Con la reforma se establece que en ningún caso va a ser empleado o empleada de la empresa en la que trabaja sino siempre de la subcontratista. Lo cual va a originar una desigualdad dentro del lugar de trabajo. Hay trabajadores que van a estar con plenos derechos dependiendo de la empresa principal y otros que dependerán de los contratistas.
–¿A qué sectores afecta más? Por ejemplo, del sindicato de músicos se están quejando porque elimina la posibilidad de la relación de dependencia.
–Sí, están afectados, pero por un factor que es tal vez el más grave, que es la creación de la figura del trabajador autónomo o independiente. Con el cambio, por ejemplo, a un músico que hace un show en un restaurante y que se entiende que es parte del servicio del lugar, le van a hacer facturar y no se considera eso una relación laboral. Se lo pasa al derecho civil. Es pasar a la antigüedad, cuando no había derecho del trabajo y se presumía que había un contrato entre iguales. Esto, además, permite que el subcontratado, a su vez, pueda subcontratar a cinco personas más, con lo cual ya tenés a seis personas trabajando para alguien y no van a ser consideradas en relación de dependencia. Y esto lo podés hacer en varias ocasiones y en varias tareas, con lo cual vas a tener empresas que no van a tener ningún tipo de empleado. Es cierto que algo así ya existe, pero porque el sistema funciona mal. Con la reforma esto pasa a ser legal.
«Es mentira que una legislación que no establezca sanciones para los empleadores redunde en un crecimiento del empleo registrado.»
–¿Qué sucede con las condiciones laborales de los países que se ponen como modelo a seguir, como Chile o Paraguay?
–Si un país tiene mayor actividad económica, mayor producto bruto, un mayor desarrollo industrial, no depende de la legislación laboral. Ni tampoco el crecimiento del empleo registrado o el desempleo. En nuestro país, con la ley actual, tuvimos un 25% de desempleo a finales de la década del 90 y 4% o 5% en algún momento, o ahora mismo será del 6% o 7% y seguramente estará aumentando. En Perú, el empleo no registrado es del 70%, en Paraguay del 65% y en Chile del 50%. Es mentira que una legislación que no establezca sanciones para los empleadores redunde en un crecimiento del empleo registrado.
–¿Qué hay de cierto sobre la «industria del juicio» que tanto se menciona en los medios?
–El mercado de trabajo argentino tiene una ilegalidad muy grande: casi el 40%, alrededor de 6 millones de personas. Eso significa que, potencialmente, todos esos podrían iniciar un juicio laboral, por no estar registrados, pero también porque te pagan un salario inferior al del convenio, no te pagan horas extras, no te dan vacaciones, por no indemnizar, por accidentes y no tener ART. Sin embargo, la litigiosidad real no llega al 1% del total. Por lo tanto, a pesar de que hay una industria del incumplimiento, no hay una industria del juicio similar. Es más, la mayoría de los juicios tienen que ver con accidentes de trabajo contra una ART. Además, hoy con la realidad socioeconómica que tenemos, si preguntamos a algún pequeño comerciante cual es el principal problema que tiene, va a parecer el alto costo del alquiler, al aumento de las tarifas, la no política crediticia para que se capitalice, el costo de la mercadería, la inflación y la caída de la actividad económica. En el último lugar aparece el problema del costo laboral. Porque, además, está derivado del nivel salarial y hoy los salarios son los más bajos de la historia de la argentina.
–¿Por qué no se genera trabajo en blanco y qué debería pasar para que suceda?
–Hay una ausencia y un déficit muy evidente desde hace décadas del rol del Estado, del Ministerio de Trabajo. No hay un cuerpo de inspectores, ni a nivel nacional ni provincial, porque en muchos casos se les ha delegado a las provincias esa tarea. No hay una política, en general lo que hay es una idea de que el empleo no registrado es parte de una idiosincrasia, de una economía que funciona mayormente con un nivel muy importante en negro y entonces el empleo es una arista más de esa gran ilegalidad de la economía. Para eso hace falta el Estado. En algunos casos por desidia, por delegación y en otros por políticas concretas como el despido de cientos de inspectores durante el Gobierno de Macri o ahora mismo. Pero también hay una responsabilidad de los sindicatos. Porque, ¿qué sindicato no sabe dónde hay una empresa que no registra a los trabajadores?
–¿Cómo ve el papel del sindicalismo en relación con esta reforma que se viene?
–En términos generales se dice que hay cierta pasividad. Es injusto caracterizarlo así. Es cierto que en función de la tragedia social que estamos viviendo debiera haber un mayor activismo; pero digo que es injusto porque que en tres meses haya habido dos huelgas generales de las tres centrales sindicales es inédito y habla de una respuesta. Sin embargo la reacción debería ser más contundente, con un plan de lucha. Sobre todo, por lo que ocurre con los sindicatos, que cada uno está perdiendo su batalla por la defensa de sus salarios. No digo que sea sencillo, rápidamente han caído los indicadores de la actividad económica con una menor producción, venta y consumo. Hay cierres de empresas y despidos. El desempleo siempre genera un efecto disciplinador, atemoriza. Por eso las huelgas no tienen el efecto que deben tener, esa también es una estrategia del capital.
«El mercado de trabajo tiene un 40% de ilegalidad. Sin embargo, la litigiosidad no llega al 1%. Hay una industria del incumplimiento, pero no hay una industria del juicio similar.»
País para pocos
Más allá de los detalles puntuales que analiza sobre la reforma laboral anunciada, Cremonte también reflexiona sobre qué hay detrás de estas modificaciones que parecieran ser la frutilla del postre de un modelo de país que solo cerraría para unos pocos: «Argentina tiene una particularidad, comparado con América Latina, pero también otros países del mundo desarrollado, que es, con todas sus luces y sombras, un alto nivel de sindicalización. Y uno de los aspectos más importantes de esa fuerza son los convenios colectivos por actividad. Es decir, no importa para qué empresa o fábrica trabajes, todos tienen el mismo convenio y presencia de delegados en cada lugar. Ese es el objetivo del capital a nivel mundial: destruir la convención colectiva por actividad e ir al arreglo por empresa, que no exista la menor representación sindical posible. Y, por supuesto, luego reducir los salarios, aumentar la jornada de trabajo para aumentar la rentabilidad. Porque si no hay una inversión en tecnología la única forma de aumentar la productividad es o reducir los salarios reales o aumentar la jornada de trabajo. Esa es la forma en América Latina. La reforma laboral tiene como objetivo doblegar la resistencia de los trabajadores y aumentar el sometimiento».
