10 de noviembre de 2024
La modalidad de delivery crece y ciertos enfoques lo consideran un ecosistema virtuoso. Sin embargo, se sustenta en empleos sin reconocimiento de ningún tipo de derecho.
Inserción. Sin barreras de acceso, pero también sin protección legal ni laboral.
Foto: Jorge Aloy
La mayor de las plataformas de reparto a domicilio que operan en el país, PedidosYa, emplea a unos 35.000 jóvenes en un centenar y medio de ciudades argentinas, en las que atiende a 48.000 comercios.
A esa estructura se añadió desde 2020 PedidosYa Market, para compras de supermercados en locales propios: más de 68 tiendas en 12 provincias. El eje de todos esos negocios son los trabajadores, insertos en el creciente modelo de las plataformas digitales que −según sus defensores− conforman «un ecosistema virtuoso» que los beneficia, junto a comercios y usuarios. Otros análisis recelan de esta tendencia, que comprende a Rappi, con una nómina estimada en otros 20.000 repartidores, y anteriormente a Glovo y Uber Eats (absorbidas luego por PedidosYa), por basarse en la precarización laboral, en la línea flexibilizadora que impulsan las propuestas neo y ultraliberales.
Desde centros de estudios sindicales y académicos advierten que aún restan fijar reglas que mejoren las condiciones laborales y reconozcan el derecho a la seguridad social de los agentes del delivery.
El sistema aún no encuentra su techo: la meta de PedidosYa, según su CEO, Esteban Gutiérrez, es consolidar este año una actividad no menor a una orden mensual por habitante. Mientras son cada vez más visibles en los centros urbanos decenas de motos y bicicletas cuyos conductores cargan mochilas en las que trasladan las mercaderías solicitadas, el sistema fue respaldado por un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que resalta supuesto el «impacto positivo» de la modalidad.
Se argumenta que los trabajadores ambulantes (mujeres, en casi una quinta parte) reciben ingresos más altos que el promedio del mercado laboral (algo así como dos veces y media el salario mínimo). A su vez, quienes completan más de 300 órdenes por mes (unas 120 horas de conexión) obtienen ingresos mensuales superiores a los del trabajador promedio y a los de los asalariados registrados. E incluso similares a los de los asalariados (registrados o no) con educación superior. El BID menciona además, en favor de la modalidad, las bajas o nulas barreras de acceso, pues no se exige nivel educativo mínimo ni experiencia en el rubro o sector para realizar las entregas. Al amparo de la flexibilidad sobre el tiempo de dedicación, resume el análisis del BID, un amplio sector de la población obtiene ingresos «sin importar su género, su lugar de pertenencia, educación y experiencia».
Concentración. En Argentina trabajan 55.000 repartidores solo para dos empresas .
Foto: Jorge Aloy
Frente a esa vía de creación de empleos altamente informales en los últimos años, de la mano de aplicaciones informáticas, Pablo Molina Derteano, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, evalúa que «el insuficiente dinamismo económico conduce a los jóvenes de los sectores socioeconómicos más bajos a una temprana inserción laboral precaria, que se refuerza cada vez más por su insuficiencia educativa». Así, el primer empleo ya no representa el peldaño inicial de una carrera de inserción, sino que obedece a una lógica de la necesidad y refleja el inicio de una amplia secuencia de futuros trabajos sin mejoras relevantes en términos de ingresos y con escasas probabilidades de ascensos y promoción social.
Pocas opciones
Las sucesivas crisis recesivas y sus secuelas de desindustrialización, o las caídas profundas en otras actividades, fueron limitando las opciones laborales. Ese proceso redujo las chances de muchos jóvenes de sumarse al número de empleados y operarios estables, con lo cual el delivery, en un contexto de creciente desocupación, se instaló como una «actividad refugio», precisó un relevamiento del Centro de Innovación de los Trabajadores, de la Universidad Metropolitana (Citra). El estudio advierte además sobre las «condiciones abusivas» de las empresas que operan las plataformas, no solo hacia el colectivo laboral sino también hacia los locales gastronómicos.
Las apps de delivery se autodefinen como empresas de tecnología, aunque únicamente proporcionan una herramienta informática que conecta individualmente a proveedores con consumidores, mientras encubren la relación laboral con los trabajadores que realizan el reparto. Estos últimos, al asumir la categoría de prestadores autónomos de servicios o de microemprendedores, cambiaron las pautas tradicionales de identificación gremial. Considerados por las empresas como colaboradores o socios independientes, los repartidores adhieren al monotributo y facturan por el trabajo desarrollado.
Las condiciones de trabajo asociadas −desreguladas y con límites corridos en varios niveles− incluyen horarios de trabajo muy flexibles, salarios extremadamente variables y elevada disponibilidad en favor de plataformas y usuarios. También conllevan una baja seguridad laboral y pocas oportunidades para ascender en la escala salarial. Se extiende así un nuevo tipo de contratos que, según los estudiosos, obligan a plantear nuevas normativas, en particular, dadas las habituales sobrecargas de trabajo. Los repartidores hacen malabarismos con sus tiempos para obtener buenas valoraciones, mientras su desempeño en la calle produce riesgos para la salud y seguridad (accidentes, conflictos con automovilistas, asaltos, clientes agresivos, entre otros).
Para encuadrar y corregir las situaciones más críticas, los ministros bonaerenses de Trabajo, Walter Correa, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, definieron en las últimas semanas, en mesas de diálogo con los agentes de delivery, a fin de elaborar propuestas para lograr condiciones laborales más justas y equitativas.
La Subsecretaría de Economía Popular, en esa dirección, creó un Registro de Trabajadores de Delivery «para conocer con más detalle sus problemáticas y principales demandas».
