11 de septiembre de 2024

Daniel Vilá

El reclamo por una retribución digna para los adultos mayores fue recurrente durante el último medio siglo. Un derecho que entra en contradicción con las políticas de ajuste.

La represión que en las dos últimas semanas se desató sobre los jubilados y pensionados a raíz de las movilizaciones contra el veto de la nueva ley de movilidad aprobada por ambas Cámaras del Congreso expresa no solo la crueldad manifiesta de las políticas oficiales, sino, además, la persistente pelea de un sector siempre menospreciado y discriminado que, desde hace décadas y con diversas modalidades, ha ganado la calle para luchar por sus derechos avasallados. 

Fue durante el primer Gobierno peronista que las jubilaciones se generalizaron como un derecho de todos los trabajadores. En 1958, cuando Arturo Frondizi era presidente, se estableció el 82% móvil, que no tuvo real vigencia porque ya en los primeros años de la década del 60 el Estado utilizaba lo que ingresaba a las cajas para financiar a la administración pública, a cambio de diversos papeles que después quedaban desvalorizados por la inflación.

A poco de asumir, Frondizi dictó un decreto secreto que le permitía declarar la Conmoción Interna del Estado (Conintes) que restringía los derechos y garantías constitucionales y autorizaba la militarización de la sociedad y la declaración del estado de sitio. Miles de jubilados participaron de movilizaciones –que estaban expresamente prohibidas al igual que las huelgas– junto a los trabajadores de los gremios a los que habían pertenecido. Decenas de ellos fueron encarcelados tras los allanamientos que se realizaron en distintos puntos del país, pero aún no existían organizaciones autónomas que los representaran.

Los 90
A comienzos de los 90, la hiperinflación y después la convertibilidad generaron las condiciones para que comenzaran a agruparse de manera independiente. La instauración de las AFJP (administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones) fue el punto más alto de la ofensiva gubernamental contra los adultos mayores, ya que permitió que la gran mayoría de los descuentos a los trabajadores y a los patrones ingresaran a esas empresas privadas y que las asignaciones alcanzaran inéditos niveles de miseria.  Además, el presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, decidieron efectuar una reducción sustancial de los aportes patronales del 33% al 16%, monto que nunca sería restituido. Dos dirigentes de fuste encabezaron la resistencia: Norma Pla, referente de los denominados «jubilados de Plaza Lavalle» y Carlos Imizcoz de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, que tenía una mayor organicidad.

Norma Pla inició su actividad en 1991 impulsada por la indignación. Carecía de formación política, pero le sobraba valentía. Comenzó convocando a choriceadas en la plaza Lavalle y logró congregar numerosos adeptos. Había sido empleada doméstica y subsistía con una pensión de 150 pesos por el fallecimiento de su marido. Sus métodos, cuestionados por los dueños del poder, estaban encuadrados en lo que podría denominarse «acción directa» –escraches a políticos arrojándoles huevos y hortalizas– que le facilitaron el acceso a la televisión donde se enfrentó a personajes como Gerardo Sofovich, que intentó ridiculizarla sin éxito. Usaba una peluca debido a la quimioterapia que se le aplicaba por un cáncer que padecía. Más de una vez, el aditamento quedaba en manos de algún policía. Todos los miércoles su movimiento cortaba la avenida Rivadavia, frente al Congreso, lo que la constituyó en una pionera en el corte de calles como modo de protesta. Durante más de 100 días durmió en la plaza, fue varias veces encarcelada, se le iniciaron más de 20 procesos judiciales y amenazó a Cavallo con instalar una carpa en la puerta de su casa.

Por su parte, Carlos Imizcoz, que había nacido en Génova (Italia), arribó a la Argentina en 1938, se forjó como delegado del Banco de Italia y el Río de la Plata y tuvo activo protagonismo en la huelga bancaria de 1958 que militarizó a los trabajadores de las entidades financieras y ocasionó 5.000 despidos. Se estima que encabezó unas 500 marchas y no abandonó el activismo hasta que una enfermedad se lo impidió, tres meses antes de su muerte.

El recorte del 13%
Durante el Gobierno de Fernando de la Rúa se intentó imponer por decreto otra reforma previsional –a la que se oponían sus socios del Frepaso porque contradecía la plataforma electoral de la Alianza– que respondía, como lo reconoció el propio jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para acceder al blindaje financiero. Jubilados y pensionados sufrieron un recorte del 13% en sus haberes y las movilizaciones para oponerse a esta medida lograron convocar a miles de personas.

En 2008, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la crisis mundial colocó a numerosas AFJP al borde de la quiebra. Se produjo así la reestatización del sistema que obligó al Estado a hacerse cargo de millones de personas a los que las patronales no les habían hecho los aportes correspondientes. Las organizaciones de jubilados festejaron esta decisión, pero no abandonaron sus reclamos por el incremento de sus haberes.

Con la victoria de Mauricio Macri en las elecciones de 2015 parecía inevitable una nueva embestida contra los derechos de los adultos mayores. Algo que sucedió con la ley aprobada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2017 que –entre otras cosas– elevaba la edad jubilatoria de 65 a 67 años para los hombres. Durante todo el mes se produjeron masivas y multitudinarias manifestaciones a las puertas del Congreso que varias veces hicieron retroceder a la policía y en las que, según las insólitas y exageradas declaraciones del oficialismo, «se arrojaron 14 toneladas de piedras».

En la más importante de esas concentraciones se sumaron centenares de miles de manifestantes pertenecientes a las centrales sindicales, los movimientos sociales y las agrupaciones estudiantiles y por la noche se inició un cacerolazo que convocó a los vecinos de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense. La aprobación de la norma formó parte del pacto fiscal que Macri firmó con los gobernadores provinciales, a cambio de lo cual estos consiguieron los fondos que reclamaban al Gobierno central.

Las movilizaciones se extendieron en el Gobierno de Alberto Fernández y comenzaron a multiplicarse durante la gestión de Javier Milei. En los próximos días, con la presencia en la calle de sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles podrá verificarse la adhesión popular a las indiscutibles reivindicaciones de quienes solo piden que se reconozca su derecho a una vida digna de ser vivida.

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