15 de julio de 2025
La ex Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes advierte sobre las intenciones del Gobierno de desarticular el organismo que presidía. Recorte de derechos básicos de las infancias en pos del déficit cero.
«En el país tenemos un gran déficit que es el alimentario, la otra gran deuda de la democracia es la vivienda. Las familias en situación de calle hacen grandes esfuerzos para que los niños logren sostener la escolaridad», dice la extitular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, quien fue removida de su cargo el 29 de mayo pasado por la Comisión Bicameral que recién se conformó en marzo de 2025, tras más de un año de inactividad. Graham advierte que la Defensoría podría ser dirigida a partir de ahora por un funcionario antiderechos, en un contexto de vulneración de las infancias bajo el signo de «la motosierra a como dé lugar, sin medir las consecuencias».
–¿Qué ocurrió con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes?
–Fue un proceso complejo. La Defensoría es unipersonal, hay una defensora o un defensor. Tiene un mandato de cinco años con probabilidad de cinco años más, pero resulta que durante todo 2024 no tuvimos una Comisión Bicameral, que debiera haber hecho varias cosas durante ese año. Ni a mí ni a mi adjunto, Facundo Hernández, nos preguntaron nunca si íbamos a renovar el mandato, justamente porque no hubo Bicameral. En caso de que dijera que no, algo que había adelantado, se tenía que hacer un concurso, porque mi gestión vencía el 1º de marzo de 2025. Al 30 de noviembre de 2024 no se había armado la Bicameral y yo no iba a dejar acéfala la Defensoría.
«Tardamos 14 años en tener una Defensoría, la armamos desde cero. “La Defe” es un organismo autárquico de derechos humanos y no puede ser intervenida.»
–¿Por qué no hubo Bicameral?
–Esto tiene una razón. Dicen que usurpo o que me quiero perpetuar en el poder, pero la realidad es que quienes no quisieron armar la Bicameral tampoco querían a la Defensoría, la idea era intervenirla. Mi afán era que esto no ocurriera. Tardamos 14 años en tener una Defensoría, mi equipo y yo la armamos desde cero, es una institución nueva, «la Defe» es un organismo autárquico de derechos humanos y estos no pueden ser intervenidos.
–¿Qué riesgos advertía?
–Teníamos un espejo donde mirarnos, que fue la casi desaparición de la antigua Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de la cual formé parte. Hoy está convertida en una Subsecretaría de Políticas Familiares, mantuvo solo dos programas y era un espacio con muchísima actividad, con direcciones muy potentes, con una cantidad de profesionales enorme para abordar los problemas de niños, niñas y adolescentes, y fue diezmada, echaron a más de 500 personas.
–¿Cuál es la función principal de la Defensoría?
–La función de los organismos de derechos humanos de esta naturaleza es centralmente controlar. Se controla que se cumplan con los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, y nos regimos por los Principios de París que hablan de una posición de colaboración con los Estados partes. Desde la Defensoría tenemos diagnósticos, evidencia de lo que está pasando en la infancia a nivel nacional, provincial y local. Con todo esto nos reunimos con el presidente, con los gobernadores, con los intendentes para decirles qué problemas vemos en relación con el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de políticas públicas, claro, porque no hay otra manera, estos derechos implican prestaciones positivas de los Estados, que tienen obligación de dar.
–¿Qué otras funciones cumplen?
–Hacíamos diagnósticos, con evidencia, para que supieran la cantidad de niños, niñas y adolescentes que había bajo la línea de pobreza, de indigencia, cuántos están escolarizados y cuántos no, y además hacíamos propuestas. Algunos gobernadores y presidentes escuchaban, con Javier Milei no me vi nunca, pero con el anterior sí, y se armaron, junto con Unicef, programas y procesos muy interesantes para garantizar los derechos de los niños.
«En la Defensoría nos regimos por los Principios de París. Tenemos evidencia de lo que está pasando en la infancia a nivel nacional, provincial y local.»
–¿En qué casos intervino la Defensoría en el último año?
–Cuando el Gobierno actual deja de entregar alimentos secos a comedores y merenderos lo primero que hacemos es mandar un pedido de informes a Pablo De la Torre –entonces viceministro del Ministerio de Capital Humano– para saber por qué no se entregaban, cuál era la política alimentaria del Gobierno. La respuesta, muy escueta, fue: «Este Gobierno tiene una nueva política alimentaria». A su vez, la nuestra fue que mientras aplicaban una «nueva política alimentaria» no podían suspender la actual, porque había niños, niñas y adolescentes que se quedaban sin una ingesta diaria.
–¿Cuál fue el resultado?
–Hicimos un amparo que hoy está en la Corte Suprema de Justicia, desde septiembre de 2024, y aún no se resolvió nada.
–¿Cuál es el estado de las infancias y adolescencias en la Argentina en materia de salud, educación, acceso a bienes básicos como la alimentación, derechos reproductivos, discapacidad?
–En el país tenemos un gran déficit que es el alimentario, la otra gran deuda de la democracia es la vivienda. Las familias en situación de calle hacen grandes esfuerzos para que los niños logren sostener la escolaridad. También la educación, pero no en cantidad, porque desde el Gobierno anterior estamos en los niveles más altos de chicos y chicas en la escuela, pero necesitamos que aprendan más.
–A fines de 2024 un informe de la ONU advertía sobre la situación de las infancias en la Argentina.
–Ese informe fue la devolución que nos hizo el Comité de los Derechos del Niño, en 2024. Como Defensora presenté nuestro informe en el que planteamos todos los problemas: el de la alimentación, del acceso a la educación, desinversión en salud y desatención en discapacidad, claro, porque se están limitando derechos.
–¿Hubo respuesta oficial?
–Hay un amparo que iniciamos contra el Ministerio de Salud porque dejó de entregar medicamentos a niños, niñas y adolescentes, e interrumpió tratamientos, fue con una medida cautelar para que el Ministerio cumpla. El juzgado intimó al Estado a que cumpla con la entrega y hasta hoy no lo hizo, no entregó esos medicamentos y no reanudó los tratamientos de chicos con discapacidad. Hay una decisión política allí, es esto de la motosierra a como dé lugar, sin medir las consecuencias.
«Hay un amparo que iniciamos contra el Ministerio de Salud porque dejó de entregar medicamentos a niños e interrumpió tratamientos, fue con una medida cautelar.»
–¿Qué hay detrás de decisiones como estas?
–Cuando estuve con el papa Francisco me dijo una frase que voy a usar para responderte: «Ellos tienen una sola verdad y un solo objetivo: déficit cero y balanza económica». Además, es una política que tiene que ver con la ideología de este Gobierno, que es la de pensar que el mercado va a resolver los problemas de la comunidad.
–¿Cuál es el futuro de la Defensoría a partir de ahora?
–Se va a hacer el concurso, ojalá que gane una persona que no sea antiderechos, pero hay candidatos así. Si esto ocurre no hay nada que garantice que se puedan sostener las acciones de una Defensoría como la nuestra. Convoco a todos los integrantes de la Defensoría actual para que se presenten, los 180 profesionales que me acompañaron probaron que tienen la capacidad y el compromiso necesarios. Con Facundo Hernández hicimos la prórroga para que no hubiera intervención y esperamos que el concurso sea transparente y que se elija al o la mejor.
