El programa de Participación Público-Privada (PPP) consagra la retirada del Estado, otorga ventajas y garantías a los grandes grupos que invierten en infraestructura y deja de lado a pymes del sector. Enarsa, con luz verde para desprenderse de sus activos.
24 de enero de 2018
El gobierno nacional puso en marcha lo que definió como «el proyecto de infraestructura más ambicioso y transparente en la historia del país» y una «nueva alianza entre el Estado y el sector privado». Con la excusa de las «graves deficiencias» de infraestructura, el plan de obras consagrará una amplia delegación de facultades y prerrogativas en favor de contratistas y financistas. El programa de Participación Público-Privada (PPP) asegura a los grupos empresarios involucrados, a la par de la retirada estatal, un conjunto de ventajas y garantías para sus negocios.
En el proyecto de la Ley de Presupuesto 2018 se incluyeron 52 proyectos bajo el nuevo régimen de PPP (la ley Nº 27.328) en los sectores de Rutas y Autopistas, Agua y Saneamiento, Ferrocarriles, Transmisión Eléctrica, Viviendas, Complejos Penitenciarios y Hospitales. La mayor parte de esos emprendimientos –que en total suman unos 26.000 millones de dólares– comenzará a ejecutarse este año, con un porcentaje de avance de hasta el 33% y con finalización en 2020.
La Ley de PPP, sancionada en noviembre de 2016 y reglamentada un año después, estableció un nuevo régimen para celebrar acuerdos entre los órganos y entes que integran el sector público nacional y sujetos privados o públicos, con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica. Esos proyectos podrán desarrollar una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento.
Cambios
Por su alcance y características, el exdiputado Carlos Heller sostuvo durante su tratamiento que es una ley privatizadora, solicitada por las grandes multinacionales y que en vez de PPP debería llamarse PPSN (Proyecto de Pérdida de Soberanía Nacional). El legislador hizo alusión así a aspectos tales como la «lesiva cláusula de resolución de litigios en tribunales extranjeros» o la garantía a los privados de una «utilidad razonable», lo que extendería criterios de rentabilidad empresaria a los bienes de dominio público.
La nueva modalidad –vigente desde hace años en Chile y Uruguay– constituye una alternativa a la obra pública tradicional, que se paga con fondos del tesoro nacional a medida que se certifica el avance de los trabajos. En el caso de los acuerdos PPP, el contratista asume el financiamiento de la construcción de la obra, que el Estado pagará en la etapa posterior de mantenimiento. A tal fin se garantizan las obligaciones con un fideicomiso público creado en el mismo Presupuesto 2018.
El plan para rutas y autopistas es el más avanzado, a mediados de enero se lanzó el primero. Abarca más de 3.500 kilómetros en seis corredores, sobre las rutas nacionales 3, 5, 7, 9, 11, 33, 34, 193, 205, 226, A012 y A008, y las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas. Para los distintos corredores se prevé un contrato de 15 años (incluye la obra y la posterior operación y mantenimiento), con posibilidad de prórroga de un año, en donde cada oferente cotizará un monto anual en dólares que percibirá en 2024 como contraprestación por las obras principales. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, destacó que los proyectos bajo su órbita cuentan con el apoyo financiero de los organismos internacionales de crédito; mientras que el subsecretario de PPP, José Luis Morea, detalló que el sector privado financiará las obras a través del mercado o de préstamos de organismos multilaterales.
El fideicomiso PPP tendrá como fuentes primarias de fondeo el flujo de fondos del impuesto sobre el gasoil destinados al Sistema Integrado Vial y el excedente de recaudación por tránsito de ciertos proyectos. La eventual insuficiencia de esas fuentes será paliada por el Estado nacional, que se comprometió a realizar aportes contingentes en caso necesario.
Los estudios de abogados que asesoran a los grandes contratistas destacan que ciertos riesgos propios de estos tipos de proyectos fueron considerablemente disminuidos mediante la ley PPP. Para la oposición, la implementación del PPP busca facilitar la llegada de inversiones extranjeras, con un alto costo, ya que el sector público nacional se compromete a ceder la titularidad de bienes y a conceder derechos de uso y/o explotación de bienes del dominio público y/o privado. Y con un riesgo mayor: es un paso que posibilitaría la privatización de los bienes del Estado y de la provisión de servicios públicos. A esto se suma que el PPP no otorga explícitamente prioridad a las pequeñas y medianas empresas, quitándoles a los contratistas la obligación de contratar directa o indirectamente al sector de las pymes.
La experiencia de los PPP viales dará paso al resto de los proyectos, previa intervención de la Subsecretaría de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas. Los principales argumentos oficiales, se descuenta, aludirán al «interés público» de estos contratos, frente a otras alternativas contractuales disponibles tal como la obra pública, y a las «restricciones presupuestarias», que abrirán las puertas a la nueva patria contratista.
