13 de julio de 2024

Ante los crecientes rumores de cambios en la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, en las últimas horas la legisladora porteña Alejandrina Barry le solicitó al  juez federal Sebastián Casanello que ordene resguardar la documentación en poder de la exSIDE y del resto de las agencias estatales. Los padres de Barry fueron asesinados por una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que llegó a Uruguay en 1977 y ella considera que los organismos de inteligencia guardan información sobre el hecho.
El primer pedido para acceder a los registros fue realizado hace 12 años, cuando la documentación estaba en poder de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI). En ese momento, el juez federal Sergio Torres –a cargo de la megacausa ESMA– impulsó la solicitud y la información llegó. Al tiempo, Torres decidió que el caso de los Barry debía investigarse como parte del Plan Cóndor -la coordinación represiva entre las dictaduras de la región- y se lo remitió al juzgado de Casanello, detalló Página12.
Si bien el pedido fue reiterado, solicitando acceso a la información pública, la documentación remitida era diferente a la que habían enviado al juzgado, al igual que los archivos remitidos desde Uruguay.
“Esto demuestra que, a pesar de las constancias de que la comunidad informativa actuaba coordinadamente, la información que nos dieron fue filtrada. Nunca se entrega en forma completa lo que tienen en sus archivos”, dice el escrito que presentó Alejandrina junto con sus abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), ante la posibilidad de una reforma en la AFI y pérdida de información, temor fundado además en el hecho de que en el Ministerio de Defensa, Luis Petri desarmó los equipos que se ocupaban de analizar la documentación de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad.