27 de julio de 2024

Ha comenzado una etapa del Gobierno libertario de Javier Milei que evidencia la clara intención de socavar los cimientos del Estado desde adentro, como un «topo», según lo señalo el propio presidente.

El embate contra el Estado nacional que representa la asunción del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ideólogo del Gobierno en ese sentido, nos retrotrae –en tono dramático– a las experiencias privatizadoras del periodo menemista, en el que Sturzenegger prestó significativos servicios junto a su alter ego, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Sturzenegger plantea, a través de su proyecto de «Ley hojarasca», una primera estocada con la eliminación de centenares de leyes a las que llama «obsoletas», algunas cuya aplicación fue positiva aunque ahora sean desconocidas para el conjunto de la población, y muchas otras que se diseñaron con el objeto de una reparación social o cultural. Su eliminación apunta al objetivo declarado de «liberar el sistema económico».

Resulta incomprensible cómo podría resolver la liberalización económica o la desburocratización el hecho de suprimir instituciones como la asociación colombófila, de muy antigua data en nuestro país, o el registro de mochileros, entre otras, tomando los ejemplos que el ministro brindó al pretender justificar su megaproyecto.

Despejar la hojarasca
Lo cierto es que ya avanzó con la segunda parte del mega DNU 70/2024 estableciendo la desregulación de la actividad aerocomercial, llamada amablemente de «cielos abiertos», pero que en realidad encierra un verdadero desguace de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, con la sensible pérdida de rutas esenciales para la integración de nuestro país y la perspectiva de miles de empleos idóneos que se perderían como consecuencia.

Es que todo constituye un gran laboratorio para objetivos cada vez más explícitos: pulverizar el valor el salario (en ese sentido obsérvese la absurda propuesta del sector empresarial en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, muy por debajo de la inflación acumulada, cuando la perdida del SMVM en su poder de compra ya es del 43% desde 2015) y continuar generando una brutal ola de despidos, públicos y privados, que llevarían muy pronto la tasa de desempleo a dos dígitos.

El proyecto de «Ley Hojarasca» aparece en escena entonces, eliminando leyes protectivas o de fomento, siempre bajo el disfraz de un «necesario» proceso antiburocrático para generar una nueva distracción en el debate político, mientras que a través del DNU, Sturzenegger avanza en «reducir al Estado al mínimo».

Esta verdadera cruzada ideológica también nos remite al papel principal de Jose Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos en el periodo menemista, cuando el proceso desregulador y privatizador con eje en el achicamiento del Estado determinó la imposibilidad de este de organizar, regular y reproducir la vida social y económica de los argentinos. Hoy, como en los 90, el proceso de reforma del Estado apunta a acomodarlo para que sirva suplementariamente a las nuevas modalidades del capitalismo global.

Tanto Sturzenegger como Dromi fueron artífices del modelo de los 90. Hoy, el ministro modernizador es el escriba del proceso liquidador como lo fue su mentor en el primer gran ensayo liberador, desregulador y aperturista de la última década del siglo pasado.

Resultará de gran valor defensivo de nuestro Estado-Nación que el megaproyecto denominado «Ley Hojarasca» no sea aprobado en el Congreso Nacional, condición básica para que pierda sustento la cosmética que elabora el ministro Sturzenegger, mediante la cual se pretende avanzar en la destrucción de los resortes fundamentales de nuestro Estado. Su objetivo primordial es aquel que Dromi deslizó por descuido en su recordado mensaje de desregulación: «Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado».

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