Informe especial | Voces | Entrevista a Paula Wachter

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Osvaldo Aguirre

«Queremos mirar para otro lado», dice la directora de Red por la Infancia sobre la distribución de material de abuso sexual de niños y niñas. Un delito invisibilizado y un negocio en crecimiento.

Guadalupe Lombardo

Paula Wachter llega con unos minutos de demora. La fundadora y directora de la Red por la Infancia viene de una entrevista solicitada por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. La causa contra el exdiputado provincial Germán Kiczka por tenencia y distribución de imágenes de pedofilia puso de relieve un problema sobre el que la ONG desarrolla acciones de prevención y abordaje. «Hay dos formas de invisibilizar el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes: no hablar o hablar de una forma que nos produce horror e indignación y entonces queremos mirar para otro lado», advierte Wachter.

La Red por la Infancia pone el foco precisamente sobre el tema. «Tratamos de incidir en leyes, impulsar que se transformen en políticas públicas con presupuestos adecuados y hacer campañas de comunicación para que la ciudadanía se involucre y actúe», puntualiza su directora. El perfil público de Germán Kiczka y sus conexiones políticas amplifican la repercusión de los hechos investigados en Misiones, pero en opinión de Wachter la atención mediática no suele profundizar en el problema.

‒¿Qué características resaltaría en lo ocurrido en Misiones? ¿Es un caso testigo del abuso sexual de niños o excepcional?
‒Hay sucesos como el de Misiones que toman estado público, descorren el velo y le muestran a la sociedad una realidad oculta a plena luz. Nos enfrentan al horror, pero el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes es moneda corriente y es un tema de preocupación global. La cantidad de chicos que son víctimas es muy grande y viene acelerándose desde la pandemia, cuando los espacios de juego y de recreación pasaron a ser online. Los chicos tienen una vida digital casi al cien por ciento y no hemos desarrollado herramientas para ser conscientes de qué implica la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana. En el mundo virtual se diluye el concepto de lo extraño. Los chicos minimizan los riesgos y se animan a hacer cosas que no harían de modo presencial. No hablarían con un extraño en la calle, por ejemplo, como hacen cuando les llega un chat. El nivel de aceptación y de popularidad está medido por la cantidad de seguidores, y eso los lleva a aceptar en sus redes sociales a personas que no conocen.

‒Pero según estadísticas la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por familiares, no por extraños.
‒Sí. Entre el 70 y el 80 por ciento de los abusos sexuales suceden dentro de los hogares y el orden de prevalencia es padre, padrastro, tío y abuelo. Por esa prevalencia se habla de los agresores en género masculino, aunque no quiere decir que no existan agresoras mujeres. El abuso se produce en el entorno cercano que debería protegerlos, y por eso se dificulta el develamiento. Ahora, cuando hablamos del caso de Misiones estamos hablando también de delitos contra la integridad sexual por medio de tecnologías, por medio de internet. Ahí tenemos dos perfiles de agresores. Por un lado los groomers, adultos que se hacen pasar por niños y donde el abuso se consuma desde el momento en que requieren una imagen al margen de que haya o no encuentro físico. Después están las redes de crimen organizado, que durante la pandemia encontraron una unidad de negocios muy rentable en la explotación de imágenes de niñas, niños y adolescentes. Es una industria en crecimiento: la cantidad de videos desde 2019 a 2022 a nivel mundial se multiplicó por diez y la de imágenes se multiplicó por dos, y sobre todo en el segmento de niños de 0 a 6 años.

‒¿Cómo funciona el mercado de la pedofilia?
‒Es importante entender que es un crimen trasnacional y tiene intermediarios. Podemos estar hablando de un chico abusado en Croacia, cuya imagen está alojada en India y se consume en Argentina. Persiste en nuestra ley la tipología «pornografía infantil», pero los chicos no son actores y estas imágenes no son pornografía, son material de explotación sexual. Hablar de pornografía en estos casos es llamar al abuso de una forma que invisibiliza los daños que produce. En Argentina, y volviendo al caso de Misiones, antes de la reforma del Código Penal en 2018 la tenencia de imágenes de este tipo de explotación sexual no era delito. Ahora la tenencia está penada de manera muy leve, de cuatro meses a un año de prisión. El delito empieza entonces con la tenencia, sigue con la distribución con fines o no de comercialización y con la producción. Hay aplicaciones que permiten compartir imágenes y videos como la plataforma eMule que utilizaba el exlegislador de Misiones. Hay material autogenerado cuando las redes criminales captan a los chicos y los manipulan hasta ganar su confianza y obtener imágenes.

