3 de mayo de 2025
Conflictos en todo el país y la masiva marcha del 30 de abril ponen en escena la situación causada por el deterioro salarial, los despidos y el ajuste en el Estado.
En foco. Cabecera de la marcha del miércoles 30 convocada por las centrales sindicales.
Foto: NA
La multitudinaria marcha convocada por la CGT y ambas CTA el 30 de abril último que culminó en el Monumento al Trabajo es una muestra clara de que la política económico-social del mileísmo, controlada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha generado el masivo repudio de la clase trabajadora. La muchedumbre superó las expectativas de los organizadores, y muchos más sindicatos –aún aquellos que se caracterizan por su moderación– se sumaron al reclamo de un plan de lucha contundente que impida el avance de un proyecto socialmente insustentable basado en salarios a la baja y despidos masivos. La UTEP, los movimientos sociales y de jubilados aportaron sus propias columnas confirmando la representatividad de la demanda a la que también adhirieron los partidos políticos del campo popular.
La masividad y extensión de la protesta se explica fundamentalmente por el incremento de los precios de los productos básicos para la alimentación de los sectores más castigados como lo son la carne, el aceite y los lácteos, una realidad que se pretendió enmascarar con una declamada «marcha atrás» de los oligopolios alimentarios, tras el supuesto rechazo de las nuevas listas por parte de algunos supermercados.
Poder adquisitivo en jaque
Al deterioro de la capacidad adquisitiva de la población, que las estadísticas confirman mes a mes, acaba de sumarse el anuncio de aumentos en el transporte, la luz y el gas. Mientras tanto, avanzan las reformas laborales impuestas por el FMI, las privatizaciones de empresas públicas y se intenta detener el urgente pedido de reabrir las paritarias frente a una inflación que en marzo fue del 3,7%.
El salario Mínimo Vital y Móvil disminuyó un 33%, convirtiéndose en uno de los más bajos de Latinoamérica. Si este retroceso se suma al deterioro de años anteriores, se estima que la pérdida del poder de compra respecto a 2015 alcanza más del 57%. Además, si se considera que la pauta salarial impuesta por el FMI consiste en no autorizar subas mayores al 1% mensual, resulta evidente que la situación se agravará durante lo que resta del año, en abierta violación a la Ley de Contratos de Trabajo que establece que el salario mínimo debe asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
Las paritarias paralizadas o con propuestas salariales inaceptables para los trabajadores son otro problema acuciante. En el caso de ATE y UPCN, que representan a los empleados públicos, la última fue firmada por debajo de la evolución de los precios (1,5% en enero, 1,2% en febrero y 1,3% en marzo, contra el 2,2%; 2,4% y 3,7%) lo cual implica que los incrementos fueron inferiores a la mitad de la inflación durante el primer trimestre de este año.
De Río Negro a Misiones
No puede extrañar, entonces, que la conflictividad, aunque no aparezca suficientemente reflejada en los medios de comunicación, esté en uno de sus puntos más altos. La cuestionada conducción de la UTA, por ejemplo, tras el fracaso de la paritaria en la que la patronal no hizo ninguna oferta, lanzó para el martes 6 de mayo un paro nacional de 24 horas en los servicios de corta y mediana distancia. Por su parte, en Villa Constitución los obreros de Acindar comenzaron un plan de lucha en reclamo por la demora en la aplicación de paritarias que puede concluir en un paro por tiempo indeterminado. La demora lleva ocho meses sin resolución y la protesta incluye la defensa de los puestos de trabajo que están actualmente amenazados. También los trabajadores de las fábricas de automotores cordobesas advierten que es inminente que se produzcan despidos masivos. Otro tanto sucede con quienes laboran en General Motors de Rosario.
En tanto, en Río Negro la empresa ceramista Cerro Negro decidió, en marzo pasado, detener la línea de producción de pisos cerámicos, con el argumento de la apertura de importaciones que favorece el ingreso de materiales procedentes de Brasil y China y de la caída en las ventas, lo que significó el despido de 96 operarios. En consecuencia, el sindicato local –que cuenta con el apoyo de la Federación de Obreros y Empleados Ceramistas de la República Argentina (FOECRA)– convocó a un paro por tiempo indeterminado hasta la reincorporación de los despedidos. Hace pocos días, en esa misma ciudad, cerró la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI), una empresa con 65 años de historia que despidió a 150 trabajadores.
Otra situación altamente conflictiva es la que padecen los empleados del Correo Argentino. Las medidas de fuerza efectivizadas tienen motivaciones indiscutibles: 2024 finalizó con un 80% de devaluación del salario y los aumentos que se ofrecen están por debajo de la inflación mensual.
A la problemática expuesta corresponde añadirle la persecución judicial contra la secretaria general y el secretario general adjunto de la CTA Autónoma de Misiones, Mónica Gurina y Leandro Sánchez respectivamente, por haber participado de las protestas salariales que los docentes desarrollaron entre abril y junio de 2024, el congelamiento salarial que sufren desde agosto pasado los trabajadores y trabajadoras de medios públicos que exigen una urgente recomposición, el anuncio de los responsables del ingenio El Tabacal, ubicado en Orán, Salta, de una reorganización en el esquema de trabajo que implicará una reducción salarial y la propuesta de fusionar el INTA, el INTI y la CONAE, un verdadero atentado contra la ciencia argentina que generará, entre otras cosas, el despido inmediato de 1.500 empleados.
