25 de noviembre de 2024
El Gobierno lleva el negacionismo del cambio climático y el rechazo a la protección de derechos sociales a los foros internacionales. Las consecuencias para el país. Qué dicen los expertos.
COP29. Nuestro país retiró su delegación del encuentro realizado en Bakú, Azerbaiyán.
Foto: Getty Images
Mientras el Gobierno de Javier Milei ajusta, achica o elimina de plano aquellas políticas sociales que considera contrarias a su proyecto libertario –sin importar su eficacia probada o su carácter esencial para sectores vulnerables–, comenzó a replicar esta conducta en los foros internacionales donde esos mismos derechos son tutelados de forma coordinada por las naciones del mundo. En algunos casos, como acaba de suceder en la cumbre del G20 celebrada en Brasil, esto significa una pirotecnia discursiva que no se verifica en los documentos firmados; pero otras veces supone la no participación del país, al no enviar o retirar delegaciones, o asumir posiciones extremas y minoritarias, a contramano del grueso de los Estados parte, cuando no directamente votando en solitario, como ocurrió en las últimas semanas ante la ONU.
El 15 de noviembre, Argentina fue la única nación en rechazar la resolución de la ONU que proponía «intensificar los esfuerzos en la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, en especial en el entorno digital». Hubo 170 países que estuvieron a favor y 13 que se abstuvieron. Mientras Bielorrusia, Burundi, República Popular de Corea, Irán, Libia, Mali, Nicaragua, Níger, Nigeria, Rusia, Senegal y Siria manifestaron sus disidencias con la abstención, solo la delegación enviada por el Ejecutivo libertario votó en contra. Y esto a pesar de que Estados Unidos e Israel, los dos faros de Milei en sus decisiones geopolíticas, levantaron las manos para acompañar.
Tres días antes, Argentina también había sido la única en rechazar la resolución de la ONU para proteger los derechos de las comunidades originarias en materias como justicia, medioambiente y preservación de creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas. En esa oportunidad, 168 de los países presentes se pronunciaron a favor –entre ellos, Estados Unidos, mientras que Israel estuvo ausente– y hubo siete abstenciones.
Con estos dos rechazos y con el argumento de diferencias semánticas y supuestos riesgos para las libertades individuales debutó Gerardo Werthein al frente de la Cancillería, tras la salida tumultuosa de Diana Mondino, en una gestión marcada por los pasos en falso y los desajustes entre el Palacio San Martín y la Casa Rosada.
La misma semana, el país estuvo ausente en la Primera Conferencia Ministerial Mundial para poner Fin a la Violencia contra la Niñez, realizada el 11 y 12 de noviembre en Bogotá, Colombia. Para graficar su relevancia, los organizadores señalaron que se rompió un récord Guinness, porque nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente en un mismo lugar debatiendo sobre la importancia de frenar la escalada de la violencia contra las infancias. Hubo 1.400 delegados de 119 países, pero la Argentina no fue parte de ese récord, porque los funcionarios designados para concurrir recibieron a último momento la orden de Cancillería de bajarse del avión.
Retroceso
Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, consideró que hay «un retroceso enorme que está teniendo un correlato interno, en el desmantelamiento de políticas hacia las infancias, y un correlato externo, en este posicionamiento ultraortodoxo en los foros internacionales». Hernández recordó que, en sus últimas observaciones finales, el Comité de Derechos del Niño de la ONU fue muy crítico con la Argentina de Milei y que, «por primera vez, el Gobierno no fue a Ginebra» a participar de este examen, sino que «lo hizo por Zoom, a último momento». El defensor adjunto se refirió a «una mirada antiderechos y en minoría absoluta, muy en línea con un avance mundial que busca negar la perspectiva de género o el cambio climático».
En igual sentido se expresó César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, de larga trayectoria en la protección de los derechos de las infancias. «Estamos viviendo, y con extrema preocupación, la conducta del Gobierno nacional dando la espalda a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales», advirtió. «Este tránsito hacia la destrucción de derechos no es casual», afirmó el magistrado, quien es además el coordinador local del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju). En este escenario, Jiménez recordó que «Argentina es país signatario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, un acuerdo que tiene raigambre constitucional».
Mal clima
Otro tanto viene haciendo La Libertad Avanza (LLA) en los foros globales en materia medioambiental. En línea con lo que Milei dijo durante la campaña que lo llevó al poder –en los debates sostuvo que «todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y buscan recaudar fondos para financiar vagos socialistas»–, la Rosada ordenó retirar su delegación de la cumbre climática de la ONU en Bakú, Azerbaiyán (COP29). Ese foro fue convocado, centralmente, para debatir cómo financiar las políticas establecidas en el Acuerdo de París para combatir el calentamiento global. Tras esta salida intempestiva, Werthein abrió la puerta a que el país directamente abandone el acuerdo: «Estamos reevaluando nuestra estrategia en todos los asuntos relacionados con el cambio climático», declaró.
«Lo que está haciendo el Gobierno es responder a la agenda globalista del negacionismo climático», señaló Mercedes Pombo, militante de Jóvenes x el Clima, quien advirtió que, a la vez, «esta negación de una realidad empírica como es la crisis climática descuida los intereses nacionales». Pombo subrayó que no estar en la Conferencia de las Partes «implica que los intereses argentinos no están representados en una instancia en la que se delibera, entre otras cosas, sobre el acceso al financiamiento climático necesario para la transición energética y para que esa transición impacte lo menos posible en nuestra economía».
Pombo describió cómo, a nivel doméstico, esto se traduce en políticas concretas de vaciamiento: «No solo hay un discurso del Gobierno que niega el cambio climático desde lo simbólico, sino que se intentan flexibilizar las principales leyes que tenemos en Argentina en materia ambiental, como la Ley de Bosques, la de Glaciares, la de Manejo del Fuego, entre otras». La activista de Jóvenes x el Clima también se refirió a «un desfinanciamiento sistemático de organismos estatales fundamentales tanto para la protección de ecosistemas como para prevenir fenómenos climáticos extremos». El abogado ambientalista Enrique Viale afirmó que «los negacionistas del cambio climático están muy financiados por la derecha republicana norteamericana y por las grandes petroleras, que buscan negar que el ser humano es el causante del cambio climático para seguir contaminando sin ningún límite». Por eso, consideró fundamental recordar que, en 2019, a instancias de Fernando «Pino» Solanas, Argentina sancionó su Ley Nacional de Adaptación y Mitigación al cambio Climático Global. «Trump era presidente, estaba retirando su apoyo al Acuerdo de París y con Pino hablábamos de lo importante que era tener una ley que convirtiera en política pública la lucha contra el cambio climático, ante un eventual negacionista como ahora lo tenemos a Milei», describió Viale, coautor, entre otros libros, de La naturaleza sí tiene derechos (Siglo XXI).
El abogado destacó también que esta norma «tiene obligaciones muy concretas para todos los poderes del Estado» y que «violar esa ley podría configurar el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».
