7 de febrero de 2025
La orden de deportaciones masivas se inscribe en la tradición estadounidense de disciplinar a los países latinoamericanos. Vulneración de derechos y alarma global. Los casos de México y Colombia.
De regreso. Arribo a Bogotá de un vuelo con 105 migrantes, entre ellos 21 menores de edad, el 29 de enero.
Foto: NA
El cambio de régimen en Estados Unidos y la nueva política contra la migración ha despertado alarmas, más que justificadas, entre los presidentes latinoamericanos que verdaderamente gobiernan pensando en sus pueblos. La preocupación ha llegado, incluso, hasta las más altas esferas del mundo como el Vaticano y la ONU.
Los decretos firmados por el nuevo presidente republicano en las primeras horas de su mandato son una muestra inequívoca de que la suya no es una administración más. Donald Trump, como él mismo ha reiterado, se propone refundar el imperio estadounidense, restaurar la supremacía de la raza blanca y redirigir el nuevo orden mundial.
Es fundamental entender que, desde su misma fundación, los dirigentes norteamericanos tuvieron claro que para lograr su ambición de ser potencia debían someter y dominar al resto del continente. Destino manifiesto, Doctrina Monroe, OEA, ALCA muchas han sido las herramientas que la Casa Blanca ha inventado para lograr ese fin. Trump, en una situación de transición hegemónica mundial y crisis de su país, está dispuesto a poner toda la carne al asador.
«Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas», dijo el magnate-presidente en su discurso de posesión el 20 de enero. «Con estas acciones comenzaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Primero, declararé la emergencia nacional en la frontera sur (…) y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron».
La denigración del sujeto latinoamericano –acusado por Trump de comer perros y gatos; de asesinar; de «provenir de prisiones o instituciones psiquiátricas»; y hasta de «envenenar la sangre de nuestro país» (sic)– forma parte de ese malicioso e intrincado «sentido común» que, por un lado, justifica el racismo y la cacería humana que ha desatado la Casa Blanca y, por otro, hace que el pueblo norteamericano blanco culpe de sus frustraciones a los inmigrantes y no a las políticas globalistas neoliberales.
Avance extremo
Como todo dirigente con aspiraciones fundacionales, Trump busca perpetrar en los primeros días y aceleradamente las acciones legales e ilegales que le permitan avanzar en su objetivo. El 22 de enero, 48 horas después de asumir tuvo su primer éxito legislativo: la ley Laken Riley, que motoriza la deportación de migrantes indocumentados y permite las detenciones por perfil racial.
Un dato político importante: el Partido Republicano contó con el voto de 46 legisladores demócratas que antes de las elecciones se oponían a estas medidas, una muestra más de la profunda crisis que atraviesa el partido opositor y la derechización de la dirigencia política estadounidense.
La ley, aprobada por 263 votos a favor y 156 en contra, tiene el nombre de una estudiante de enfermería de 22 años, asesinada en febrero de 2024 por un migrante indocumentado en el estado de Georgia. El crimen conmocionó a la sociedad. Quienes defienden esta ley alegan que, si el asesino hubiera sido expulsado por sus crímenes anteriores, Laken Riley estaría viva. Sostienen, además, que estas medidas aumentan la seguridad ciudadana.
Esta lógica activó actitudes extremistas como las de Justin Keen, diputado republicano de Mississippi, quien presentó el «Programa de Cazarrecompensas de Extranjeros Ilegales Certificados», al estilo de los viejos cowboys. Según la propuesta, se pagarían 1.000 dólares por cada denuncia ciudadana que termine en una repatriación exitosa.
Sin embargo, hay una numerosa parte de Estados Unidos que no adhiere a la persecución antiinmigratoria. Muchos argumentan que estas acciones contradicen los valores democráticos y constitucionales estadounidenses y violan la presunción de inocencia de los detenidos. Ciudades como Chicago se han negado a realizar redadas y 22 de los 50 estados no quieren aplicar la mencionada ley. La respuesta de Trump fue firmar decretos negando financiamiento federal a las llamadas «ciudades santuarios» (protegen los derechos de migrantes) y ordenó a los fiscales federales a perseguir, investigar y procesar a todos aquellos funcionarios estatales y municipales que no colaboren con la deportación masiva.
