4 de noviembre de 2024
Ante los recortes que el Gobierno pretende imponer a la educación pública, rectores, estudiantes y trabajadores sostienen el debate y las manifestaciones. Presupuesto 2025, nueva disputa.
En la calle. Masiva marcha del 2 de octubre frente al Congreso Nacional.
Foto: NA
El presidente Javier Milei sigue adelante con su guerra contra la universidad pública. La lógica que aplica es la de doblegar lo que para él es un enemigo: cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Durante la campaña electoral del año pasado, decía que «el mejor sistema educativo es aquel en el que cada argentino pague por sus servicios». Después de la primera vuelta cambió. Escuchó los consejos de Mauricio Macri, que había hecho el mismo giro en la campaña de 2015, y comenzó a decir que la educación y la salud públicas no corrían peligro en un eventual Gobierno de la Libertad Avanza.
Una vez que asumió arrancó con su plan de ajuste brutal. La famosa motosierra se aplicó sobre todo el sector público, incluidas las universidades. La reacción de la comunidad educativa fue rápida. El 23 de abril, a cuatro meses del inicio de la nueva gestión, se convocó la primera marcha masiva en defensa de la universidad pública, gratuita y federal. La respuesta de la Casa Rosada fue montar una campaña de desprestigio.
Una lluvia de tergiversaciones y falsedades cayó sobre la universidad pública. Por mencionar algunas: que está poblada por ciudadanos nacidos en otros países y que tiene estudiantes fantasmas; que solamente se educan los hijos de los ricos financiados por los pobres.
A medida que los argumentos fueron desmentidos aparecieron otros nuevos. Milei llegó incluso a hacer una cuenta al revés. Dijo que en la Universidad de Rosario había 80.000 estudiantes y 10.000 trabajadores. Luego hizo el cálculo y dijo que había ocho trabajadores por cada estudiante, cuando en realidad es al revés.
La campaña de desprestigio encontró un nuevo intersticio en las últimas semanas de octubre: que las universidades, supuestamente, no quieren ser auditadas y rendir cuentas de sus gastos. El ataque se despliega mientras el Congreso Nacional debate el Presupuesto 2025, una batalla clave, una ley en la que está la oportunidad de subsanar la situación.
Las respuestas
«El cambio de argumento es un intento por reemplazar la posición ideológica por la sospecha política», dijo a Acción el rector de la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui), Alfredo Alfonso. Según el rector, ese giro se produjo porque la Rosada «se dio cuenta del respaldo social que tiene la universidad como institución».
«Se cumplen 30 años de la aprobación de la Constitución de 1994 –agregó Alfonso–. Ahí se estableció claramente que la auditoría de las universidades depende del Congreso Nacional, es decir, de la Auditoría General de la Nación (AGN). Las universidades tenemos auditorías propias y muchas veces esos informes han ido a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)».
Clases públicas. Escena repetida en todo el país: estudiantes y docentes unidos en defensa de la universidad.
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La Sigen es un organismo que depende del Poder Ejecutivo y con el que Milei pretende imponer sus nuevas auditorías. El rector de la Unqui agregó: «Lo que fija la Constitución Nacional para preservar la autonomía universitaria es que le corresponde al Congreso auditar. El presidente no puede jurar por la Constitución y después no respetarla».
Por su parte, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, señaló que «el Gobierno instaló el tema de las auditorías, pero no hizo nada para fortalecer a la AGN, que es el organismo que debe realizarlas –dijo–. En lugar de cumplir la ley, y nombrar a los funcionarios para realizar los controles, entró en una batalla usando la Sigen. Es inconstitucional y viola la autonomía».
Fernández, en diálogo con Acción, reconoció que el nuevo caballito de batalla del presidente tiene más posibilidades de permear en la sociedad. «Todos queremos que sea transparente el uso de los recursos públicos, de todos los organismos. Es un debate que genera confusión y eso forma parte de la estrategia del Gobierno: tirar desinformación hasta que alguna vaya calando».
Apoyo social
El campo institucional en que se libra la disputa nuevamente es el Congreso. Se está debatiendo el presupuesto para el año que viene. «Apostamos a que en el Presupuesto 2025 se subsane esta situación –destacó el rector de la Unqui–. Después hay que ver si el Gobierno respeta la voluntad del Parlamento o vuelve a utilizar el veto».
Fernández coincidió: «El presupuesto para el año que viene ya arranca con problemas. Contempla la mitad de los fondos que los rectores y rectoras solicitaron para poder funcionar. Ni siquiera incorpora la inflación de 2025 y las pérdidas de este año. Trabajamos para mejorarlo hablando con todas las bancadas».
La campaña de Milei contra la universidad pública no parece tener un final en el horizonte cercano. Al ser consultada sobre el mediano plazo, sobre si hay algo que pueda frenar la vocación del Gobierno por asfixiar a las universidades, la dirigente estudiantil respondió: «La marcha del 2 de octubre logró que el Gobierno reconociera que los sueldos universitarios habían perdido contra la inflación y que estaban por debajo del resto del sector público. Y luego de diez meses también reconoció que debía incorporar la garantía salarial. Por supuesto que el sistema universitario sigue siendo atacado y desfinanciado, pero esa es la prueba de que la movilización masiva y en todo el país logra resultados».
Alfonso tuvo una mirada similar. «El Gobierno no va cambiar por motivos ideológicos. Tiene una visión contraria a la universidad pública. Solo modificará su posición si la sociedad pone un límite. Lo que puede mover las cosas es el apoyo de la sociedad. Un millón y medio de personas marcharon el dos de octubre en todo el país. En la ecuación que haga el Gobierno, esperamos que le quede claro que la pelea con las universidades públicas no tiene ningún sentido y le trae más costos que beneficios».
«La Argentina tiene un conocimiento muy desarrollado y valorado en distintos lugares del mundo. Es ridículo desfinanciar el conocimiento propio para después tener que importarlo, que es algo mucho más caro», remarcó el rector de la Unqui.
Ambos entrevistados destacaron que la posibilidad de una nueva movilización es algo que se está analizando. La posibilidad existe, aunque hay varios factores a tomar en cuenta. Uno de ellos es la cercanía con la última marcha y el riesgo de producir un desgaste en el acompañamiento de la población. El otro punto es el debate en el Congreso y la necesidad de determinar el momento adecuado para reclamar por el presupuesto del año que viene.
La batalla por la defensa de la educación pública no terminó.
