26 de agosto de 2024
Olivera Ravasi impulsa iniciativas de impunidad y fue uno de los organizadores de la visita de diputados libertarios a genocidas encarcelados. Reacción del Episcopado y el rol de Francisco.
En pantalla. Desde su sitio «Que no te la cuenten», el sacerdote desarrolla campañas vinculadas con la ultraderecha católica.
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La aparición en primer plano del cura ultraderechista Javier Olivera Ravasi como uno de los operadores de la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas presos en el penal de Ezeiza y el hecho de que el sacerdote se reconozca como principal impulsor de una iniciativa de ley que pretende la liberación de los represores detenidos y hasta su indulto, volvió a poner sobre el tapete –en otro contexto, en diferentes circunstancias y con otros protagonistas– la cuestión de la actuación de la institucionalidad eclesiástica católica frente al tema de los derechos humanos y a quienes han sido responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983).
El mencionado sacerdote, que también es abogado, es hijo de Jorge Andrés Olivera, un exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad, incluido el secuestro, violación y desaparición de la modelo francesa Marie Anne Erize.
Si bien la incardinación (se entiende por ello la vinculación permanente de un eclesiástico en una diócesis o jurisdicción determinada) del cura es en la diócesis de San Rafael (Mendoza), desde setiembre de 2019 obtuvo un permiso de residencia por cuatro meses en la diócesis de Zárate-Campana y, sin funciones específicas en esa jurisdicción eclesiástica, desarrolló actividades desde la capilla de un barrio privado del partido de Zárate. Fundó la llamada «orden de San Elías» (definida como «una sociedad de vida apostólica que tiene por fin … el apostolado de la contra-revolución cultural»). Desde las redes sociales digitales y mediante el sitio «Que No te la Cuenten» (QNTLC) desarrolla campañas identificadas con la ultraderecha católica y se opone, entre otras cuestiones, a los cambios que viene introduciendo en la Iglesia Católica el papa Francisco.
De regreso a Mendoza
Respecto del «camino sinodal», la propuesta que Jorge Bergoglio impulsa para reformar y lograr mayor participación en toda la Iglesia Católica, Olivera Ravasi opina que hay «mucha gente que está complotando desde dentro contra la Iglesia, que yo los llamo “ocupas eclesiales”: son gente que está ocupando el lugar físico, pero que no tiene la fe de la Iglesia y por lo tanto, bueno, son el enemigo que está diseminando cizaña en el trigo». Agrega que «ya ha crecido demasiado el trigo en la cizaña y es muy fácil distinguirlos y no vemos una respuesta fuerte (…) o simplemente una declaración». Por eso –sostiene– «toca actuar en consecuencia, como se actúa en otros casos fuertemente».
Cárcel de Ezeiza. Diputados y diputadas libertarias reunidos con responsables de crímenes de lesa humanidad.
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Una vez que tomaron estado público las operaciones de Olivera Ravasi a favor de los genocidas detenidos, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron audiencia a las autoridades de la Conferencia Episcopal (CEA) para exigir sanciones contra el cura. Pedían directamente la expulsión de la Iglesia. La aceptación de la reunión no se hizo esperar y los obispos Oscar Ojea y Marcelo Colombo (presidente y vicepresidente primero del episcopado) recibieron a los representantes de los organismos el martes 13 de agosto en la sede de la CEA en Buenos Aires. Antes el vocero eclesiástico Máximo Jurcinovic había dejado en claro que «lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la CEA» y agregó que «se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote».
Pocas horas después de la reunión se hizo público que el obispo de Zárate-Campana, José María Laxague, revocó el permiso de residencia que Olivera Ravasi tenía en esa diócesis y que, en consecuencia, el sacerdote debe volver a San Rafael y ponerse a disposición del obispo local, Carlos María Domínguez, para que le asigne un nuevo destino y tarea.
Revisión histórica
Al margen de cuáles puedan ser las próximas acciones del cura sancionado y lo que ello pueda generar tanto en el escenario de la política argentina como en la propia Iglesia Católica, lo sucedido sirve para analizar la posición actual del episcopado que antes, con otra conformación, fue aliado y defensor de los métodos de la dictadura militar encabezada por Jorge Videla. La revisión histórica hecha por la propia Iglesia al poner a disposición la documentación que fue publicada en 2023 bajo el título de «La verdad los hará libres» dejó al descubierto esas complicidades en figuras principales como el arzobispo Adolfo Tortolo (1911-1998) y los cardenales Raúl Primatesta (1919-2006) y Antonio Quarracino (1923-1998). Los tres fueron presidentes de la CEA, rechazaron en varias ocasiones pedidos expresos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para que intercedieran por los desaparecidos y el último de los nombrados promovió una «ley del olvido» para los militares en 1983.
Audiencia privada. El papa recibió en el Vaticano a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga y nieta de la Madre de Plaza de Mayo desaparecida Esther Ballestrino.
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Hoy el posicionamiento de los obispos, en su gran mayoría, es distinto y también crítico al de sus predecesores. El reconocimiento de las faltas en las que se incurrió está explícito, con la firma de las actuales autoridades de la Conferencia Episcopal, en el prefacio del primer tomo de la obra mencionada. Allí se dice, entre otras cosas, que «la búsqueda de la verdad nos mueve a la necesidad de pedir perdón» y se admite que «somos conscientes de que, en muchas decisiones, acciones y omisiones, la CEA no estuvo a la altura de las circunstancias». Subrayando que «queremos conocer la verdad histórica y pedir perdón a Dios, a la comunidad argentina y a las víctimas de la violencia».
Ojea y Colombo reaccionaron ahora de manera inmediata al pedido de encuentro con los organismos defensores de los derechos humanos y, dentro de sus atribuciones, actuaron en consecuencia. Francisco –fiel a su estilo– había generado antes gestos de indudable impacto político. Primero visitó personalmente en Italia a la religiosa Geneviève Jeanningros, sobrina de Léoni Duquet, monja secuestrada y asesinada en 1977 en Argentina tras ser señalada por Alfredo Astiz en la parroquia de la Santa Cruz en Buenos Aires. Luego recibió en audiencia privada en el Vaticano a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga y nieta de la Madre de Plaza de Mayo desaparecida Esther Ballestrino de Careaga. Fernández afirmó que Bergoglio «nos dijo que teníamos que mantener las banderas, no solo las ideas sino también el testimonio» y consideró que «cobra mucha relevancia que sea él quien traiga este tema y que nos envíe al pueblo argentino ese mensaje».
Un análisis más exhaustivo dejará sin duda en evidencia que dentro del episcopado católico subsisten diferencias y hasta posiciones encontradas respecto del tema. Pero no menos cierto es que en este caso la posición institucional no solo ha sido terminante, sino que también cuenta con el respaldo del papa.
