9 de septiembre de 2024
Las provincias oscilan entre adherir o no al RIGI, la gran apuesta del Gobierno en la búsqueda de inversiones. El rechazo de sectores ambientalistas y las voces de la ciencia.
Adentro. Hasta ahora, las provincias que se sumaron al régimen son Río Negro, Jujuy, Mendoza, Chubut y San Juan.
Foto: Campaña Plurinacional No al RIGI
Luego de la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), a través del Decreto 794/24 publicado en el Boletín Oficial, la disputa en torno a la aceptación o no del proyecto presentado por el Gobierno nacional –punta de lanza en la búsqueda de inversiones– pasa a forjarse en cada territorio provincial, que debe aprobar si adhiere o no al polémico plan. La gestión de La Libertad Avanza (LLA) se aferra a la implementación del RIGI como salvavidas de una economía en picada, con los indicadores en rojo en un contexto social de creciente malestar social debido a la feroz política de ajuste que el Gobierno viene implementando desde que asumió funciones. Mientras, las provincias juegan su juego acorde a la posibilidad de atraer capitales foráneos que inviertan en el desarrollo de actividades económicas. Una vez que estén adheridas, las empresas cuentan con un plazo de dos años para incorporarse a los beneficios.
En esta instancia, se está dando una pelea cuerpo a cuerpo en cada territorio, a partir del rechazo férreo al RIGI de vastos sectores comprendidos en asambleas ambientalistas, coordinadoras multisectoriales, organismos de derechos humanos, activistas y referentes de la ciencia y la cultura. Desde estos espacios, señalan que la implementación del régimen de inversiones, proyecto netamente exportador y garante de beneficios para actividades mayormente extractivistas, sería una vuelta al colonialismo. La lista de impactos que traerá inevitablemente como correlato la puesta en marcha del RIGI advierte sobre una mayor contaminación de agua, suelo y aire –un punto aparte lo merecería la afectación del agua, utilizada en enormes cantidades para la explotación minera–, la destrucción de ecosistemas y la afectación absoluta de los bienes y los territorios.
Los recursos como enclave
Hasta ahora, las provincias de Río Negro, Jujuy y Mendoza (esta última junto a Chubut y San Juan adhirieron a una aprobación exprés) ya suscribieron al RIGI. El régimen, por otra parte, se ha presentado en Chaco, Catamarca, Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Salta, CABA y Santa Cruz. Mientras en los territorios proclives a la posibilidad de expandir las actividades extractivistas los Gobiernos aceleran los procesos de aprobación del régimen, en Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y La Pampa los oficialismos muestran la intención de no adherir.
«El RIGI –señala Damián Verzeñassi, médico especialista en medicina integral y director del Instituto de Salud Socio Ambiental (INSSA)– es un sistema de eliminación de impuestos para empresas que vengan fundamentalmente del extranjero para sectores productivos, que en verdad representan todos los extractivismos. Son los extractivismos mineros, hidrocarburíferos, extractivismos del litio y de la agroindustria. La agroindustria necesita del RIGI para poder seguir avanzando sobre los territorios con cada vez menos posibilidades de que las comunidades se resistan –aclara Verzeñassi– porque, por ejemplo, el régimen define en su artículo N° 161 que todos los insumos que se requieran para el desarrollo de algunas de las inversiones que se inscriban dentro del proyecto van a ser prioritarios para esas inversiones y que no hay ninguna legislación comunal, provincial ni nacional que pueda impedir que esa gran inversión pueda hacer uso del insumo, aunque lo necesite más la población humana; y todas las grandes inversiones vienen de áreas que son aguadependientes, el agua deja de ser un derecho de las comunidades pasando a ser una propiedad de las corporaciones y de las grandes inversiones», explica el médico.
Profesora titular de Ambiente, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica de la Undav y exresponsable de Ambiente del Centro de Investigación sobre Contaminantes Orgánicos (INTI), Silvia Oliviero Ghietto sostiene que la discusión sobre el RIGI no puede darse sin definir un análisis macroeconómico. Según Oliviero, el calentamiento global deriva del proceso de producción industrial que desencadenó en el sistema capitalista, cuyo objetivo prioritario es la acumulación de beneficios y ganancias. En este marco, las propuestas de inversión netamente extractivistas fundadas en el RIGI vienen a contramano de las medidas que deberían tomar los Gobiernos no solo para combatir el colapso ambiental sino como resguardo de la profundización de las desigualdades sociales y la ampliación de la brecha entre un puñado enriquecido y vastas mayorías sumidas en la pobreza.
«La crisis climática es la madre de las crisis, la madre de las guerras, la madre de las tensiones que se suscitan en el mundo porque hay que transitar a otro modelo económico, resistido por el capital fósil. Quienes sufren las consecuencias en mayor medida son los países como los nuestros con una mayor vulnerabilidad social, asociada a la pobreza, a la insuficiencia de la infraestructura, lo que agudiza el impacto del calentamiento global. Cuando hablamos de crisis climática estamos hablando de eso, no de tormentas, inundaciones, sino del origen para poder ver cuáles son las alternativas y ver dónde estamos parados –apunta Oliviero–. Tenemos ese desafío, el de transitar hacia una economía descarbonizada y entender qué políticas públicas tenemos para adaptarnos al cambio climático, que lo van a padecer las poblaciones más vulnerables con el aumento del dengue, la falta de infraestructura para atender lo que serán los nuevos escenarios. El RIGI profundizará la entrega de los recursos, pero es mucho más complejo que eso –dice la docente– . Vamos a escenarios climáticos donde no vamos a poder plantar una papa, ¿de qué vamos a vivir?, pero fundamentalmente, ¿qué va a comer la gente? ¿Qué voy a producir si en ese escenario voy a tener una sequía? ¿O será una zona inundable? ¿Qué hago con toda la torta del Atlántico?», señala.
Vulneración de derechos
Desde la Campaña Plurinacional NO al RIGI, plataforma urgente que nuclea a organizaciones sociales, comunidades indígenas, medios alternativos y referentes, señalan que el régimen de incentivos a las grandes inversiones representa una vulneración de derechos humanos, constitucionales y de distintos acuerdos suscriptos por nuestro país en las últimas décadas. Asimismo, contrariamente al discurso oficialista que postula que la llegada de inversiones foráneas traerá más y mejores condiciones laborales, el colectivo alerta sobre la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales. También señala que «no hay separación posible entre la promoción de un determinado modelo de matriz económica primario-extractivo exportador como lo hace el RINI/RIGI», en referencia a la propuesta del gobernador de Entre Ríos, provincia históricamente atravesada por el saqueo de sus recursos naturales. «La campaña contra el RIGI viene a fortalecer algo que se estaba gestando en diciembre pasado, y es una herramienta que tomamos como medio, nunca como fin en sí mismo. Estamos en estado de alerta, de comunicación entre quienes defendemos desde cada provincia respecto de lo que va pasando en todo el país, realizando acciones concretas y la entrega de los petitorios o cartas de rechazo en municipios y legislaturas provinciales», indica Delfina Del Sel, referente de la plataforma e integrante de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.
En este marco, y en un contexto de avanzada de la represión de la protesta social, las organizaciones ambientalistas y los grupos defensores de los derechos humanos se preparan para coordinar su presencia en los territorios entendiendo que, no solo el RIGI sino la lógica del modelo extractivista y depredador, carece de licencia social.
