13 de enero de 2025
La desregulación en la comercialización de medicamentos de venta libre representa una grave falla en el control. Automedicación, ausencia de inspecciones y primacía de intereses comerciales.
Autoprescripción. Es uno de los riesgos de que los medicamentos estén a la mano en cualquier supermercado. Su uso debe ser responsable.
Foto: Shutterstock
La reciente publicación del Decreto 1024/2024 en el Boletín Oficial encendió alarmas entre los profesionales de la salud. La normativa introduce cambios en la venta de medicamentos de venta libre, permitiendo su exhibición en góndolas dentro de farmacias habilitadas y también en supermercados y kioscos. Desde el sector denuncian que estas modificaciones representan un grave retroceso en la seguridad sanitaria, con implicancias que podrían afectar de manera directa a los sectores más vulnerables de la población.
El Decreto 1024/2024 modifica la reglamentación de la Ley N°17.565 y habilita que los medicamentos de venta libre puedan ser exhibidos en góndolas en farmacias, con ciertas restricciones: deben estar en caja cerrada, incluir prospecto, y su venta estará limitada a mayores de 18 años que presenten su DNI. En cuanto a comercios como supermercados o kioscos, la normativa permite la comercialización de productos como analgésicos y antiácidos, aunque la autoridad de aplicación podría ampliar esta lista en el futuro.
Medida ineficaz
Para los farmacéuticos, la disposición es una vuelta atrás a políticas que ya demostraron ser ineficaces y peligrosas. Rubén Sajem, presidente del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), en diálogo con Acción, recuerda que «esta es una medida que ya había tomado Cavallo hace 30 años, con el decreto de regulación 2284/91 que permitía que los medicamentos de venta libre se comercializaran en supermercados e incluso en pequeños stands dentro de estos establecimientos. Durante 18 años surgieron problemas: medicamentos adulterados, robados y mal conservados, todo fuera del circuito formal», explica Sajem.
Entre los casos más graves, menciona el hallazgo de jarabes infantiles adulterados en una feria de Misiones, medicamentos robados que se distribuían en kioscos y productos vencidos con fechas de caducidad alteradas. «Era imposible garantizar un control o trazabilidad de esos medicamentos. No había nada, todo estaba librado al azar», afirma.
En 2009, tras años de denuncias y situaciones irregulares, se sancionó una ley que restringió la venta de medicamentos únicamente a farmacias y bajo estricta supervisión. «En una farmacia hay inspecciones del Ministerio de Salud y se revisan vencimientos, conservación en heladeras, facturas de compra, todo. En un kiosco, esto no sucede y los colegios farmacéuticos no tienen autoridad para controlar esos lugares», agrega el profesional.
Ningún beneficio
La reintroducción de medidas que flexibilizan el acceso a medicamentos sin supervisión genera preocupación. «Lo que están proponiendo ahora es un retroceso; se quiere volver a permitir que los medicamentos de venta libre se comercialicen en cualquier establecimiento, incluso que estén en góndolas y esto no tiene ningún beneficio porque las personas compran en base a la publicidad, no al conocimiento», sostiene Sajem y advierte además sobre los riesgos de la automedicación: «Un analgésico como el ibuprofeno tiene indicaciones específicas, pero la gente lo usa para cualquier dolor que vea mencionado en un anuncio», y enfatiza que «esto es peligroso porque los medicamentos no son suplementos dietarios; son productos que requieren un uso responsable».
En comercios. Los medicamentos de venta libre –analgésicos y antiácidos– puedan ser exhibidos en supermercados o kioscos.
Foto: Horacio Paone
Además, apunta que esta mercantilización de la salud afecta principalmente a los sectores más vulnerables. «La gente con menos acceso a atención médica compra medicamentos basándose en la publicidad, pagando precios elevados por productos que a veces no necesita o no usa correctamente. Irónicamente, el sector más pobre gasta en medicamentos casi lo mismo que los sectores más ricos, pero sin la misma calidad de atención. Esto refleja un grave déficit en el sistema sanitario», asegura Sajem.
Diagnóstico
Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), coincide en el diagnóstico, manifiesta también su preocupación y critica la pérdida de controles que supone la nueva normativa. «La venta de analgésicos y antiácidos fuera de las farmacias va en contra de la lucha contra la automedicación y del control seguro de los medicamentos. Antes había un seguimiento claro: cada eslabón de la cadena estaba supervisado por un profesional responsable, garantizando la calidad, conservación y autenticidad del producto. Ahora, con estas nuevas medidas, perdemos todos estos controles. Esto nos hace retroceder décadas en términos de seguridad», sintetiza Pesenti.
Sajem también cuestiona el impacto de esta desregulación en el modelo sanitario. «Hay 13.000 farmacias en todo el país por donde pasan 45 millones de personas cada mes. Estos son establecimientos donde no hay barreras socioculturales. Con estas medidas, se desarticula esa dinámica», dice, y se pregunta «cuál es el modelo sanitario que se persigue» y «dónde está el beneficio para alguien que necesita un medicamento y no tiene la posibilidad de una consulta médica».
Para el especialista, las consecuencias son claras. «Va a haber un aumento en los riesgos sanitarios, problemas con medicamentos adulterados, falta de control… No es algo nuevo, pero parece que no aprendemos. Vamos a ver publicidades de medicamentos sin ningún tipo de regulación, con personajes famosos recomendando desde una pomada hasta remedios para el resfrío. El Estado está para regular y si se están haciendo las cosas mal, es su responsabilidad intervenir», concluye Sajem.
Lejos de ser una medida innovadora, la desregulación de los medicamentos de venta libre revive problemas del pasado y mientras los farmacéuticos alertan que el decreto prioriza intereses comerciales sobre la salud pública, la nueva normativa deja en riesgo a millones de personas y al Estado, una vez más, ausente de su rol como garante de un acceso seguro y responsable a los medicamentos.