En el inicio de las negociaciones paritarias, se profundiza la puja entre el gobierno, que intenta fijar una pauta de aumento por debajo de la inflación, y los sindicatos, que no se resignan a aceptar una rebaja en el poder adquisitivo de los trabajadores.
28 de febrero de 2018
La temporada 2018 de las negociaciones paritarias tiene en el centro de su trama la pauta del 15% que quiere imponer el gobierno, el reemplazo de la cláusula gatillo por un «compromiso de reabrir las discusiones», el grado de urgencias salariales de los trabajadores y la voluntad política para una disputa gremial que permita no convalidar un año de retroceso salarial. Como telón de fondo, aparecen una nueva ola de despidos en el Estado y la profundización de la estrategia del ajuste fiscal. El escenario está dado por el impacto que unas negociaciones salariales a la baja podrían tener sobre las ventas, la producción y el empleo del entramado pyme nacional.
A fines del año pasado, el gobierno estableció una nueva meta de inflación del 15% para 2018. Uno de los objetivos fue contar con una medida más o menos creíble para intervenir en el movimiento que tendrían los salarios. Las paritarias son libres, sí, pero el juego del gobierno tiene mucho peso, sobre todo en un escenario de fuerte hostigamiento judicial y mediático a la dirigencia sindical. Sin embargo, rápidamente esa meta quedó obsoleta. Desde aquel anuncio oficial, la suba del dólar superó el 10%, el transporte público lo hizo en un 33%; la nafta avanzó un 8%; la luz y el gas, 20% y 155% respectivamente; las prepagas, un 4% y lo propio hicieron peajes, celulares y demás bienes de consumo masivo. La inflación oficial de enero fue del 1,8% y se espera que para febrero el alza de los precios ronde el 2,5%. Los economistas oficialistas descreen que la inflación este año quede por debajo del 20%.
Con una ayudita de mis amigos
En la «operación paritarias», el gobierno hasta ahora obtuvo buenos resultados, al menos desde el punto de vista comunicacional. Las dos primeras paritarias firmadas del año fueron empacadores, que cerraron una suba del 15% en el básico y de un 22% en el premio por productividad, y aceiteros del departamento de San Lorenzo, que acordaron a partir del 1º de enero un incremento del 15% y un nuevo nivel por presentismo de 2.838 pesos por mes. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apuró dos firmas en gremios alineados con el macrismo. La Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos renovó el convenio colectivo con un 15% de incremento que se abonará en dos tramos de 8% y 7% en agosto próximo y febrero de 2019. El acuerdo se firmó el viernes 9 de febrero, cinco meses antes de que venciera el convenio 2017. El Sindicato de Trabajadores de Remises y Autos al Instante también aceptó una mejora anual del 15% desde abril.
Pero el primer paso importante de las paritarias 2018 llegó con la firma del acuerdo de Obras Sanitarias, con una suba del 15% a pagar un 7,5% en abril y la otra mitad en septiembre. Incluye una mejora del 2,8% que se cobra desde enero en compensación por el retraso de los salarios frente a la inflación del año pasado, a pesar de que el acuerdo 2017 no contempló una cláusula gatillo.
Mientras un par de negociaciones iniciales se desarrollaron en sintonía con el deseo oficial, las grandes paritarias que definen el rumbo de los acuerdos están empantanadas. Se trata de los docentes y bancarios, que rechazaron de lleno la opción del 15% sin cláusula gatillo. En el caso de bancarios, la oferta de las cámaras patronales fue del 9%, rechazada en forma contundente por el gremio que puso en marcha un plan de lucha.
Otra negociación que asoma como complicada es la de estatales. Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, evaluó que «el aumento no puede ser menor al 20% y debe haber cláusula gatillo. De todas formas, los despidos son tan groseros que se complica ponerle toda la energía a lo salarial. Este año la inflación va a superar el 20% y es importante que no se produzca otra baja en el poder adquisitivo».
El cumplimiento del techo del 15% sin cláusula gatillo parece una tarea complicada para el gobierno. Uno de los factores que explican esa dificultad es el convencimiento de que implicaría un recorte en el poder adquisitivo del salario: en el acumulado de 2016 y 2017, la inflación observada superó en 20 puntos porcentuales a la prevista por el Banco Central. En 2016 se predijo entre un 20% y un 25% y los precios avanzaron un 41%, mientras que el año pasado la meta del 17% se quedó corta por casi 8 puntos porcentuales. Con esos antecedentes, es difícil confiar en el cumplimiento de la nueva pauta.
