2 de octubre de 2024
El Comité de Derechos del Niño analizó la situación en el país. Inseguridad alimentaria, pobreza y falta de políticas de género, entre las preocupaciones del organismo.
Consternación. Más de un millón de niñas y niños no completan las comidas diarias.
Foto: Jorge Aloy
En 1994 la Argentina le otorgó rango constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional de Naciones Unidas que vela por el bienestar de las infancias. Cada cinco años, los Estados parte deben enviar informes sobre el tema al Comité de los Derechos del Niño, que analiza, formula preguntas, recibe información de Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y realiza observaciones y recomendaciones en pos de mejorar la calidad de vida y el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes. Días atrás, llegó un nuevo informe sobre la niñez en Argentina. La conclusión fue lapidaria.
«Como los informes son cada cinco años, el que tenía el Comité fue redactado por el Gobierno anterior. Pero hay muchas cosas que tomó el Comité en sus observaciones que corresponden a este año. Pareciera que es lo que más le preocupa», señaló Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. «El Comité reconoce que hubo aumentos de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, pero advierte que aun así no alcanza para resolver los temas graves de pobreza e indigencia. No tiene que ver con los ingresos que van hacia los niños a través de sus progenitores, sino con otras variables económicas, evidentemente».
Además, al Comité «le preocupa el cierre, cese o desfinanciamiento de organismos como el Inadi. Y la continuidad de mi propia Defensoría: cuando fuimos con el defensor adjunto a presentar nuestro informe nos preguntaron, muchas veces y muchos miembros del Comité, qué pensábamos sobre nuestra continuidad. Hay preocupación por los programas que no están cumpliéndose en tiempo y forma –como el Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE)–, por la continuidad de algunas políticas y el desfinanciamiento o derogación de institutos e instituciones que tienen que ver con niñez», resumió Graham en diálogo con Acción.
La defensora remarcó que la actitud del Gobierno argentino ante el Comité también incidió en su mirada sobre la gestión actual. «Lo primero que les preocupó es que no fue una delegación de forma presencial. Eso cayó muy mal. Es la primera vez que se permitió a un Estado –salvo algunos casos con muchas dificultades– tener la sesión totalmente virtual. No es lo mismo para ellos y lo hicieron saber varias veces». Esto sumado a que la presentación virtual encabezada por Arnoldo Scherrer Vivas, subsecretario de Políticas Familiares de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, dejó muchas preguntas sin responder, con el compromiso, incumplido hasta el cierre de esta nota, de enviar las contestaciones por escrito.
En un país donde según Unicef más de un millón de chicos y chicas se van a la cama sin cenar y en el que el colectivo Pediatras contra el Hambre ya dirigió dos cartas abiertas para expresar su consternación al Gobierno, el Comité alertó sobre el aumento de la inseguridad alimentaria y la interrupción en el suministro de alimentos y transferencias económicas a comedores comunitarios.
Agenda 2030
Las observaciones del Comité de los Derechos del Niño llegaron a la Argentina días antes que el presidente Javier Milei partiera a su sexto viaje a Estados Unidos en menos de diez meses de gestión para, entre otras cosas, pronunciarse una vez más en contra de la Agenda 2030, impulsada por Naciones Unidas para establecer metas para el desarrollo sostenible, así como en cuestiones de género y consumo responsable. Nada más lejos de los intereses y propuestas del mandatario argentino.
Desmantelamiento. El Comité afirmó que le preocupa el cierre, cese o desfinanciamiento de organismos como el Inadi y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Foto: NA
«Seguimos con mucha preocupación el posicionamiento del Estado argentino en relación con los distintos compromisos internacionales en materia de derechos», planteó a este medio el director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales. En este marco, resaltó como «sumamente importante» que uno de los ejes de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño se haya puesto sobre las políticas de género.
Entre otras cosas, los 18 expertos que conforman el Comité recomendaron que Argentina «asegure la continuidad y el fortalecimiento del Plan ENIA» –el programa que logró reducir los embarazos adolescentes y que está siendo desmantelado–. Abogaron también por la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y por el acceso a atención sanitaria por personal capacitado para garantizar el aborto voluntario y legal. El organismo alertó sobre el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y las reducciones en el presupuesto destinado a atender y reducir la desigualdad de género.
«Hay un capítulo que recibe con satisfacción el desarrollo de derechos humanos de personas intersexuales, pero se basa en el informe del Gobierno anterior. El actual está retrocediendo con relación al reconocimiento del derecho a la identidad y autopercepción de género», advirtió Graham.
Régimen penal juvenil
Junto con la pobreza e inseguridad alimentaria y cuestiones de género, el tercer eje de las observaciones del Comité apuntó contra la protesta y la punibilidad. El informe plantea que Argentina debe derogar las disposiciones del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, que restringen el derecho de niños, niñas y adolescentes a participar en manifestaciones.
Además, expresó su preocupación ante los proyectos de ley que se están debatiendo en el Congreso Nacional que buscan bajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años. En informes anteriores, el Comité ya había planteado la necesidad de ir contra la Ley 22.278, que rige sobre los menores en conflicto con la ley y lleva la firma del dictador Jorge Rafael Videla; pero las actuales propuestas para bajar la edad de punibilidad van en sentido contrario a esa recomendación, con planteos que vulneran aún más los derechos de las personas menores de edad.
«La cuestión penal juvenil viene intocada desde 1980 y la seguimos discutiendo. Mientras, hay cantidad de chicos no punibles privados de su libertad o con condenas penales. En informes anteriores siempre piden al país que deroguen la ley penal juvenil. El nuevo informe es un llamado de atención grave al rol de cada una de las instituciones públicas que tienen que cumplir con estos derechos», apuntó Laura Musa, al frente de Fundación Sur y miembro del colectivo Infancia en Deuda.
«En materia penal juvenil evidentemente se hizo caso omiso a todas las recomendaciones anteriores. El proyecto del Ejecutivo, y de otros sectores, para bajar la edad sigue sin escuchar ni leer lo que plantea el Comité de los Derechos del Niño», criticó Graham.
