19 de julio de 2024

Luciana Bertoia

Milei decidió disolver la AFI mediante un DNU y reflotar la tenebrosa Secretaría de Inteligencia de Estado. El pasado de espionaje del organismo y sus vínculos con la dictadura.

El 18 de julio de 1994, una bomba estalló en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Ese mismo día, cuando los escombros recién empezaban a removerse, el juez Juan José Galeano pidió la cooperación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para investigar el atentado. La colaboración implicó, entre otras cosas, el sembrado de pistas falsas, el uso de fondos reservados para pagar declaraciones que desviaran la investigación y el uso de la causa de acuerdo con los intereses geopolíticos del momento.

Horas antes de que se cumplan 30 años del ataque a la AMIA, el Gobierno de Javier Milei decidió el regreso de la SIDE, directo desde los sótanos de la política y de la Justicia de la Argentina.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024, Milei disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se había creado en 2015 tras la crisis de los servicios que significó la salida de Antonio «Jaime» Stiuso de la Secretaría de Inteligencia (SI) y la muerte de Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la investigación de la AMIA.

Siguiendo con la práctica que inauguró el 20 de diciembre, Milei hizo una gran reforma por DNU, sin pasar por el Congreso. La Ley de Inteligencia Nacional (25.520) es una de las tres normas de la democracia, junto con la de Defensa Nacional (23.554) y la de Seguridad Interior (24.059). A través de estas legislaciones, el poder político buscó evitar que se repitieran los crímenes del pasado. La Ley de Inteligencia se trató en el convulsionado 2001 y se reformó en 2015. Siempre después de un amplio debate parlamentario.

Operaciones
En un gesto provocador pergeñado por el asesor presidencial Santiago Caputo, el Gobierno resolvió la vuelta de la SIDE, como se llamó el organismo durante el siglo XX. La SIDE no solo evoca el desvío de la investigación del atentado de la AMIA, sino los tres centros clandestinos que regenteó durante la dictadura –Automotores Orletti y las bases Bacacay y Pomar–, así como la coordinación del Plan Cóndor. Es también sinónimo de las empresas fachada, las operaciones políticas, los viajes pagados a jueces y fiscales, así como la interceptación de comunicaciones.

«No solo le cambian el nombre, sino que también pretenden incorporar a antiguos agentes de los sótanos de la democracia. El problema no es solo político, es también ético. El clima de este tiempo lleva a creer que existe una suerte de reivindicación de ese oscuro pasado», advierte Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

A partir de la reforma vía DNU, la SIDE tendrá una nueva estructura. Estará dividida en cuatro órganos desconcentrados –cuyos nombres evocan los de algunos organismos de los Estados Unidos–. Estará el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), encargado de cuestiones exteriores y estratégicas; la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), dedicada a asuntos domésticos; la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), supuestamente enfocada en evitar hackeos; y la División Asuntos Internos (DAI), que deberá velar por evitar prácticas abusivas o ilegales dentro de la institución.

Militares y policías
Sergio Darío Neiffert estará al frente de la SIDE. Es un hombre de confianza de Caputo, que proviene del riñón de Jesús Cariglino, exintendente de Malvinas Argentinas. Todo indica que Neiffert pavimentará el regreso de viejos agentes o de militares o policías retirados. El SIA estará en manos de Alejandro Colombo, un exagente de la SIDE menemista con vínculos con el macrismo y el radicalismo. La ASN será conducida por el comisario general retirado Alejandro Cecati, un hombre que estuvo cerca de Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

La incorporación más resonante posiblemente sea la del periodista Juan Bautista «Tata» Yofre para dirigir la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). El palacete de la calle Libertad es donde se forman los nuevos agentes. Yofre fue jefe de la SIDE durante el menemismo. Su gestión estuvo marcada por el regreso de los militares que habían salido del organismo con la llegada de la democracia. Yofre, entonces, llevó a Carlos Alberto Martínez para conducir la ENI. Martínez supo ser la mano derecha de Jorge Rafael Videla durante los años más cruentos de la represión, cuando él conducía la Jefatura II del Ejército. De 1978-1983, Martínez manejó la SIDE. Con la reapertura de los procesos a principios de este siglo, Martínez fue uno de los ideólogos de promover causas contra los militantes de los 70 para intentar forzar una amnistía general.

La reforma de Milei tiene varios puntos que remiten al pasado. En primer lugar, la falta de control parlamentario: ya no será necesario que el Senado le preste acuerdo a quien maneje el organismo. Era un requisito que fue introducido en la reforma de 2015, que quedará en desuso.

En Tribunales
Otra reminiscencia de las épocas lúgubres es que la SIDE tendrá una ventana para volver a actuar en los tribunales. El Gobierno habilitó una excepción para que los espías puedan ser convocados por jueces o fiscales si así lo requieren. Esto rompe con la lógica que implantó el Gobierno de Alberto Fernández, que había prohibido que la AFI actuara como auxiliar de la Justicia.

El Ejecutivo, además, promueve la creación de una fiscalía especializada en inteligencia. El pedido sorprendió al procurador interino Eduardo Casal. Para el diputado Leopoldo Moreau –quien hasta 2023 ejerció como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI)–, la fiscalía puede ser otra vía para que los servicios «blanqueen» su actuación en los tribunales.

En una semana, Milei selló su alianza con el pasado. Después del desfile por el Día de la Independencia en el que terminó abordo de un tanque de guerra con la vicepresidenta Victoria Villarruel –abanderada de la familia militar–, avaló el retorno de la SIDE, emblema de la política enchastrada con el espionaje y las operaciones.

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