28 de septiembre de 2024

María Soledad Iparraguirre

Los incendios en la provincia mediterránea son cada vez más frecuentes. Falta de prevención, desfinanciamiento de los planes nacionales, desmontes y urbanización, las causas principales.

Tras el efímero paso del presidente Javier Milei por tierra serrana, munido con su característica casaca militar, el Senado aprobó la declaración de emergencia para las zonas afectadas por el fuego en Córdoba. El tema no estaba previsto en el debate, pero fue incorporado por tres senadores cordobeses. En sintonía con el desinterés que viene manifestando el Ejecutivo por la dramática situación socioambiental, La Libertad Avanza se abstuvo de votar porque, según adujo el presidente de bloque Ezequiel Atauche, las partidas presupuestarias no están establecidas. 

Córdoba arde. Al cierre de esta nota quedaban tres focos activos en Capilla del Monte, que se dividía hacia el oeste para el lado de Punilla y hacia el este aproximándose a Sierras Chicas. También estaba afectada la zona de Salsacate, en la Quebrada de la Mermela.
«Desde hacía una semana todos los indicadores nos marcaban que ese sería uno de los peores días en muchos años, que sería un día histórico de riesgo extremo», explica Juan Pablo Ferrari, presidente de la comisión directiva de la Brigada Ambiental Cosquín.

Ferrari cuenta que «el primer fuego lo prendieron en la zona de Dolores, ese se pudo contener, pero al otro día había viento del oeste y no se pudieron apagar dos reinicios con los marcadores indicando que reunían todas las condiciones de riesgo –dice el ambientalista–. El fuego cruzó toda la ciudad de Capilla del Monte por el sur y luego el viento empezó a soplar de esa dirección, entonces lo tiró hacia las sierras y hacia la ciudad. Eso lo hizo muy complejo. El viento lo agrandó muchísimo».

Entre los factores causantes del colapso ambiental que atraviesa la provincia se destacan el desmonte irrestricto impulsado para el avance de la frontera agropecuaria y el desarrollismo inmobiliario (en Córdoba queda solo un 3% de bosque nativo), la ausencia total de tareas de prevención, el desfinanciamiento presupuestario para atender las demandas en las zonas de riesgo y la continuidad de políticas públicas que avalan cierta permisividad en la rezonificación y el cambio del uso del suelo, posibilitando que se habiten espacios en medio del monte, lo que genera un claro impacto ambiental y ecosistémico.

Por estos días, las miradas recayeron en la responsabilidad del trabajo llevado adelante por los Equipos Técnicos Anti Catástrofe (ETAC), proyecto impulsado por el exgobernador Juan Schiaretti en 2020, verdadero cuerpo de élite repudiado por vastos sectores, entre ellos la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba.

«Todo lo que se dice de que el ETAC es una mano del Gobierno para quemar la provincia, en lo personal pienso que no es así; sí creo que hay ineficacia en muchas de las tareas que hace el ETAC. Hay falta de conocimiento y se están viendo los resultados: esto se creó en 2020, a los ponchazos, como resultado de la exigencia del pueblo, para darle respuesta a la demanda de la gente que pedía medidas luego de un incendio grande –sostiene Ferrari–. Hay una total falta de eficacia en la coordinación del trabajo, por ejemplo, en la utilización del ensanche. El ensanche es una herramienta que se ha usado siempre, es la quema para terminar una zona contra un camino, de cuatro o cinco metros, o en una zona de cerramiento».

Según explica el brigadista, «el fuego es usado históricamente, esa es una herramienta difícil, que no se debe usar así nomás –explica–. Hay una certeza de que los incendios son intencionales. Siempre se habló de que un 95% eran causados por la mano del hombre; pero más dañino es el incendio causado con mala intención, el que tiene que ver con las quemas producidas con lo inmobiliario. No tienen ningún problema, prenden y saben que dentro de dos años pueden lotear, pero se ahorraron millones de pesos al no tener que pasar las máquinas».

