10 de septiembre de 2013
Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en agosto pasado, el tema de la deuda externa volvió al centro del debate. En este marco, es una buena oportunidad recordar la historia de la deuda de las últimas décadas.
Desde la dictadura cívico-militar, con el aliento del establishment financiero local e internacional, Argentina se endeudó sin límites para financiar principalmente maniobras especulativas que dejaron un tendal de deuda que derivó en la imposibilidad de seguir afrontando los pagos a fines de 2001, en plena salida de la convertibilidad. Era un país quebrado, con un 25% de desocupación y protestas diarias de ciudadanos indigentes reclamando comida. El default duró hasta 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner renegoció la deuda, con una importante quita, y una aceptación del 76% de los acreedores, que con el canje de 2010 realizado por Cristina Fernández, se amplió al 93%. Entre los que no aceptaron ingresar estuvieron los fondos buitre, así llamados internacionalmente porque su negocio consiste en la rapiña financiera, esto es, comprar bonos y deuda de países en default, a precio muy bajo, para luego reclamar la totalidad del pago a través de vías judiciales, embargos, lobbies y presiones de toda índole. Ante esto, no dejan de llamar la atención los dichos de algún economista argentino, quien los caracterizó como personas de honor que sólo desean ahorrar, una actitud cipaya que, además, falta a la verdad. Los mismos fondos buitre sonrieron en febrero de 2012, cuando un juez ultraconservador de Nueva York dijo que Argentina les debía pagar, incluso sin quita alguna. En octubre, la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de primera instancia y la semana pasada desestimó la apelación de Argentina, aunque será la Corte Suprema de los Estados Unidos la que deberá fijar posición.
Pero más allá de lo jurídico, no hay que perder de vista las implicancias de un desenlace adverso para nuestro país, ya que si la Argentina paga a los fondos buitre los 1.330 millones de dólares en efectivo que reclaman, todos los que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 estarían en condiciones de reclamar lo mismo. Esto implicaría volver atrás con las anteriores renegociaciones, incrementar significativamente la deuda y convertirla nuevamente en impagable. Es lo que muchos desean, que tengamos que endeudarnos para pagar y que para prestarnos, vuelvan a condicionarnos, que haya que volver a aplicar las viejas políticas de ajuste, cambiando así el modelo productivo actual por otro de valorización financiera. En los hechos, que políticas como las aplicadas por el menemismo y por la Alianza vuelvan a imponerse. Exactamente lo que pasa hoy en Grecia, donde aun con un ajuste brutal la deuda sigue creciendo.
El Gobierno argentino respondió rápidamente para desactivar futuros conflictos. Primero, reabriendo el canje, para que los fondos buitre no sostengan que son discriminados, y para que quien se quedó en ese 7% que no ingresó a la renegociación, lo pueda hacer, teniendo en cuenta que nuestro país ha sido desde 2005 un «pagador serial» como lo expresó Cristina Fernández. De manera complementaria, también se ofrece un cambio voluntario de jurisdicción a aquellos que ingresaron a los canjes previos y tienen bonos bajo legislación de Nueva York, para que tengan la tranquilidad de cobrar lo que corresponde en Argentina, y disponer de esos recursos sin restricciones. Son dos grandes medidas, que incluso han concitado el apoyo de políticos de la oposición.
Resumiendo, lo que se puede observar es que quienes hoy se alegran de que el fallo de la Corte de Nueva York beneficie a los buitres son los que pretenden que la Argentina vuelva al pasado, a la senda del endeudamiento, de la especulación financiera, de las importaciones indiscriminadas y la destrucción del aparato productivo. Algunos de estos viven en el exterior, pero lamentablemente muchos viven aquí, y los vemos bastante seguido visitando los estudios de los medios de comunicación concentrados.
