1 de agosto de 2025
El primer Gobierno de izquierda del país andino llega a su etapa final con grandes logros, pero con reclamos por la seguridad y la continuidad del conflicto armado. Las presidenciales de 2026.
Apoyo. Movimientos sociales en una masiva movilización por el Día del Trabajador, en donde Petro defendió la reforma laboral.
Foto: Getty Images
El 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro llegó al Palacio de Nariño con la promesa de cambio y el récord como el presidente más votado en un país con sufragio optativo. Tres años después, celebra la aprobación de cuatro de sus proyectos de reformas progresistas: la agraria, de salud, la pensional y la laboral. Sobre esta última, María Fernanda Carrascal Rojas, diputada de la coalición gobernante, Pacto Histórico, explicó que «devuelve a los trabajadores la jornada de 8 horas que habían perdido en 2002 durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe». Autora del proyecto de reforma que el mes pasado se aprobó en el Congreso, Carrascal explicó, en diálogo con Acción, que el principal logro del Gobierno ha sido «impulsar una agenda progresista en una sociedad castigada por cuarenta años de neoliberalismo, que precarizó a los trabajadores y normalizó la precarización». Además, destacó las intenciones redistributivas y de justicia social de la nueva ley: «Redujimos las altas pensiones del Estado y buscamos dignificar a esos ancianos, que trabajaron toda su vida y que nunca lograron jubilarse», concluyó Carrascal.
En lo que respecta a la Reforma Agraria, el Gobierno de Petro dispuso 1,5 millones de hectáreas de tierra con capacidad de producción para el campesinado, de las cuales ya se entregaron más de 600.000, según datos oficiales. A pesar de estos avances, en marzo de este año la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reveló cifras alarmantes sobre la concentración de tierras: «El 65% de la tierra fértil de Colombia está en manos del 1% de los propietarios», señaló durante un Consejo de Ministros televisado al país. Y más recientemente reconoció que el acaparamiento agudizado por lógicas como la guerra y el narcotráfico «sigue siendo uno de los ejes principales de la violencia».
La guerra infinita
El atentado que sufrió el precandidato de derechas Miguel Uribe Turbay del partido de Centro Democrático el pasado 7 de junio generó conmoción pública, masivas «marchas del silencio» en varios puntos del país y la demanda, por parte de figuras de la oposición, de mejoras en la seguridad urbana.
Mientras Uribe Turbay lucha por su vida en una clínica de Bogotá, la policía ya detuvo a la presunta banda de sicarios, aunque resta identificar quiénes dieron la orden. Sin embargo, las investigaciones en curso conducen a los grupos armados fuera de la ley que operan en las regiones del país acuciadas por el narcotráfico y la guerra.
«Marcha del silencio». Opositores en solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado durante un acto proselitista.
Foto: Getty Images
Sobre ese asunto, el Gobierno inició diálogos con tres organizaciones político-armadas: el ELN, el Estado Mayor Central (disidentes de las FARC que no ingresaron a los diálogos de 2016) y la Segunda Marquetalia (firmantes de la paz en 2016 que se rearmaron en 2017). Todo ello en el marco de un ambicioso «Plan de Paz Total» que además incluía a remanentes de grupos paramilitares y bandas armadas.
En diálogo con Acción, el director del Instituto Latinoamericano para la Paz y Seguridad (Ilaps), Steve Hege, explicó que el plan del Gobierno «arrancó bien, con los ceses del fuego bilaterales y parciales», que lograron importantes alivios humanitarios, pero que, «sin embargo, requería de una hoja de ruta clara y una metodología constante que le permitieran concretar anuncios oficiales en una política pública concreta».
Hege es experto en seguridad, negociaciones de paz y justicia transicional, y desde hace años estudia el conflicto armado colombiano. Su conclusión es que «no se logró articular el Plan de Paz Total con una política de seguridad y de defensa proactivas en la protección de las comunidades, ni se logró articular entre sí a las negociaciones con los distintos grupos armados». Como ejemplo cita la crisis humanaría del Catatumbo (provincia de Norte del Santander, frontera con Venezuela) en donde «el Gobierno no logró coordinar sus respectivas mesas de diálogos con el ELN y con el Frente 33 de las disidencias de FARC», que mantienen duros combates entre sí.
Cambio de rumbo
Gustavo Petro asumió el Gobierno con un Gabinete de unidad nacional conformado por figuras importantes de otros partidos, lo que generó disconformidad entre sus propias filas. Sin embargo, en los últimos tiempos cambió de estrategia para recostarse en los sindicatos y movimientos sociales. Al respecto, la representante María Fernanda Carrascal remarcó que los triunfos del Gobierno de Petro «solo se consiguieron en la medida en que logramos movilizar a la ciudadanía, porque fue ella la que hizo que el Congreso aprobara la reforma, a pesar de los congresistas de los partidos tradicionales que ponían palos en la rueda».
La fórmula podría inspirar al progresismo regional en momentos de desorientación y avance de las extremas derechas. Solo resta esperar un año para saber si en Colombia no se aplicó demasiado tarde.