Sin ley, con trampa
En su análisis de la situación, el abogado ambientalista Darío Ávila suma, a su vez, dos factores clave para entender las causas de la propagación y voracidad de los últimos fuegos. Por un lado, la toma de decisiones que se traducen en el mal manejo y la descoordinación de una política preventiva –en una provincia que atraviesa el colapso ambiental–; y por otro, medidas tendientes a desfinanciar el presupuesto destinado al Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Córdoba cuenta con una ley provincial pionera en materia de regulación del fuego, la Ley 87.51 sancionada en 1999 que establece la obligatoriedad de la denuncia de incendios y de la elaboración de un plan anual de prevención y lucha contra el fuego.

«Junto con la factura de la luz, los cordobeses pagábamos una pequeña alícuota destinada al Plan Provincial de Manejo del Fuego, bastante ínfima en relación al consumo», detalla Ávila en diálogo con Acción. «Con ese aporte más un fondo destinado por ley, creado por 20 años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, se recaudaban 98 millones de pesos mensuales para la compra de aviones hidrantes, prevención y educación ambiental».

Según explica el abogado, «en julio de 2017, en plena campaña electoral para la reelección, Schiaretti decretó que ese aporte dejara de funcionar, esgrimiendo que no se debía pedir esfuerzos a los ciudadanos y que el Estado debía hacerse cargo. A su vez, dio de baja un sistema de alerta temprano, el sistema vigía. En Córdoba hay 62 cuarteles de bomberos, en cada uno había seis bomberos destinados a esta tarea vigía, apostados en una torre en altura, ubicados en zonas estratégicas haciendo un monitoreo diario».

Ávila explica que «apenas ellos veían el comienzo de un incendio en un lugar se reportaba al cuartel más próximo, caía la autobomba y se sofocaba de inmediato. Era un sistema que funcionó prácticamente a la perfección. Los últimos registros que se publicaron dieron que en 2010 se produjeron 210 focos de incendios con una pérdida de 10.000 hectáreas; 10.000 en todo un año. Ahora llevamos perdidas más de 50.000 en una semana».

El abogado ambientalista destaca también el impacto de la urbanización en cercanías a las sierras. «Los countries han avanzado generando esta zona que le llaman de interfase (el límite entre la construcción urbana y el monte) y ahora hay que salir a salvar a todos esos countries y salvaguardar toda esa infraestructura porque se les viene el humo encima –dice Ávila–. Ahí aparecen la connivencia con el Gobierno provincial que aprueba los estudios de impacto y la responsabilidad social: es exótico abrir la ventana de tu casa y tener un algarrobo, animalitos en el patio».

Un combate difícil
En la primera línea de fuego, Ferrari coincide en apuntar al impacto ambiental que provoca el permiso de obra. «En Capilla del Monte notamos que el comportamiento del fuego es cada vez más difícil de controlar. Por un lado, el ambiente está empeorando, hace más difícil el combate; la temperatura, la humedad y los vientos nos dan como consecuencia el indicador de riesgo extremo que no veíamos hacía muchos años», grafica el brigadista.

Ferrari apunta que vienen trabajando el incendio forestal. «Ese incendio de campo se transforma en uno de interfaz, así se llama cuando se arrima a las propiedades, y cuando eso pasa, se empieza a desarticular o desarmar la estrategia; eso le saca mucho recurso al forestal y se lo pone para cuidar la casa. Si hay tres o cuatro casas, todo el recurso y la estrategia que se estaban aplicando al incendio forestal se desarma para proteger las casas», dice el ambientalista. Y concluye: «La interfaz de la provincia de Córdoba está cada vez más complicada. Hay complejos de cabañas que se arman a cinco kilómetros del camino de tierra en medio de los montes. Por supuesto, a medida que se acerca el incendio cada uno de esos complejos, casa, ranchito o mansión, lo que sea, va a solicitar el recurso para que no se le prenda fuego, y el recurso es limitado».

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