28 de octubre de 2024
El anuncio del cierre del único organismo de agua potable y cloacas siembra incertidumbre entre sus trabajadores. Preocupación por el futuro de proyectos clave para el acceso a prestaciones esenciales.
Buenos Aires. En la sede del organismo se viven horas decisivas.
Foto: Jorge Aloy
Ver brotar agua de la cisterna en lugar de tener que ir a buscarla en baldes en plena sequía en Salta. O comprobar que una planta depuradora salvará el azul intenso del lago Nahuel Huapi, que estaba en riesgo por efluentes sin tratar. O dejar de enfermarse por tomar agua llena de herbicidas en el pueblo misionero de San Pedro. Son algunos de los logros de un organismo bajo amenaza, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), sobre el que pesa el anuncio de cierre por parte del Gobierno.
En su sede central porteña se viven horas decisivas. Allí sus trabajadores resisten, a la espera de las negociaciones entre el Gobierno y el sindicato, de las cuales dependen tanto el futuro de 234 empleados como el acceso nacional al agua potable y cloacas. El cierre fue anunciado el domingo 6 de octubre en televisión por el ministro de Economía Luis Caputo.
Fue en el programa nocturno de Luis Majul en LN+, cuando el ministro dijo que Enohsa es «un antro de corrupción» en el que «se centralizan todas las obras porque es mucho más difícil auditarlo», y por eso planea cerrarlo. El ente, creado por ley nacional, gestiona y financia obras de potabilización de agua y sistemas de cloacas en todo el país, especialmente en regiones vulnerables donde el sector privado no invierte. Abarca tendidos de redes, acueductos, emisarios submarinos, y plantas de potabilización de agua y de tratamiento de efluentes cloacales.
«Queremos saber qué va a pasar. Y no solo con nosotros, sino con las funciones del Ente. No queremos volver al siglo XIX ni a la diarrea, el cólera o la fiebre amarilla. Estamos hablando de salud», demanda Manuel Aner, coordinador de equipos de capacitadores en instalaciones sanitarias, trabajador desde hace más de una década en el organismo, delegado del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos) y uno de los pocos que puede hablar con Acción en medio de esta crisis.
Desde aquella entrevista a Caputo, ni él ni sus compañeros pueden dormir bien. Salen a la mañana a protestar en Callao y Corrientes, a metros de la sede central de Enohsa. Después siguen trabajando para las pocas obras que subsisten. En medio de la falta de respuestas, repasan mentalmente aquel anuncio, hecho precisamente en el mes en que el ente cumple años.
«Lo que más me mata es la incertidumbre. A esta altura solo quiero saber qué va a pasar. Ni [el administrador] Bartolomé Heredia ni [el secretario de Obras Públicas] Luis Giovine se comunicaron con nosotros», lamenta Emilia Gilbert, empleada administrativa de Enohsa. En su casa la angustia es doble: su marido también trabaja en el ente y ambos tienen dos hijos que alimentar.
Hacer números
Desde diciembre el Ministerio de Economía despidió a 124 empleados de Enohsa, más de un tercio de la plantilla del organismo. De ellos, 80 estaban en las provincias y el resto en Capital. El Gobierno adelantó a Acción que planea echar a al menos 117 trabajadores más, la mitad de los que hoy quedan en el ente. «El personal restante será reubicado en áreas donde el recurso sea necesario», agregan. ¿Quiénes y cuándo? «Se informará oportunamente», es la única y repetida respuesta.
La expulsión de esos trabajadores, altamente calificados tanto en planificación como en ejecución de obras sanitarias, no solo afectaría los proyectos actuales: también comprometería el futuro del acceso a servicios básicos. Según datos del mismo ministerio, en diciembre el ente tenía 1.485 obras en carpeta, de las cuales hoy tienen prioridad solo 122.
En aquella entrevista de domingo, Caputo se limitó a destacar que ya hay una Subsecretaría de Recursos Hídricos para llevar adelante la labor de Enohsa; pero de las 151 obras consideradas prioritarias, solo 29 corresponden a esa subsecretaría, mientras que las 122 restantes corren bajo responsabilidad del ente. Entre ellas figuran 11 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y 20 financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como proyectos del Programa Federal de Saneamiento (Profesa).
«Esa subsecretaría no puede hacerse cargo de las obras de Enohsa, porque le falta el personal especializado. Ahí se dedican a pluviales, represas hidroeléctricas, embalses y grandes canales de riego. No dan agua potable ni cloacas», aclara Aner, mientras ve llegar a la oficina porteña los muebles que quedaron del cierre de delegaciones provinciales, como la de Villaguay, en Entre Ríos. En las provincias donde no había instalaciones físicas también hubo sangría: este año se desvinculó a los inspectores de obras en Córdoba, Chubut, Jujuy y Salta.
«Hay poca gente de planta. Después de los cinco contratos pasabas a planta permanente, pero desde el 31 de diciembre estamos en constante evaluación», agrega Gilbert con voz cansada. Cuenta que hubo gente que se enteró de los despidos porque no podía entrar a su correo electrónico laboral ni al sistema de gestión de documentos que usa para trabajar.
Río Negro. El agua del lago Nahuel Huapi estaba en riesgo por efluentes sin tratar.
Foto: Shutterstock
Cambiar vidas
Alrededor del 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable, y un 60% a cloacas. Pero esos promedios bajan fuerte en algunas provincias, sobre todo en zonas rurales. En esas áreas, Enohsa impulsa proyectos de provisión de agua potable y extensión de la red cloacal, tanto financiando y supervisando las obras, como dando asistencia técnica a Gobiernos locales.
Aunque se difundió oficialmente que el organismo tiene 29 años, sus orígenes se remontan al Gobierno de Arturo Illia, que en 1964 aprobó la creación del antecesor de Enohsa, el Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural (SNAP). Tras un período de transición, se transformó en 1988 en CoFAPyS (Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento) y en 1995 en el ente que hoy conocemos.
Hasta diciembre, Enohsa dependía del Ministerio de Obras Públicas, que con el nuevo Gobierno pasó a ser secretaría bajo la esfera del Ministerio de Infraestructura. Hasta que en febrero este último se fusionó con el de Economía, el mismo que hoy anuncia su cierre, aunque a fines de septiembre le haya otorgado más fondos.
Es que, a través de la Decisión Administrativa 910/2024, esa cartera aumentó ampliamente el presupuesto de Enohsa para garantizar la continuidad de las obras en curso, como la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Villa Gesell, de un sistema de agua potable en Pehuajó y de redes de colectores cloacales en las localidades tucumanas de Alderetes, San Andrés y Banda del Río Salí, todas con créditos del BID. Son proyectos que cambian la vida de cientos de miles y cuyo destino es incierto si se concreta el cierre del ente.
«¿Sabés la emoción que es abrir una canilla por primera vez en un pueblo inhóspito y que salga agua, cuando antes tenían que ir vos o tus hijos con dos baldes a tres o cuatro kilómetros a juntar la del río, sucia, sin tratar? –remarca Aner–. Esa emoción que genera en la población nosotros también la podemos ver, porque tenemos una vida ahí adentro».