Pero además, el resultado negativo en términos salariales en los dos años de gestión de Cambiemos agrega presión a la actual negociación. El Instituto Estadístico de los Trabajadores (CITRA-UMET) calculó que en promedio el salario real creció un 2,3% el año pasado, con lo cual no logra compensar la baja del 5,3% registrada en 2016. En suma, el poder de compra del salario de los trabajadores formales exhibía en diciembre pasado una baja del 4,2% en relación con noviembre de 2015. Para los economistas del CIFRA (CTA), la caída del salario real en 2016 fue del 6% y la recuperación en 2017 fue del 2%.
Sin cláusula
Según la información recopilada por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (UNDAV), entre los gremios grandes el más favorecido fue aceiteros, con acuerdos del 44,1% y 26% en los últimos dos años (una mejora real acumulada del 3,2%). Le sigue construcción, con subas del 38,5% y 25,3% y un resultado final negativo del 1,4%. Un escalón más abajo está telefónicos, con una merma acumulada del 3,5% en ese período; bancarios, con una baja del 4,3% y gráficos, con una caída del poder adquisitivo del 4,7%. Luego está comercio (-4,9%), alimentación (-5,9%), trabajadores rurales (-6,4%), estatales (-7,1%), petroleros (-7,8%), transporte (-8,5%), gastronómicos (-9,1%) y textiles (-9,9%).
Remiseros. Un acuerdo logrado por Triaca. (Télam)
«El gobierno quiere imponer el techo del 15% para seguir bajando el salario, porque la inflación va a estar en el 24%. Nosotros venimos perdiendo desde que asumió Cambiemos casi 10 puntos del salario. Con ese criterio deberíamos pedir una recomposición del 34%», dijo el secretario general de los metrodelegados, Beto Pianelli.
Una de las herramientas que permitió contener en 2017 el deterioro salarial fue la cláusula gatillo, un «error» que el gobierno ahora no quiere repetir. En bancarios, el sueldo de enero incorporó una suba adicional del 5,3%; en los estatales, el aumento adicional que se negocia es del 4,8%, y los empleados de comercio acordaron una mejora del 6%. La cláusula de sanidad consiste en asegurar una mejora de dos puntos sobre la inflación, con lo cual la suba adicional es del 3,8%, al igual que la mejora conseguida por los encargados de edificios. También operó la cláusula en empleados del caucho y podría haber adicionales en construcción y alimentación. Ahora el gobierno busca incluir una cláusula de revisión paritaria a los nueve meses. «Algunos gremios tuvieron cláusula gatillo pero muchos no. En nuestro caso siempre tuvimos cláusula de revisión, que supone que luego de una determinada cantidad de meses, si las variables macroeconómicas tienen una modificación sustantiva, se reabre la discusión», señaló el secretario adjunto de FOETRA (telefónicos), Claudio Marín.
Walter Correa, secretario general del gremio de los curtidores, considera que «en el sector industrial va a ser una negociación muy difícil. Las pymes están pasando un mal momento por las importaciones, los tarifazos y la baja del consumo interno. Igualmente, nosotros desconocemos esta pauta del 15% porque los propios economistas cercanos al gobierno pronostican una inflación por arriba del 20%».
La posición oficial frente a la recomposición del poder adquisitivo del salario denota una forma de entender a la economía argentina. En la visión neoliberal, el salario es básicamente un costo que las empresas deben moderar para lograr una mejora de la competitividad. El aumento de la ganancia empresarial impulsaría la contratación de personal y, con ello, la reactivación. En cambio, las corrientes de pensamiento heterodoxas enfatizan que la economía argentina se basa en el funcionamiento del mercado interno, en donde la evolución del salario real define hacia dónde se mueven las ventas, la producción e incluso la inversión de las empresas nacionales. En los últimos dos años, la baja acumulada del salario real, del orden del 4%, tuvo una repercusión negativa a nivel macroeconómico. La industria nacional, mayormente mercadointernista, ilumina la discusión: acumula en dos años una caída del 3%.
