11 de mayo de 2025
A poco de conocerse la noticia, referentes de derechos humanos cuestionaron la decisión del Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de mandar a Alfredo Astiz y al resto de los represores que estaban presos en Ezeiza a la cárcel VIP de Campo de Mayo, donde podrán jugar al tenis o tener clases de teatro o talleres de stretching, detalló Página12.
El traslado de los represores a la Unidad 34 se empezó a gestar a mediados de abril, cuando distintos tribunales recibieron la notificación del SPF. En esta, las autoridades penitenciarias argumentaban sobrepoblación en las cárceles federales y planteaban la necesidad de vaciar los módulos destinados a adultos mayores en el Complejo VII de Ezeiza, el mismo que el año pasado visitaron los diputados de La Libertad Avanza (LLA).
La mudanza de los condenados por delitos de lesa humanidad, que finalmente ocurrió este viernes casi en secreto, incluye a nueve represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
“El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas”, respondieron desde H.I.J.O.S Capital.
“Genocidas a cárceles VIP, para premiarlos por la crueldad y ferocidad con la que desaparecieron a miles de argentinas y argentinos. Solo falta que ahora decidan juzgar en ausencia a los desaparecidos y ahí sí, el retroceso será total”, escribió en su cuenta de X Guillermo Pérez Roisinblit, que nació en la ESMA y fue apropiado por un integrante de la Fuerza Aérea.
“Es gravísimo que a autores de crímenes de esta naturaleza y magnitud les otorguen estos privilegios en el marco de la impunidad que pretenden”, dijo la sobreviviente Ana Careaga. “De hecho, quienes hemos dado testimonio somos convocados en virtud de la llamada ‘ley de víctimas’ para opinar respecto de estos beneficios a los que aspiran los represores. Sin ir más lejos el miércoles pasado nos expresamos en contra de los pedidos de morigeración de penas de Arráez, como lo venimos haciendo sistemáticamente con otros, varios de los cuales están entre estos beneficiados. La visita a los genocidas que, en su momento realizaron algunos diputados, fue la crónica de un privilegio anunciado y expresión de las provocaciones y el negacionismo que pretenden reinstalar, que va de la mano de la reivindicación de la metodología utilizada”, añadió la hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres secuestradas tras la infiltración de Alfredo Astiz.
