28 de abril de 2025
El Gobierno recortó las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Pensiones canceladas, pedidos de revalidación, recortes y más trámites para percibir una asistencia insuficiente.
Marcha. Organizaciones que defienden los derechos de personas con discapacidad realizaron una concentración frente a Casa Rosada «en contra del ajuste», en marzo pasado.
Foto: NA
«Imbécil, idiota o débil mental» son los términos que decidió utilizar el Gobierno nacional para referirse a las personas con discapacidad mental. Sin embargo, esto que podría ser un error de la Agencia Nacional por la Discapacidad (Andis), desnuda un ensañamiento con un sector que representa para el Gobierno un gasto más a recortar y no personas que necesitan algún tipo de asistencia.
De allí que el presupuesto destinado para el área sea un 40% menor que el de 2024, y que se haya anunciado el recorte de 270.000 pensiones. Por eso, todas las alarmas se encendieron a partir del decreto 843 de noviembre 2024 que modifica los requisitos para acceder a las pensiones exigiendo un 66% de discapacidad, ser desempleado y no tener parientes que los puedan ayudar. Según las organizaciones que representan al sector, esto va en contra de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, a la cual Argentina adhiere. A pesar de esto, luego de la modificación, partieron más de 300.000 citaciones a provincias como Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.
Según Gabriela Troiano, presidenta de la Red por la Discapacidad (REDI) y exdiputada, la «trampa» reside en que esta revalidación será hecha bajo nuevas reglas, mientras que cuando fueron otorgadas «eran los mismos requisitos que para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), o sea, demostrar ser discapacitado».
La coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad (ACIJ), Belén Arcucci, explica que si bien «se utiliza una terminología discriminatoria y estigmatizante y términos médicos obsoletos, y obviamente es problemático que el propio organismo que tiene que promover los derechos de las personas con discapacidad sea quien los utiliza», agrega que existen otros problemas como el formato de la citación misma para revisar las pensiones: «Se hizo en domicilios muchas veces difíciles de encontrar. En forma escrita, lo que puede ser ilegible para muchas personas. Tampoco posee la suficiente información ni aclara los criterios a evaluar ni se sabe qué llevar».
Así surge la comparación de estrategias del Gobierno de Milei con lo hecho por Cambiemos en su momento: «Durante el macrismo se quitaron 200.000 pensiones. Pero han aprendido y ahora están enviando cartas documento que se dirigen al domicilio primario, no al último. Con lo cual, hay muchas citaciones que están llegando a los hospitales como al (neuropsiquiátrico de Temperley) Estévez, al que llegaron 280. Entonces, al no enterarse, no se van a presentar y pueden llegar a perder la pensión», analiza Troiano. Según los telegramas, en caso de no poder asistir a la citación, se deberá justificar la ausencia con hasta 24 horas de anticipación.
Además, Arcucci agrega que «los espacios (donde se realizan las auditorías) son reducidos, poco accesibles y con mucha gente. Claramente, no están para nada pensados para que asistan personas con discapacidad».
Sin anestesia. El presupuesto destinado para el área es un 40% menor que el de 2024, y se anunció el recorte de 270.000 pensiones.
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La indignación de las familias se resume con el testimonio de Rosa Roese, mamá de una niña con síndrome de down, que concurre al centro de día Ideharselas, en Morón: «Me llegó para hacer una auditoría como al 90% de los papás del centro. No entiendo cuál es el fin. ¿Por qué tenemos que pasar otra vez por esto, empezar de cero? ¿Por qué otra vez llevar todos los certificados? Si yo ya hice todo como corresponde en su momento. Mi hija tiene síndrome de down. No se revierte ni se modifica. Es algo que ella va a tener de por vida».
Nicolás Arroyo, influencer de Berazategui y administrador de la web de rock y metal «La venganza de los termos», se expresó molesto: «Yo estoy amputado de una pierna, me piden que lleve un certificado médico. ¿Qué puedo llevar yo más que mi persona? Me llegó la citación solo para controlar, otra vez, que sigo siendo desempleado y discapacitado. Mi certificado de discapacidad lo renové el año pasado. No sé qué esperan que haya cambiado en estos meses, ¿qué me haya crecido la pierna?».
Este ajuste, de 900.000 millones de pesos según lo estipulado en el presupuesto para este año, representa un duro golpe para su ya precaria situación económica: a pesar de que los 260.000 pesos en total –70% de una jubilación mínima– no cubren la canasta básica, significan una ayuda importante teniendo en cuenta que el 80% de las personas con discapacidad no puede acceder a un trabajo formal. Y es peor con el aumento de la desocupación que ha impactado especialmente en esta comunidad, con los despidos de 334 personas de Andis y otro tanto en el Inadi, únicos organismos que cumplían con el 4% del cupo exigido por ley. Pero, además, se estaría cortando la atención por parte de la obra social Incluir Salud, con ello el acceso a medicamentos y atención médica.
Ya durante el año pasado había comenzado la búsqueda de irregularidades. Sin embargo, las 150 personas detectadas que seguían cobrando estando fallecidas apenas representó el 0,6% de los 22.000 casos revisados durante 2024 y el 0,01% de un total de aproximadamente 1.200.000 pensiones en todo el país.
El día a día en medio del ajuste
Según distintos testimonios, los prestadores de servicios, como transportistas o distintos rehabilitadores, son los más afectados, con retrasos de hasta 9 meses en los pagos y una desactualización del 64% en los aranceles.
Pablo Molero, de Foro por la Discapacidad, que nuclea a gran parte de los prestadores, describe cómo esto afecta a las familias: «Los transportistas, como no pueden cubrir ni siquiera el costo del combustible, muchos han dejado de dar ese servicio. Esto genera que los padres tengan que buscar otra forma de llevar a sus hijos a los colegios o a distintas actividades, afectando el ritmo normal de las familias porque de repente tienen que atender a estas personas que ahora están en sus casas o tienen que llevarlas a las terapias», y agrega que muchos chicos directamente «dejaron de ir siempre o algunos días. Por ejemplo, quienes necesitan rehabilitación van espaciando la atención y sus casos involucionan».
Verónica Aguiar, maestra de educación especial de zona oeste, hace foco en la gravedad de esto último: «Una persona con discapacidad tiene con el CUD el derecho a que su obra social le cubra distintas prestaciones, entre las cuales está la escolaridad en escuela especial, el dispositivo de apoyo de inclusión en escuela común y también terapias: ocupacional, psicomotricidad, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía. El recorte implicó que las obras sociales no aprobaran muchos de esos servicios. Hay que tener en cuenta que esas asistencias son vitales en la vida de una persona discapacitada para el desarrollo. No son optativas. Son dispositivos que se piensan para que el sujeto se acerque a una calidad de vida digna».
