4 de julio de 2025
Una jueza de distrito estadounidense le ordena al país que entregue el 51% de las acciones de la empresa hidrocarburífera nacional a un fondo buitre. Oportunismo político y Vaca Muerta.
Soberanía energética. El sector registra crecimiento a partir del estímulo en la exploración, explotación y producción.
Foto: NA
El último día del mes de junio, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones que posee en la empresa nacional de hidrocarburos, YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte de pago por la expropiación de la petrolera en 2012.
«El problema no es que YPF se reestatizó. El problema es que se privatizó, porque YPF nació como una empresa estatal. Si se convalidara este fallo de la jueza de primera instancia, la jueza Preska, estarían quedándose con todo YPF que, además, desde aquel momento a este, incorporó nada menos que Vaca Muerta. Y ese valor enorme que tiene hoy YPF no es solo por los viejos pozos de petróleo, que también valen mucho, es esencialmente por lo que representa Vaca Muerta». En esta declaración del diputado nacional Carlos Heller se resume el derrotero de la principal empresa nacional, creada hace más de 100 años, en 1922.
Como reseñar su historia llevaría «varios fascículos», esta nota pretende abocarse apenas a sus últimas cuatro décadas, cuando la hasta ese momento mayor empresa nacional fue privatizada, vaciada y otra vez estatizada.
Precedida por privatizaciones periféricas durante la dictadura cívico-militar, ya en plena etapa neoliberal de la década del 90 en el país y con una política de desregulación del mercado de hidrocarburos y fragmentación de YPF en marcha, en 1992 comienza la privatización propiamente dicha de la empresa, a través de la Ley de Federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF. Así se inició el proceso de venta de acciones al sector privado, que concluyó en 1999, cuando la petrolera española Repsol pasa a controlar el 99% de las acciones, decreto 666/99 mediante. ¿Por qué Argentina −aun en auge pleno del neoliberalismo a nivel global− fue uno de los pocos países del mundo que se deshizo de su petrolera estatal y cedió el control de una actividad estratégica? La respuesta es breve, clara y concisa: por dinero. El Gobierno menemista agonizaba en un año electoral y entregaba los restos de la última «joya de la abuela».
Más de una década de caída de la exploración y explotación signaron la gestión de Repsol al frente de YPF. Solo la voraz distribución de utilidades fue el signo de los tiempos. El fracaso de la gestión privada de la empresa y en consecuencia del sector de hidrocarburos, en una etapa de expansión económica posonvertibilidad, produjo una situación crítica del abastecimiento energético en un país dependiente del petróleo y del gas natural, incrementando las importaciones de combustibles para cubrir la fuerte expansión de la demanda industrial y doméstica. Es en ese contexto, en 2011, cuando se confirma la presencia de hidrocarburos no convencionales en los depósitos de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Mientras Repsol organizaba road shows para ofrecerla a otras empresas privadas extranjeras, el Gobierno incrementaba su déficit comercial por las cuantiosas importaciones de combustible. La presión del Gobierno nacional y de las gestiones provinciales sobre Repsol YPF se hizo más y más fuerte. En abril de 2012 el Gobierno envía al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Soberanía Hidrocarburífera, que declara de interés público nacional el logro del autoabastecimiento y la actividad petrolera y, a su vez, establece la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A. propiedad de Repsol. Veinte días después, ambas Cámaras del Congreso aprueban el proyecto con abrumadora mayoría de todas las fuerzas políticas. YPF vuelve a ser conducida por el Estado nacional.
Jueza Loretta Preska. Sucesora del magistrado Thomas Griesa al frente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, un tribunal de primera instancia.
Foto: Getty Images
Quién es quién
La entrada a YPF del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, fue tardía, a finales de 2007, de la mano del entonces presidente Néstor Kirchner, para «argentinizar» la empresa hidrocarburífera manejada por Repsol. Para ingresar con el 25% del paquete accionario los Eskenazi tomaron deuda con bancos y financieras internacionales y para hacer frente a ese endeudamiento, al igual que la compañía española, hicieron del retiro de utilidades «una forma de gestión».
Cuando el Gobierno nacionaliza YPF, y suspende el reparto de dividendos, algunas de las empresas que el Grupo Petersen había formado en España para asociarse a Repsol, entran en quiebra, y en ese tránsito terminan vendiendo el derecho a hacerle juicio al Estado argentino por la nacionalización de YPF. El que compra ese derecho −solo el 70% del Grupo Petersen− es un fondo buitre llamado Burford Capital. Y este es el fondo que hace el juicio en el distrito sur de Manhattan por el cual la jueza Loretta Preska falla que Argentina tiene que pagarle 16.000 millones de dólares. Un monto que triplica lo que en su momento Repsol cobró por el 51% de YPF, 5.000 millones de dólares y que supera incluso lo que vale hoy la compañía, según su capitalización bursátil, cerca de 12.000 millones de dólares.
En una demanda que viene desde 2015, el fondo Burford Capital argumenta que el Estado argentino violó el artículo 7° del Estatuto de YPF, que preveía que si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas. En marzo de 2023 la jueza Preska les da la razón a los demandantes, aun haciendo caso omiso al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ese mismo año presentó dos escritos donde sostuvo que la magistrada no tenía ni potestad ni competencia para legislar sobre este tema y que había que atender la posición del Estado argentino. La jueza, sin embargo, reafirmó que había que regirse por la interpretación que hace del Estatuto de YPF.
Esta no es solo una discusión entre especialistas de las leyes sobre cuál tiene prelación, si la ley argentina, incluso la Constitución Nacional, o el Estatuto de una empresa. Es, sin lugar a dudas, oportunismos políticos aparte, una fuerte injerencia de tribunales extranjeros en cuestiones locales de Argentina y que sienta un precedente peligroso. De allí las muestras de solidaridad de distintos países de la región y el mundo.
Cómo incidirá este fallo en lo cotidiano del sector que entre enero y abril de 2025 registró un superávit comercial energético de 2.684 millones de dólares y que se estima aporta 0,5% anual al PIB, es la pregunta del millón. Para Nicolás Gandini, director del portal EconoJournal, «este fallo les pega a quienes están produciendo en Vaca Muerta, en lo inmediato, donde más les duele: en el acceso al financiamiento internacional». Sin embargo, tras varios días de la resolución de Preska, es atronador el silencio de los empresarios argentinos que hoy están explotando Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de gas y la cuarta en petróleo del mundo. «Todas las empresas que hoy operan en Vaca Muerta, que están ganando cientos de millones de dólares, no hubiesen podido operar sin la reestatización de YPF. Porque lo que generó YPF es el know-how necesario para que otras compañías puedan sacar petróleo y gas de Vaca Muerta», sostiene Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía (2013-2015). Mientras tanto, el Ejecutivo pidió a la Justicia de Estados Unidos suspender el fallo, en la línea jurídica histórica de todas las gestiones que lo precedieron.
Continuará.
