Isleños, científicos y activistas se organizan para defender un ecosistema asediado por grupos empresarios ávidos de ganancias. Los riesgos que corre la población, la fauna y la flora cuando la naturaleza se transforma en mercancía.
10 de mayo de 2018
Isla esperanza. La cooperativa de junqueros se creó para ayudar a las familias desplazadas. (Gentileza: Observatorio de Humedales Delta)
Chicos de guardapolvo blanco, otros más grandes de secundarios o terciarios, docentes, activistas ambientales y toda una rica fauna humana navega cada semana hacia el Observatorio de Humedales Delta, donde se articulan instituciones académicas, vecinos, organizaciones ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Se encuentran en una isla frente a San Fernando que pertenece al partido de Tigre; por ahora es la última del extenso Delta del Paraná donde las islas crecen o desaparecen con el tiempo. ¿Por qué allí? «En esta isla se hizo mucho daño a la naturaleza para la construcción de un barrio cerrado llamado Colony Park. Desplazaron a familias ancestrales de la zona que llevaban varias generaciones viviendo allí», explica la doctora en Ciencias Sociales, Sofía Astelarra. El sitio es tristemente ideal para comprender qué le pasa a la naturaleza cuando se la ataca de esta forma y cómo intenta reponerse.
La historia de esta isla no es infrecuente: la tierra es un bien finito que ha sufrido en los últimos años los embates de la financiarización, una lógica que la considera como una mercancía de especulación con gran rentabilidad. En el Delta del Paraná en particular, los últimos años se han desarrollado numerosos emprendimientos inmobiliarios para amantes de la naturaleza de diseño, valga la paradoja. El problema es que el ecosistema es uno y cuando se tapa en un lado salta en otro: «La cantidad de desarrollos sobre la margen del río Luján afecta a toda la cuenca», continúa la investigadora, quien hizo su tesis sobre el caso de Colony Park. «La gente de barrios como Las Tunas o Los Troncos ve cómo se deteriora su calidad de vida cuando los barrios cerrados lindantes elevan los terrenos y los humedales pierden su función de retención y amortiguación de aguas. Así aumentan las inundaciones, se contaminan las napas, sumado a que en estos barrios no tienen cloacas ni agua potable».
La legislación exige estudios previos para realizar las obras, pero para ello es necesaria una mirada general de la naturaleza, en este caso los humedales, un ecosistema muy complejo. El problema es que el lobby inmobiliario tiene una mirada de corto plazo y demasiado dinero como para amedrentarse por consecuencias futuras que seguramente no verán porque ya su negocio estará en otra parte.
Parque de la colonia
Colony Park en particular sirve como ejemplo: iba a instalarse en Isla de Marzi, bautizada en honor a la familia que reclamaba la propiedad de esas tierras. Luego fueron pasando por varias manos hasta que la isla completa llegó a Colony Park en los 90. La isla creció gracias a la acumulación de sedimentos traídos por el río en las últimas décadas y el plan de los emprendedores inmobiliarios era vender cada lote por cientos de dólares el metro cuadrado, con una ganancia enorme. Había familias viviendo allí desde hacía décadas, algunas más de medio siglo, que fueron desplazadas y denuncian haber sufrido la quema de sus ranchos, matanza de animales y amenazas. Así fue que comenzaron los movimientos de suelos en 2008. «Frente a tanta brutalidad nos acercamos docentes, investigadores, abogados y organizaciones para ayudarlos», relata Diego Domínguez, doctor en Ciencias Sociales y activista isleño. «Ahí decidimos armar la Cooperativa Isla Esperanza de junqueros e instalamos un galpón con ayuda del Instituto Nacional de Tecnología Industrial».
El conflicto fue creciendo y frente a la Justicia se demostró, entre otras cosas, que la empresa inició las obras sin haber presentado el informe de impacto ambiental e incumplió otros permisos. Cuando finalmente presentó el informe no se lo aceptaron en el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable. Por otra parte, un tratado internacional establece que los ríos entre países y su área de influencia son un bien de dominio público. En medio de una maraña legal de gran complejidad, en 2011 la jueza federal Sandra Arroyo Salgado frenó las obras, procesó a directivos de la firma y a funcionarios que luego fueron sobreseídos.
Negocios. Los conflictos con empresas inmobiliarias se multiplican en la zona.
¿Por qué una práctica habitual como desmontar zonas protegidas o desalojar a campesinos de pocos recursos esta vez no prosperó? «Puede haber influido la cercanía con Buenos Aires, que le dio visibilidad, pero también por la cantidad de organizaciones sociales, ambientales locales con experiencia en proteger el medio ambiente y defender el territorio. También apoyaron algunas instituciones del Estado. La presión fue muy grande y hasta políticos que siempre impulsaron el desarrollo inmobiliario en la zona salieron a decir que esto era una barbaridad», explica Astelarra. Así se logró una orden judicial de suspender las obras y el inicio de una megacausa penal para detener la construcción de otros barrios cerrados sobre el Luján. Por desgracia, no alcanzó para cerrar la historia: en 2016 apareció incendiado el galpón de la Cooperativa. «Fue allí que decidimos armar el Observatorio de Humedales Delta entre todas las organizaciones para visibilizar lo que se había hecho», cuenta la investigadora.
Recuperar en comunidad
«El observatorio permite que la naturaleza se recupere de una forma muy particular, no con los dispositivos de los expertos, como pretende la lógica del capital y la jurídica, si no con el encuentro de la población local, científicos anclados en el territorio y de los ambientalistas, cada uno con sus conocimientos», explica Domínguez. «Además, en el encuentro de esos actores surge la posibilidad de recuperar el medioambiente de una forma que entienda a la comunidad como parte del mismo. Por desgracia, no todo es remediable: hay carpinchos que se murieron por no poder subir la estacada, plantas que se murieron, población humana desplazada y hacinada en otros lugares, personas que murieron por el shock de irse de la isla. Eso no se puede revertir». La mirada académica que estudia estos procesos permite ver que el avance de los proyectos es una problemática global: «El capital produce excedentes que deben ser reinvertidos en negocios rentables para no paralizarse», continúa la investigadora: «Por eso avanza el extractivismo en minería, soja y tantas otras formas; son espacios de mucha rentabilidad económica pero un tremendo daño social y ambiental». Desde el observatorio no solo resisten este avance permanente sobre el Delta, sino que discuten proyectos sustentables de distinto tipo para la comunidad, respetuosos de un ecosistema al que deben cuidar no solo por principio sino también porque es donde ellos viven y desean una vida sana para las generaciones futuras.
