Aunque la ley sancionada en 2007 desaceleró los desmontes, la deforestación aún afecta a amplias zonas protegidas de todo el país. Las causas y los números de un fenómeno que perdura y afecta sobre todo a comunidades indígenas y campesinas
7 de noviembre de 2017
Las topadoras siguen dejando su huella en el norte argentino. Las organizaciones ambientalistas denuncian que los desmontes continúan y reclaman que se cumpla con los lineamientos de la Ley de Bosques y más aún: que se monitoree el destino de sus fondos y se castigue a quienes desmontan de forma ilegal.
Según datos oficiales, desde la sanción de esta norma, en 2007, hasta fines de 2016, se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750.000 eran bosques protegidos. Los grupos ambientalistas reconocen que la ley desaceleró los desmontes: si entre 2002 y 2006 nuestro país perdió un promedio de entre 300.000 y 250.000 hectáreas por año, hoy la deforestación disminuyó a unas 150.000 hectáreas por año. No obstante, Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre, aclara que esto «igual es mucho». «Puede estar asociado a la implementación de la ley, que ha sido muy baja, pero también al cambio de la realidad de los commodities, cuyos precios ya no son tan altos», agrega.
En Argentina, el desmonte estuvo ligado históricamente al avance de la frontera agropecuaria que, a la vez, fue empujada por el boom de la soja y los bajos precios de la tierra. «Hoy se abre una nueva amenaza: las retenciones bajaron, el dólar está libre y eso le permite al inversor tener mayor maniobra; entonces, el flujo de deforestación puede cambiar y eso hay que controlarlo», explica Jaramillo.
El principal instrumento para monitorear y prevenir la deforestación es la Ley de Bosques, que establece el otorgamiento de recursos a un fondo de conservación no menor al 0,3% del total del presupuesto nacional. En 2017 se destinaron 597.300.000 pesos, igual al 8% de lo que corresponde legalmente. Desde el Ministerio de Ambiente, argumentan que el sistema de gestión «tenía un montón de falencias administrativas» y que una proporción elevada de los fondos transferidos a las provincias, del año 2009 en adelante, no habían sido rendidos. En este sentido, añadieron que destinar más recursos a un sistema con falencias no solucionaba el problema.
Para Ana Di Pangracio, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, «hay una tendencia a la baja en los fondos que se le asignan a la ley, y sin suficientes recursos, no se pueden hacer actividades para atender la realidad de los bosques». Para Jaramillo, «sin los fondos, las provincias no pueden financiar a los propietarios que tienen restricciones para deforestar. Y si soy propietario y la ley no me permite convertir mi bosque y tampoco me da el dinero, políticamente hago mucha presión y es ahí donde muchas veces la provincia hace la vista gorda; el propietario desmonta y si lo agarran, paga una multa que es menor al ingreso por producir soja o por la venta de madera».
Un proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado por Greenpeace junto con organizaciones campesinas e indígenas, espera su tratamiento en el Congreso. «Estamos pidiendo una ley penal que sancione a los responsables de destruir los bosques nativos con penas de dos a diez años de prisión», expresó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En nuestro país, están identificadas más de 90 especies de bosques nativos. Hay algarrobos, lapachos, inciensos, cedros, guatambúes y peteribís, entre otros. Preservar estos espacios y la biodiversidad que allí se desarrolla también es proteger un espacio del que dependen fundamentalmente comunidades indígenas y campesinas.
