26 de julio de 2025
Malas noticias para Patricia Bullrich. En las últimas semanas, desde Tribunales avanzaron en las causas del ataque a Pablo Grillo y la niña gaseada frente al Congreso. El protocolo antipiquetes, en cuestión.
Plaza Congreso. El gendarme que hirió a Pablo Grillo disparando en la jornada de protesta.
Foto: Kaloian Santos
El gendarme que hirió al fotógrafo Pablo Grillo tendrá que presentarse a indagatoria. El policía que gaseó a una nena de 10 años en una manifestación en la zona del Congreso vio cómo la Cámara Federal porteña le confirmaba su procesamiento. 16 manifestantes que fueron detenidos en junio del año pasado bajo la acusación de atentar contra el orden público y la democracia fueron sobreseídos porque no había pruebas de un supuesto accionar ilegal. En menos de diez días, el Poder Judicial empezó a marcar límites, aunque sean débiles, al accionar siempre desproporcionado de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Pablo Grillo se parapetó detrás de una barricada en avenida Hipólito Yrigoyen, entre Solís y Virrey Cevallos. Quería tomar una buena foto de cómo la Gendarmería venía avanzando hacia los manifestantes. A las 17:18 del 12 de marzo, Grillo fue alcanzado por un cartucho de gas que le destrozó el cráneo. Salvó su vida gracias a la pericia de los profesionales del Hospital Ramos Mejía. Ahora se rehabilita en el Hospital Manuel Rocca, y espera una nueva operación para que le coloquen una prótesis en la cabeza.
Cuando Grillo acababa de ingresar en el Hospital Ramos Mejía, Bullrich decidió salir a hablar con medios afines al Gobierno. Lo calificó como militante kirchnerista y dijo que trabajaba en el municipio de Lanús. Afirmó que estaba detenido. Para un sector de la política, Bullrich no solo buscó controlar daños, sino que exhibió que tenía información indebida sobre quiénes salen a las calles contra el Gobierno de Javier Milei.
¿Hecho fortuito?
El 17 de marzo, la Gendarmería abrió una actuación administrativa para «corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinarias» del Destacamento 6, que estuvo apostado en la zona en la que fue herido el fotógrafo. Ese mismo día, el Mapa de la Policía –una alianza de distintas organizaciones de la sociedad civil– reveló que quien había disparado contra Grillo era el cabo Héctor Jesús Guerrero.
Al día siguiente, el oficial sumariante, el comandante mayor Adrián Antonio Barresi, escribió que Guerrero no era pasible de reproche disciplinario alguno. Lo fundó diciendo que no había querido dañar a persona alguna con su lanzagases. Subrayó que se había tratado de un «hecho fortuito», producto de la mala visibilidad reinante y por el riesgo que asumió el fotógrafo «a sabiendas» al colocarse en la «línea de tiro entre gendarmes y manifestantes». Si había alguien a quien culpar era a la víctima.
En la actuación administrativa, Guerrero declaró. Afirmó que se había enterado de lo que le había pasado a Grillo varios días después y que todos sus tiros habían sido hacia el suelo. El cabo deberá dar su versión ahora ante los tribunales federales. Todo indica que no será tan fácil como en el sumario que se abrió y cerró en menos de lo que dura un pestañeo. La jueza federal María Servini lo convocó a prestar indagatoria el 2 de septiembre próximo a las 10 de la mañana.
Servini escribió que cuenta con «contundentes elementos de prueba» para avanzar contra Guerrero, a quien también le prohibió la salida del país. Para desmontar la versión oficial, la jueza, además, ordenó la realización de una reconstrucción del hecho, que estará en manos de la División Balística de la Policía de la Ciudad.
Desde la querella –integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la abogada Claudia Cesaroni por la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH)– reclaman que la investigación no se corte en Guerrero, sino que se avance en la cadena de mando.
