16 de junio de 2024
El operativo realizado en torno al Congreso y las acusaciones a los manifestantes de terrorismo e intento de golpe de Estado revelan una preocupante escalada de violencia por parte del Gobierno.
Cercado. El Congreso Nacional casi militarizado para la sesión del Senado que aprobó en general el proyecto de Ley Bases.
Foto: Getty Images
Quienes advertían que un proyecto neoliberal extremo solo podría ponerse en marcha mediante la violencia, el pasado miércoles habrán podido presentar la prueba más palpable de que sus temores no eran infundados. Mientras adentro del Congreso los senadores debatían la Ley Bases, afuera las fuerzas comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargaban de repartir palos, balas de goma y gases y de provocar a miles de manifestantes pacíficos. Los más duchos en estas refriegas saben que el enorme despliegue y hasta el recurso de infiltrados –como muestran algunos videos– tienen el deliberado objetivo de que las imágenes que repitan los medios sean las de desmanes, llamas y piedras al voleo y no de las consecuencias para la sociedad de lo que se terminó por aprobar. Ni del «panquequeo» escandaloso de más de uno. Pero la caracterización que hizo el Gobierno sobre los hechos también expresa su necesidad de amedrentar a la población para que no exprese su opinión en las calles, haciendo ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución Nacional, sobre todo porque en unos días la ley volverá a Diputados y desde la Casa Rosada bajan las presiones para revertir lo que la Cámara Alta terminó por aprobar en esa maratónica jornada. Que no es bueno, pero no es lo que el dogma libertario pretendía.
Es que cuando todavía no se habían disipado los gases, la Oficina del Presidente publicó en su cuenta de la red X un texto en el que «felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina».
La ministra Bullrich fue la más fervorosa en una caracterización a todas luces falaz, pero se entiende su intención: al acusar a los 33 detenidos de causas por terrorismo e intento de golpe de Estado, el caso pasa a la justicia federal y los cargos pueden llevar a condenas de varios años de cárcel. Siempre listo para este tipo de deberes, el fiscal Carlos Stornelli imputó y pidió prisión preventiva para todos ellos a la jueza interviniente, María Romilda Servini. Al cierre de esta nota, 17 apresados habían quedado en libertad. Como recuerda la periodista Irina Hauser en el diario Página/12, una semana antes se había publicado en el Boletín Oficial el decreto 496 que flexibiliza la inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo.
La estrategia de Bullrich fue clara desde el primer momento. Hubo una sobresaturación de las fuerzas de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura en los alrededores del Congreso. Esta vez no hubo diferencias con el Gobierno de la Ciudad, como en la marcha por la educación pública, y se dejó todo el operativo a Nación. Una gran cantidad de manifestantes se fueron dando cita, algunos con banderas partidarias y de sindicatos, y una enorme cantidad por las suyas. En un momento fue evidente que cuando la movilización iba creciendo en número se les abrió el paso en las avenidas Callao y Entre Ríos para que fueran llegando hacia la plaza, pero detrás iban cerrando un cerco para embolsarlos y comenzar la represión.
En la volteada cayeron diputados de Unión por la Patria como Carlos Castagneto, Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau, Luis Basterra y Juan Manuel Pedrini, que cuando estaban dialogando con los uniformados para intentar calmar las aguas les arrojaron gas pimienta a los ojos. Los dos primeros debieron ser atendidos en centros de salud por lesiones oculares. En su cuenta de X, el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, aseguró que presentarán una denuncia penal.
Entre los detenidos figuran músicos, vendedores de choripán y empanadas, algún que otro manifestante que circulaba tranquilamente de vuelta a casa o ni siquiera había ido a protestar. En un momento una joven fue advertida por un grupo de paramédicos de que le convenía agruparse con otras personas para no ser «cazada». Hubo varios centenares de heridos, algunos por balas de goma. Así funcionó el operativo.
Bullrich no solo aplaudió el accionar represivo –«actuaron con profesionalidad, con prudencia, pero sin dudar cuando hay que ir, atacar y no dejar que te tomen el Congreso»–, sino que despotricó contra los legisladores, asegurando que «se metieron en el medio como si fueran una autoridad de decirle a la fuerzas de seguridad qué tenían que hacer, chapeando con su documentos de legisladores como si eso les diera inmunidad». Lo cual es falso y ella lo sabe porque también fue diputada, durante tres períodos.
Bullrich también fue protagonista como titular de Seguridad en aquella gran manifestación de diciembre de 2017 cuando se debatía la reforma previsional. Esa vez había muy oportunos volquetes con piedras que un pequeño grupo entre la multitud arrojó contra el Congreso. La ministra dijo, y quedó como marca en el orillo, que eran 14 toneladas de piedras. No casualmente es lo que carga un volquete de los comunes. Como los que había cerca del edificio donde vivía la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en agosto de 2022 y que la perspicacia de los manifestantes percibió como un «anzuelo» para responder a las provocaciones de la Policía de la Ciudad.
Este miércoles, las fuerzas federales se dedicaban a espolear a los ciudadanos que se movilizaron pacíficamente, sin hallar respuestas igualmente violentas en la mayoría. Pero se olfateaba que merodeaban tiburones ávidos de sangre. Una columna de Camioneros, con Pablo Moyano el frente, decidió volver para no terminar envuelta en una cacería como la que se terminó registrando en los alrededores del Congreso.
El hecho saliente –teñido de sospecha por la inacción de policías y bomberos que estaban cerca– fue el incendio de un vehículo de exteriores de la Cadena 3 dado vuelta por un grupo de jóvenes. Se vio a muchos muchachos encapuchados y alguno de ellos incluso fue recibido con cierta algarabía del otro lado de las vallas por uniformados.
Todo en medio de una tormenta de gases y garrotes, al tiempo que adentro del recinto se debatía el futuro de los argentinos y se negociaban arreglos propios de la «rosca» entre integrantes de la «casta» que tanto dice abominar el presidente.
No es casualidad que cuando gobiernan las derechas aparecen este tipo de enfrentamientos, que han sido muy usuales en Chile y Francia en los últimos años y que por acá solo se ven con esas gestiones retrógradas desde la recuperación de la democracia.
Tan es así que al expresidente uruguayo José Pepe Mujica –quien estuvo detenido por su participación en la guerrilla de Tupamaros entre 1973 y 1985– la represión de la que se alegró Bullrich, que por esos años militaba en la Juventud Peronista y Montoneros, estos hechos le trajeron a la memoria, lastimosamente, aquellos años de plomo.
