21 de septiembre de 2024
El Poder Judicial tramita causas a partir de denuncias por el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones de jubilados y la de rechazo a la Ley Bases. 2001: una señal de la Corte.
Costumbre. En la zona del Congreso, en los últimos cuatro miércoles se registraron hechos represivos.
Foto: Getty Images
«No hay que tenerle miedo a la represión». Con esas palabras, el vocero presidencial Manuel Adorni buscó legitimar la escalada represiva del gobierno de Javier Milei ante la protesta social. Las denuncias de ciudadanos y de organismos de derechos humanos ante los operativos violentos y desmesurados dispuestos por el Ministerio de Seguridad se hicieron moneda corriente en Tribunales. Y la Justicia comenzó a reaccionar.
La represión que desató el Gobierno el 11 de septiembre pasado, mientras el oficialismo lograba en el Congreso que se sostuviera el veto al aumento de las jubilaciones, y que incluyó la agresión con gas irritante a una niña de 10 años y una operación para encubrir el rol de la policía en ese ataque, provocó diversas denuncias en Comodoro Py y hasta una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También hubo iniciativas en el Congreso para que se cite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a brindar explicaciones. Y la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, se hizo eco de lo sucedido: «Es muy doloroso ver a personas mayores, niños y niñas siendo atacadas y violentadas por el solo hecho de ejercer su derecho a la protesta pacífica en #Argentina», repudió en redes sociales.
Este último miércoles, el mismo día en que Carla Pegoraro, madre de la nena gaseada, fue tenida por querellante en Tribunales, la policía volvió a agredir a jubilados que se manifestaban en reclamo de una mejora en sus ingresos. Como efecto reflejo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una nueva presentación por «delitos de acción pública cometidos por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad, que de forma manifiesta incumplen compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina de rango constitucional y por tanto deben ser investigados con carácter urgente». La CPM reclama «abrir una exhaustiva investigación que determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de quienes determinaron, planificaron y ordenaron estos actos ilícitos».
El fin de semana, la CPM había ampliado la denuncia penal que hizo por la represión del 11 de septiembre y pidió investigar «acciones de encubrimiento e inteligencia ilegal del Ministerio de Seguridad». El caso recayó en el juzgado de María Servini.
El caso Fabrizia
Carla Pegoraro, la madre de Fabrizia, la niña de 10 años que fue gaseada por la Policía, se presentó el lunes en los tribunales de Retiro con su abogado, Gregorio Dalbón. Reclamó ser tenida por querellante y que se cite a prestar declaración indagatoria a Bullrich y a los jefes policiales que estuvieron al mando del operativo en el que se atacó a su hija. La jueza María Eugenia Capuchetti la aceptó como parte en la causa.
La mamá de Fabrizia también requirió que se cite a indagatoria a Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación; Luis Rollé, jefe de la Policía Federal; Gerardo Perillo Scampini, comisario a cargo del operativo; y al agente identificado en algunos medios como «Rivaldi», quien habría sido el que ejecutó la agresión.
En pos de blindar a los acusados, el Ministerio de Seguridad buscó tergiversar lo sucedido con Fabrizia. Tras culpar a la madre por ir a una manifestación con su hija, desde la cartera que conduce Bullrich afirmaron en los medios que la niña fue atacada por manifestantes.
Responsables. Por la represión del 19 y 20 diciembre de 2001 fueron condenados el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y el entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos .
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Para poder sostener esa mentira difundieron imágenes falsas del hecho. «Hoy sabemos que fueron proporcionadas por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación y la cúpula de la Policía Federal Argentina», afirmó Pegoraro sobre los videos falsos. Con estas grabaciones «intentaron ocultar su accionar y culpar a otros ciudadanos que se encontraban en el lugar», añadió.
Las filmaciones de la agresión policial sobre la niña son contundentes y su difusión expuso las mentiras que se emitieron desde Seguridad.
Por el ataque a Fabrizia y el posterior intento de encubrimiento, la CPM también hizo una denuncia penal. Por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, realizó una denuncia por la represión general del 11 de septiembre.
Antecedente cercano
Mientras se multiplican las denuncias por la represión, el fiscal Franco Picardi le dio impulso penal a una causa en la que se investigan todas las denuncias que se hicieron contra Bullrich y la policía por el operativo violento del 12 de junio pasado, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. En aquella jornada se produjeron 33 detenciones. Todos los apresados hoy están liberados.
Esta causa se inició porque la jueza Servini, a cargo de la investigación en que se dieron las 33 detenciones, a la par abrió un legajo para investigar la presunta comisión de delitos de acción pública por parte de las fuerzas de seguridad que actuaron en el Congreso y sus alrededores el 12 de junio. En ese legajo hay testimonios que dan cuenta de lo desmesurado del operativo policial, así como un oficio de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN) y un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que apuntan a hechos que pueden «ser calificados como tortura y malos tratos» durante las aprensiones.
La causa se terminó transformando en polo de atracción de otras denuncias por lo sucedido aquel día. Son parte de este caso también presentaciones que hicieron la CPM, el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y un grupo de diputados nacionales.
Este miércoles, el fiscal Picardi, que tiene delegada la pesquisa, citó a prestar declaración testimonial a denunciantes y víctimas (más de 20 personas) y requirió la nómina de quienes estuvieron al frente del operativo tanto en el Ministerio de Seguridad como en las fuerzas de seguridad. Hizo lo propio con la cartera y las fuerzas porteñas.
El fiscal destacó la «relevancia político-institucional» del caso y consideró que está investigando «posibles violaciones a los derechos humanos».
Un mensaje
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el martes 17 la condena al exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, a 4 años y 3 meses de prisión; y del exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, a 3 años y 6 meses de prisión, por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Este miércoles, la jueza Adriana Palliotti del TOF 6 ordenó la detención de ambos, quienes fueron condenados en 2016 por el homicidio culposo de 3 personas y 25 hechos de lesiones en la causa en que se aborda la responsabilidad política y de las fuerzas de seguridad en el operativo represivo con el que terminó el Gobierno de Fernando De la Rúa.
«Por primera vez, condenan a los responsables políticos de una represión», destacaron desde el CELS. «La decisión sienta un precedente único en Argentina y la región y confirma que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de sus órdenes de reprimir», agregaron.
La confirmación de la sentencia que compromete a los responsables políticos de los operativos del 2001 se da en un momento en que el Gobierno de Milei recurre a las fuerzas de seguridad para intentar acallar la protesta social y afirma que no hay que tenerle miedo a la represión. El mensaje de la Corte parece claro.