Guadalupe Lombardo

‒¿Fue lo que pasó en Misiones con el show de magia que hacía el exdiputado Kiczka, según la investigación judicial?
‒El show de magia era un anzuelo perfecto. Generalmente los agresores sexuales tienen doble cara, aunque tendemos a creer que son monstruos; pero los monstruos habitan entre nosotros y están a plena luz. Si hay una reacción común es que el entorno cercano afirma que hubiera sospechado de cualquier persona menos de ellos. El exlegislador de Misiones mostraba su cara amable en un show que parecía inocente, hasta de servicio público, pero lo utilizaba para contactar a los chicos por privado. Como una araña que tejiera pacientemente una red, los agresores indagan las preferencias de los chicos y cuántas redes de cuidado tienen, y hay un punto de no retorno cuando obtienen una imagen íntima. La imagen deja de pertenecerle a los chicos y puede circular indefinidamente. Es importante que los adultos sepan que no pasa por cuán bien educaron a sus hijos; hablamos de gente que hace una ingeniería de información para doblegar al chico y lograr que ni siquiera él o ella se perciban como víctimas. A partir de esa imagen comienza la tortura porque ellos van a utilizar la información que recabaron para acosar y extorsionar al chico y generar más material.

‒En otros casos recientes, como el del pediatra Ricardo Russo o el de un empresario de La Plata, los agresores son profesionales, de clase media o alta. ¿Eso los vuelve insospechables?
‒Uno de los principales mitos es que los agresores son inadaptados sociales y gente rápidamente identificable. Generalmente ocupan posiciones predominantes en la sociedad, están en lugares encumbrados y en contacto con niños. Son carismáticos, como el padre Grassi, y al ubicarse como figuras de autoridad logran proximidad con los niños e imponerse para poder abusar sin que nadie lo sospeche.

‒La Ley Lucio, promulgada el año pasado, ¿es un buen instrumento para prevenir la violencia contra los niños?
‒Es muy importante. Establece la especialización en violencias y sobre derechos de niños, niñas y adolescentes para todos los agentes del Estado. El Estado tiene la obligación de resguardar al niño por las convenciones internacionales que ha firmado y los funcionarios son responsables de garantizar ese derecho a la protección y al resguardo; pero en el ámbito privado no hay acceso a las capacitaciones. La detección, los indicadores y la fenomenología del abuso sexual no forma parte de los estudios de grado de ninguna de las carreras en contacto con niños. Por eso es importante una ley que obligue a todos los efectores a formarse, porque es muy difícil detectar lo que se ignora. El Senado tiene el proyecto de un protocolo para prevenir, detectar y reportar abusos de niños en cualquier espacio, sean públicos o privados. Ese proyecto ya perdió una vez estado parlamentario y puede volver a perderlo si en los próximos meses no baja a tablas con el acuerdo de dos tercios de la Cámara.

‒¿El velo sobre el abuso sexual de niños tiene factores sociales?
‒A nivel individual las víctimas tienen miedo de hablar y a veces se sienten culpables. Muchas víctimas recién pueden poner en palabras los hechos años después, y hay literatura y evidencia que dice que las víctimas piden ayuda una vez, con palabras, con comportamientos, con dibujos. Por eso se necesita el oído entrenado para escuchar lo que dicen y para advertir lo que no dicen. Cuando no son creídas o aceptadas se callan, porque reconfirman lo que suele decir el agresor: «Si lo contás nadie te va a creer». Por eso fue tan importante la ley de respeto al tiempo de las víctimas, para que estos delitos no prescriban. Las víctimas hablan cuando pueden. Hay familias que imponen el silencio y normas culturales que invisibilizan el abuso y lo minimizan; en entornos vulnerables, puede pasar como un dato más de la realidad y en entornos medios y altos es aquello de lo que no se habla. Por eso es importante romper el silencio y que la vergüenza cambie de vereda, que la letra escarlata no caiga sobre la víctima sino sobre el agresor. Para romper la cultura del silencio hay que romper con el «no te metás»: por más que suceda en la familia, el abuso no es un hecho privado. Ante una víctima que devela, lo importante es cómo ayudar y saber que esa palabra que no es escuchada o ese pedido desatendido pueden volver a expresarse recién en diez o veinte años. El abuso sexual no solo afecta al presente sino que hipoteca el futuro, porque compromete toda la trayectoria de vida de las personas.

‒¿Son posibles políticas públicas con presupuesto adecuado en una coyuntura como la que atraviesa la Argentina?
‒Estamos en un momento raro, pero siento que la sociedad está conmovida. Nos abruma la cantidad de gente que se acerca a la Red. En el Congreso, pese a que todo parece trabado, hay consenso sobre este tema y trabajamos con todos los partidos políticos. Acaba de sancionarse por unanimidad del Senado una ley que penaliza la compra y venta de niños, algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó hace dieciséis años. Pese al clima político que vivimos, esta es una agenda en donde  encontramos puntos de unión. Creo que quedó claro con lo que pasó en Misiones. Quizá soy demasiado optimista, pero veo un gran sentido de la oportunidad.

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