Con un llamado a licitación nacional e internacional el Ejecutivo porteño pone fin a 25 años de gestión de la empresa Metrovías, pero solo para concesionarla nuevamente a privados. La oposición y el sindicato del sector reclaman la reestatización del servicio.
8 de febrero de 2018
En noviembre pasado el jefe de Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para volver a entregar la concesión de la red de subterráneos porteños a privados por un plazo de hasta 15 años, desoyendo los tres proyectos que la oposición presentó para reestatizar el servicio. La aprobación de la ley –según denuncias de la oposición, sin respetar los procedimientos ni la mayoría necesaria–, y el consiguiente llamado a licitación nacional e internacional pondrá fin a 25 años de explotación de la red a cargo de Metrovías, la empresa del Grupo Roggio, pero solo para entregarla a empresas europeas que gestionan los subterráneos de las ciudades más grandes del mundo. De acuerdo con lo expresado por el titular del Ejecutivo porteño y sus funcionarios, la iniciativa privatista tiene como eje «optimizar el uso de recursos y recortar el gasto público». En la actualidad –en manos privadas– las transferencias a Metrovías por parte del gobierno porteño rondan los 3.000 millones de pesos en concepto solo de boletos, mientras que en 2017 la inversión destinada a la red de subterráneos alcanzó el 3,5% del presupuesto porteño. Entonces, ¿cómo piensa el Ejecutivo de la ciudad disminuir las erogaciones destinadas al operador privado? Muy sencillo, aumentando progresivamente el boleto hasta emparejarlo con el precio de la «tarifa técnica», entendida como lo que le cuesta a la empresa cada viaje. Desde que el gobierno porteño se hizo cargo del servicio, en 2012, el boleto de subterráneo –contando la suba de abril de este año– tendrá un incremento acumulado del 1.000%. En ese mismo período, el pasaje habrá aumentado ocho veces más que la inflación y siete más que el salario (147% y 161%, respectivamente).
Subsidios y algo más
En muy pocos países la gestión de la red de subterráneos está en manos privadas. En Nueva York, Berlín, Madrid, París, Barcelona, el subterráneo es un servicio público operado por el Estado de la ciudad. En Buenos Aires, la responsabilidad sobre la red de subtes es compartida por la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), que proyecta y realiza obras (desde material rodante hasta mantenimiento de estaciones), y Metrovías, que se encarga de poner en funcionamiento las formaciones. Así, es el Estado porteño quien hace las obras y convoca a un privado solo para que administre el servicio. Joaquín García, secretario de Coordinación Nacional e Internacional de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) señaló que «el proyecto de Cambiemos implica que el Estado va a seguir haciéndose cargo de las inversiones y el operador privado –nacional o extranjero– se va a llevar las ganancias. Un negocio redondo para las empresas, pero no para los vecinos ni los usuarios». «El transporte en las grandes urbes es un derecho, no una mercancía. Este concepto es una diferencia de paradigma», sostuvo Roberto Beto Pianelli, titular de Agtsyp. «Los derechos universales consagrados son la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Aquel que en las grandes urbes no tiene acceso al transporte no tiene acceso a los demás derechos. Por eso pedimos la reestatizacion del servicio».