Guantánamo. Frente de la prisión naval de EE.UU. en Cuba, donde abundan las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Foto: Getty Images
Respuesta regional
Se calcula que en Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes sin papeles, la mayoría latinoamericanos, especialmente de México, Brasil, Colombia, República Dominicana y Ecuador.
Desde las primeras acciones, Trump mostró su predisposición a la violencia. El lunes 3 de febrero, el Pentágono comunicó que «marines asignados al Primer Batallón habían llegado a Guantánamo (Cuba)» para reacondicionar las cárceles y alojar allí a, al menos, 30.000 indocumentados. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó como un «acto de brutalidad» el encerrar a «migrantes expulsados forzosamente» en las «conocidas cárceles de tortura y detención ilegal» de Guantánamo «territorio de Cuba ilegalmente ocupado».
Por otra parte, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos anunció redadas en escuelas, hospitales e iglesias del país. Muchos de los deportados fueron trasladados esposados y en aviones militares a nuestra región. Esto provocó la inmediata reacción de algunos presidentes como la mexicana Claudia Sheinbaum, el colombiano Gustavo Petro y la hondureña Xiomara Castro.
En todos los casos las crisis diplomáticas se resolvieron en forma rápida aunque transitoria. En el caso de Petro, el mandatario se negó a recibir a los colombianos esposados y en aviones de Estados Unidos. Trump aumentó la apuesta con los clásicos castigos y sanciones de Washington. Petro anunció medidas de reciprocidad, pero el domingo ambas cancillerías lograron un acuerdo.
«Escalar en forma extrema para poder desescalar», es la premisa de Trump. Fuentes periodísticas de Colombia aseguran que, aunque Estados Unidos y la prensa colombiana opositora a Petro muestran el caso como un éxito de Trump, lo cierto es que los connacionales deportados llegaron en aviones colombianos y sin esposas. Muchos de ellos, no obstante, estaban visiblemente golpeados y desnutridos.
En cuanto a México, la presidenta informó el lunes que, en una conversación telefónica con su par norteamericano, acordaron crear equipos de trabajo en los campos de seguridad (México reforzará la frontera con 10.000 efectivos de la Guardia Nacional) y comercio (Estados Unidos no pondrá aranceles a México en febrero).
Para someter a Centroamérica, la Casa Blanca envió a un halcón, el secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Sus principales objetivos «detener la migración ilegal y contrarrestar a China».
La primera visita de Rubio fue exitosa: consiguió del presidente panameño José Raúl Mulino «el área de la pista de aterrizaje en la zona del Darién» para que Estados Unidos lleve a los deportados venezolanos, colombianos y ecuatorianos y, más importante aún, la promesa de que Panamá no renovará su acuerdo con China sobre la «ruta de la seda para ampliar el intercambio comercial».
Esta renuncia de Panamá afectaría a la zona del canal bioceánico por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial y 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos. La concesión de las vías que unen al Pacífico con el Atlántico –y esta es la gran preocupación de Estados Unidos–, la tiene, por ahora, una empresa de Hong Kong.
Hay aún muchas decisiones conflictivas por atravesar como el intento de Trump de anular el derecho de «ius solis» (la ciudadanía estadounidense para los niños nacidos en Estados Unidos aunque sus padres sean indocumentados) a través de un mero decreto y no, como correspondería, modificando la Carta Magna.
Han pasado apenas 15 días. Queda mucho por delante. Aunque América Latina no es el único blanco, nuestra región será la más castigada. La falta de una unión regional sólida y duradera nos vuelve más vulnerables. Es urgente revertir esa falla porque son muchos los peligros.
