9 de abril de 2025
La criptoestafa se investiga en dos causas. Nuevos querellantes, disputas por la competencia de los tribunales y un futuro incierto para el presidente y su hermana, entre otros imputados. Se suma el Congreso.
A la sombra. El impulsor de $Libra fue el estadounidense Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures. Se reunió con Milei y dijo ser su asesor.
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Crece el criptoescándalo y la situación judicial del presidente Javier Milei está cada vez más comprometida. El jefe de Estado es investigado en dos causas sobre el caso $Libra en las que la Justicia requirió medidas de prueba que lo involucran de manera directa en la pesquisa. También aceptó a damnificados como querellantes.
Asimismo, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora y se suma al esclarecimiento del caso.
Uno de los expedientes que complica al presidente tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y está a cargo de la jueza María Servini, quien delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. Se trata de una causa que nuclea una decena de denuncias que hubo contra Milei por su rol en la presunta estafa del memecoin $Libra. En el marco de esta investigación, Taiano ya analiza la evolución patrimonial del primer mandatario y de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, a quien se acusó de pedir dinero para coordinar reuniones con el jefe de Estado.
¿De qué se acusa al presidente? De haber sido parte de una criptoestafa con el lanzamiento del token $Libra que tuvo al menos 40.000 damnificados y dejó en manos de muy pocas personas más de 100 millones de dólares.
A Milei se lo denunció por tuitear sobre $Libra casi al mismo instante en que se lanzaba el memecoin. Su posteo sirvió para darle impulso al token y así potenciar su adquisición por parte de terceros. El posteo presidencial implicó que la cotización de $Libra se disparara. Pasó de valer US$ 0,01 a poco menos de US$5, según precisó el fiscal Taiano. Pocas horas después, esa cotización se desplomó «debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a información privilegiada respecto del lanzamiento, lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de unas pocas “wallet addresses”», señaló el fiscal.
El interrogante que busca despejar la Justicia es si Milei obtuvo algún tipo de beneficio en esta maniobra. El impulsor del token $Libra fue el estadounidense Hayden Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures, quien mantuvo reuniones con Milei y dijo en declaraciones públicas que era asesor del presidente en materia cripto y que tenía en su poder los mentados 100 millones de dólares. Aseguró que pertenecen a la Argentina.
El 13 de marzo pasado, Taiano le pidió asistencia a la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) del Ministerio Público Fiscal, María Fernanda Bergalli, «para elaborar una propuesta de medidas, a efectos de reunir la información necesaria para realizar un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el año 2023 hasta el presente». Los últimos tres fueron señalados como los intermediarios entre el Gobierno y Hayden Davis.
Conflicto de competencia. La jueza Arroyo Salgado pretende que Servini se «inhiba de continuar interviniendo» y continuar ella con las pesquisas.
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Encuentro tecnológico
Novelli cuenta con diversos ingresos a Casa Rosada y la Quinta de Olivos, donde todo indica que se reunió con Karina Milei, además, sería socio de Terrones Godoy, con quien impulsó el Tech Forum, un encuentro tecnológico que se realizó el pasado 19 de octubre en el Hotel Libertador en el que disertó el presidente y al que concurrieron funcionarios del Gobierno y todos los acusados en la criptoestafa.
Estuvieron sentados en lugares de privilegio Hayden Davis y su padre Charles Thomas Davis, presidente de Kelsier Ventures, quien estuvo preso por estafa en los Estados Unidos; y Julian Peh, CEO de Kip Protocol, también vinculado con el impulso del memecoin. Por su parte, Morales es socio de Terrones Godoy y fue asesor en la Comisión Nacional de Valores, cargo al que renunció tras el estallido de este escándalo.
Taiano también solicitó a la Sifrai colaboración para recabar «información que permita localizar e identificar activos vinculados con la maniobra investigada, con el objeto de evaluar su posible cautela».
En el marco de esta causa, la Cámara Federal porteña revirtió una decisión de Servini y ordenó el 20 de marzo que se acepte a tres damnificados como querellantes. Los tres son representados legalmente por Juan Grabois –el dirigente social es abogado– y los letrados Nicolás Rechanik y Carolina Palacin Roitbarg. Ahora actuarán como acusadores privados y podrán pedir medidas y realizar apelaciones para revertir resoluciones de primera instancia. Grabois festejó la decisión y calificó al criptoescándalo como «una estafa a cielo abierto».
El otro expediente por el caso $Libra, que se inició por una denuncia de Juan Ricardo Mussa, se encuentra en los tribunales federales de San Isidro donde es instruido por la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Interviene el fiscal Federico Iuspa. Como no puede haber dos investigaciones sobre un mismo hecho, la magistrada sanisidrense pretende que Servini se «inhiba de continuar interviniendo» y le remita el expediente para acumularlo a la pesquisa que tiene a su cargo. Para Arroyo Salgado, «es indiscutible que la conducta humana a investigar es la publicación del tuit, harto conocido» de Milei del 14 de febrero en el que impulsó el token $Libra. Dicho posteo, según comprobó Arroyo Salgado, el presidente lo hizo desde la Quinta de Olivos. Así lo constató a través de una respuesta de Casa Militar. La magistrada sostuvo que ese tuit es el «que dio apoyo, publicidad y visos de credibilidad al activo virtual». Como su juzgado es el que tiene jurisdicción sobre la residencia presidencial, afirma que la causa debe tramitar en los tribunales de San Isidro. Esta postura acarreará un conflicto de competencia que será zanjado por los tribunales de alzada.
Mientras se discute la competencia, Arroyo Salgado avanza con su pesquisa. El 25 de marzo requirió diversas medidas de prueba ya que a la maniobra del 14 de febrero sumó dos más: una del 15 y otra del 17 del mismo mes con operatorias similares en torno a $Libra. Según la jueza, «el caso $Libra ejemplificaría una maniobra de estafa cripto que combinaría estrategias de marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor de un token y, posteriormente, drenar las reservas (“rug pull”) seguido de una serie de “pump and dump”». En pos de intentar establecer el destino de los fondos, la magistrada le requirió al Departamento Técnico de la División Delitos Tecnológicos de la PFA que «realice la trazabilidad de los movimientos de las billeteras de criptomonedas vinculadas a la creación del token $Libra». A la par, aceptó a damnificados como querellantes.
Ante este escenario, en el que además se esperan novedades con las denuncias que se realizaron en el exterior y las que puedan producirse con la comisión investigadora de Diputados, queda claro que el frente judicial que se le abrió a Milei por el criptoescándalo se complejiza cada día más.