Servini también le propinó un golpe a otra de las causas sensibles para la ministra de Seguridad al sobreseer a 16 manifestantes que habían sido detenidos el 12 de junio del año pasado mientras el Senado trataba la Ley Bases. En ese momento, el Gobierno denunció un intento de desestabilización, que terminó plasmado en la acusación que formuló el fiscal federal Carlos Stornelli. El representante del Ministerio Público acusó a los manifestantes de incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo temor público y suscitando desórdenes. Se refirió, además, a un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática.
En su resolución del 14 de julio pasado, Servini terminó de desmontar ese andamiaje. Explicó que no estaban los efectivos de la Policía de la Ciudad que hicieron las aprehensiones originales para explicar por qué las hicieron, no había testigos de los hechos, ni imágenes que probaran que los imputados habían cometido hechos de violencia. Explicó que, al desbloquear los teléfonos celulares, se pudo comprobar que no había un accionar coordinado que mostrara que se habían concertado para impedir que las instituciones de la República funcionaran. «No se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa», puntualizó Servini.
Para la exministra de Seguridad Sabina Frederic, Servini ya había marcado límites el año pasado cuando dispuso la excarcelación de los detenidos y habló públicamente de lo mal que había estado instruido el sumario policial. Lo mismo, entiende Frederic, hizo este año la jueza porteña Karina Andrade al disponer la liberación de las 114 personas que habían sido detenidas en la marcha del 12 de marzo, el mismo día en que fue herido Pablo Grillo. Para la concentración de la semana siguiente, el juez Martín Cormick anunció que iba a monitorear el accionar policial. Cormick es el juez federal en lo contencioso administrativo que debe fallar sobre la legalidad del denominado «protocolo antipiquetes» que puso en marcha Bullrich.
Bullrich. La ministra intentó instalar falsas versiones del ataque al fotógrafo y a la niña gaseada.
Foto: NA
Desproporcionado
La ministra estuvo detrás de la investigación que se inició después de que un grupo de manifestantes armara un escrache, que incluyó el uso de estiércol, en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, cultor del lema «cárcel o bala» y que, en una de sus últimas exposiciones públicas, dijo que Florencia Kirchner era «hija de una gran puta». El viernes 18 de julio, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a tres personas, entre ellas la concejala de Quilmes Eva Mieri y la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar. En su procesamiento, Arroyo Salgado acusó al kirchnerismo de crear un «clima de sedición» –lo que debe haber sido música para los oídos de Bullrich–, pero, en una entrevista radial, culpó a la ministra de haber atentado contra el avance de la investigación por su afán de postear en redes sociales. Leve, pero fue también una expresión de molestia ante el accionar del Ministerio de Seguridad.
La causa más avanzada contra un subordinado de Bullrich es la que se le sigue al policía federal Cristian Rivaldi, procesado por haber gaseado a Fabrizia Pegoraro, una nena de 10 años que participó de una marcha en la zona del Congreso con su mamá el 11 de septiembre pasado. Tanto Bullrich como Rivaldi procuraron instalar la versión de que la nena había sido gaseada por un particular.
Sin embargo, el juez federal Sebastián Ramos no les creyó. Tampoco lo hicieron los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que confirmaron el procesamiento de Rivaldi. «El uso del disuasivo fue desproporcionado, injustificado y violatorio de los protocolos específicos», escribieron Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Los camaristas señalaron que el Reglamento General para el empleo del armamento no letal explica que estos solo pueden usarse cuando un agresor avanza hacia el efectivo policial o terceros. No fue esto lo que pasó con Fabrizia o su mamá, quienes estaban sentadas en la calle. El mismo protocolo antipiquetes de Bullrich, destacaron, llama a tener «especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos».
En Comodoro Py mencionaban al pasar que no hubo emisarios del Ministerio de Seguridad interesándose por la suerte de Rivaldi. No queda claro cómo el destino de distintos efectivos que empiezan a responder ante los tribunales por operativos desproporcionados diseñados por Bullrich puede repercutir en su relación con las fuerzas.
Posiblemente ella esté más interesada en pensar otro operativo: el de su desembarco en el Senado, donde –si es candidata y logra la banca– podrá librar batallas contra el kirchnerismo y la otra dama de la mano dura, la vicepresidenta Victoria Villarruel.
