5 de diciembre de 2024
Llegando al año de gestión del actual Gobierno, se consolida de forma cada vez más nítida una economía que opera a distintas velocidades, tanto en lo referido a los sectores productivos como a los ingresos de la población. En una coyuntura que sigue sin mostrar recuperación general de la actividad según el último EMAE, vemos un puñado de sectores dinámicos (especialmente los ligados a la minería, los hidrocarburos y la actividad agropecuaria), al mismo tiempo que se siguen registrando caídas de actividad muy pronunciadas en rubros clave en materia de producción agregada y empleo, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio.
Esta heterogeneidad también ocurre cuando analizamos los ingresos. Si bien todos los sectores pierden en la medición interanual contra la inflación, los asalariados formales del sector privado casi «empatan» al IPC, mientras que los trabajadores informales sufren una caída mayor. Por su parte, los empleados públicos registran el desplome más significativo, con una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%. En el mismo sentido, por efecto de la «motosierra» gubernamental, las jubilaciones también se han ajustado por debajo de la inflación.
Todo esto sucede bajo la gestión de un Gobierno que solo se concentra en algunas variables macroeconómicas, asumiendo que cada sector se irá reacomodando a un escenario de menor consumo, baja competitividad externa y apertura importadora. Por un lado, el presidente sostiene que «no es necesario» hacer políticas diferenciadas entre pymes y grandes empresas, lo cual se refleja por ejemplo en la inexistencia actual de programas de crédito pyme. A la vez, enfatiza que «la mejor política industrial» consiste simplemente en tener «una buena política fiscal y monetaria». Es preciso aclarar que estos lineamientos son exactamente opuestos a las políticas que han impulsado el desarrollo productivo de los países más avanzados. Incluso cuando revisamos las estrategias recientes de Gobiernos de países centrales, la política industrial (en forma de subsidios, aranceles o restricciones a la importación) tiene una gran vigencia, en el marco de una situación geopolítica compleja.
Este escenario permite presuponer cuáles serán los efectos de profundizar políticas liberalizadoras indiscriminadas en nuestro país, siendo esperable que en el tiempo se amplíen las desigualdades entre los sectores productivos y donde las pymes sean las más afectadas. Es posible avizorar que esto también se replique en los salarios, considerando las evidentes disparidades en el poder de negociación entre trabajadores bajo convenios colectivos y aquellos más desprotegidos.
El gran interrogante de la Argentina soñada por los libertarios es, entonces, la sostenibilidad social de un país con menos pymes, menos empleo, con rentabilidades más concentradas y un deterioro permanente de la calidad de vida para las mayorías.
