13 de octubre de 2024
El avance de las políticas de ajuste económico genera numerosas confrontaciones con trabajadores que reclaman en defensa de puestos laborales y salarios. Salud, educación y transporte, entre los más afectados.
Garrahan. Marcha y paro contra el desplazamiento del consejo de administración y el recorte presupuestario.
Foto: Guido Piotrokwolski
La batalla en defensa del Hospital Nacional Laura Bonaparte, del barrio porteño de Parque Patricios, en medio de una arremetida brutal del Gobierno nacional contra todo lo que huela a Estado de Bienestar, o directamente a Estado, dejó un sabor a triunfo alentador por los trabajadores y profesionales de la salud que participaron de la movida. «Hay que respaldar a los sindicatos que no avalen despidos, cierres de organismos y firmen paritarias a la baja en el sector público. Si ATE sigue creciendo aumentará el poder de todos los estatales. El conflicto que sostuvimos en el Bonaparte nos da la razón. Tenemos que endurecer las protestas en todos los organismos y profundizar el plan de lucha en todo el país», consigna en Mundo Gremial (https://mundogremial.com) el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguilar. El sindicalista rionegrino se extendió más aún en su cuenta de X. «Siempre lo dijimos: con un Gobierno que prioriza el déficit cero por sobre el hambre de los niños y los jubilados y que quiere destruir el Estado, no tenemos que dialogar, tenemos que confrontarlo», escribió.
La caída estrepitosa de los ingresos, los recortes oficiales y la catarata de despidos en empresas y dependencias públicas, sumados al incremento de precios y servicios, generaron una grave situación en millones de argentinos que ya corroboraron quién es la casta, como reflejan las encuestas. Pero las acusaciones no son solamente contra las autoridades políticas o legisladores. También en la volteada cae un sector de la dirigencia gremial que eligió el camino de mantener negociaciones con el Gobierno, algo muy cuestionado dentro y fuera de las organizaciones.
Es que representantes de lo que se denomina el sector dialoguista o «moderado» de la CGT, como Héctor Daer, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri, se reunieron el 1 de octubre con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A la salida de un encuentro de cerca de dos horas anunciaron la conformación de una mesa tripartita de diálogo por la reforma laboral, que la Casa Rosada había implementado por decreto. A esa altura, el debate público se centraba en la privatización de Aerolíneas Argentinas, la marcha universitaria, el desfinanciamiento del Hospital Garrahan y la amenaza de cierre en el Laura Bonaparte.
A la salida de ese cónclave, Daer adhirió a la movilización universitaria del 2 de octubre y señaló: «Planteamos que teníamos que tener un mecanismo de comunicación y de gestión de determinados temas que hacen a la vida de todas las actividades que representamos y que tenemos que tener una forma de poder interactuar con el Poder Ejecutivo». Algunos medios destacaron que el Gobierno había tenido que ceder en cuanto a la reglamentación del artículo que penaliza los bloqueos y sobre algún tipo de solución a la situación de las obras sociales sindicales.
Pero el descontento se fue generalizando puertas adentro del edificio de Azopardo 802. Lo que llevó al secretario gremial de la CGT, adjunto de SMATA y diputado nacional, Mario «Paco» Manrique, a asegurar que se va de la central sindical mayoritaria del país. «Esta CGT a mí no me representa. Renunciaré yo, el gremio seguirá ocupando el lugar con la representante que es mi subsecretaria», dijo en la FM FutuRock.
«Cómo voy a crear conciencia con los laburantes para poder enfrentar situaciones como las que se nos vienen, si los laburantes no conocen mi voz: La CGT no hizo una conferencia de prensa para explicar qué habló con el gobierno, qué está discutiendo, si no consiguen los logros que está discutiendo, qué es lo que va a hacer».
Desde otro rincón, el 19 de septiembre pasado, sindicatos que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) conformaron la Mesa Nacional del Transporte con el objetivo declarado de defender el derecho a huelga, «garantizado por la Constitución y los organismos internacionales que regulan el trabajo, como el Convenio 87 de la OIT». Del primer encuentro participaron Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Omar Maturano (La Fraternidad); Mario Caligari (Unión Tranviarios Automotor); Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros); Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento); Pablo Biró (Pilotos de Líneas Aéreas); y Raúl Durdos (Obreros Marítimos).
El 8 de octubre se volvieron a juntar, en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis, para anunciar su primera medida de fuerza coordinada. El que tuvo la voz cantante en los medios fue Pablo Moyano, que se podría clasificar como miembro del ala «combativa» de la CGT. «Ante el abandono, la represión, la entrega de la soberanía, a los jubilados y nuestros universitarios, la Mesa Nacional del Transporte convoca a todos los sectores al paro nacional que se realizará el próximo 30 de octubre».
El debate en Diputados por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario consolidó las protestas que ya se venían manifestando en varias casas de estudios de todo el país. Las tomas de edificios comenzaron en Filosofía y Letras y Psicología de la Universidad de Buenos Aires, pero se extendieron a otras entidades en todo el país y se produjeron sentadas estudiantiles y clases públicas. ¿Contra quiénes se manifiestan? No contra los rectores o los docentes, que apoyaron las marchas de abril y octubre. Contra el Gobierno, ciertamente, pero en esta ocasión contra ese puñado de diputados que, como ocurrió con la reforma previsional, le permitieron cantar victoria a Milei otra vez. No fueron 87 «héroes», pero alcanzaron para darle otro soplo de gobernabilidad al presidente paleolibertario.
Sin trenes. Los trabajadores del transporte anunciaron un paro general para el 30 de octubre.
Foto: Jorge Aloy
En tanto, en el Hospital Garrahan, otra institución señera y de alta calidad que es orgullo de los argentinos, también hubo un paro por el despido de los miembros del Consejo de Administración que cometieron el desliz de «dar un bono de 500.000 pesos a los trabajadores sin consultar con el Ministerio», según puntualizó la exdiputada y lideresa de Coalición Cívica, Elisa Carrió.
La respuesta del Gobierno nacional a ese bono de reparación a los trabajadores es el mejor ejemplo de la obcecación que atraviesa las políticas que pretende implementar Javier Milei. Que consiste básicamente en la destrucción de lo público sin ton ni son. En una entrevista con Radio con Vos, Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de Mauricio Macri, demostró la falacia del ataque al hospital pediátrico de excelencia. «El Garrahan es autárquico, tiene la potestad de administrar recursos extrapresupuestarios que, por ejemplo, le factura a las obras sociales o prepagas. No necesita rendir cuentas y no tiene por qué consultar; lo hizo siempre y es parte de su potestad, con lo cual habla de un gran desconocimiento», explicó.
Podría decirse, recordando otras épocas del país, que la lucha de jubilados, universitarios y trabajadores es una sola, como desliza Moyano y se esperanza Aguilar, quien propone una afiliación masiva «para frenar al topo y salvar al Estado». El resultado en el Laura Bonaparte iría en ese sentido. En todo caso, desde el Gobierno, con cada medida y cada nueva provocación, alientan a la unidad de todos los sectores. En su contra.
