20 de agosto de 2025
La nueva SIDE conserva viejos vicios. Vigilancia a opositores, a jubilados y a cualquier sector que se manifieste contra el Gobierno. Cambio de reglas y una Comisión Bicameral en espera.
Denuncias. El diputado Manes, el gobernador Kicillof y los titulares de las dos CTA pidieron que se investigue a la Secretaria de Inteligencia.
Foto: Jorge Aloy
La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina tiene su sede en Mitre y Uruguay, pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Manuel Gutiérrez, secretario general de la organización, estaba en la oficina preparando lo que serían las actividades del 9 de Julio cuando recibió una visita imprevista.
Dos efectivos de la Policía de la Ciudad se plantaron ante él para preguntarle qué actividades iban a hacer ese día y qué figuras políticas o sociales los iban a acompañar. No había mucho oculto. Ese miércoles iban a hacer una jubilonga –una milonga para jubilados– frente al cine Gaumont. Después, se juntarían en una radio abierta y darían una vuelta por la plaza del Congreso.
«Es la primera vez que nos pasa en 40 años de restauración democrática», repasa Hugo Blasco, otro de los referentes de la Coordinadora Nacional de Jubilados. «A lo sumo, los policías te preguntan cuando estás en la calle. Esa vez fueron directamente al local de la mesa», añade.
La sorpresa de los jubilados fue mayor cuando el domingo 3 de agosto pasado leyeron un artículo que publicó Hugo Alconada Mon en La Nación. La nota decía que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) había estado monitoreando a distintos grupos –entre los que se encontraban los jubilados y las personas con discapacidad– para saber qué tipos de actividades iban a llevar adelante.
El informe al que había accedido Alconada Mon llevaba por título Hechos Previstos 09JUL25 y había sido confeccionado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), uno de los cuatro órganos desconcentrados en los que está dividida la SIDE desde que Javier Milei la resucitó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024. La ASN es dirigida por el comisario Alejandro Cecati, quien supo estar al frente de la custodia de Mauricio Macri durante su gobierno. Cecati, de hecho, declaró a favor del expresidente en la causa en la que se investigaba el espionaje a las familias de los submarinistas del ARA San Juan.
Tras la filtración del informe, desde el Gobierno no dieron explicaciones públicas. Extraoficialmente, sugieren que se trata de un trabajo de explotación de prensa y que no hubo seguimientos ni infiltraciones para conseguir los datos que lo nutrieron. Sin embargo, Agustín Rossi, exinterventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), explica que, de todas maneras, es violatorio de la Ley de Inteligencia (25.520). En su artículo cuarto, la norma prohíbe «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».
Jubilados. Las marchas de los miércoles estarían siendo monitoreadas, según los testimonios.
Foto: NA
Denuncias y filtraciones
El tema se judicializó rápidamente. El diputado nacional Facundo Manes –que figuraba en el reporte– informó esto como un hecho nuevo en la denuncia que había presentado tras ser increpado por Santiago Caputo en la apertura de sesiones del pasado 1° de marzo. Caputo es quien tiene influencia sobre la SIDE desde que logró colocar en la cima del organismo a Sergio Neiffert, amigo de su padre.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también presentó una denuncia ante el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, para que se investigue si la SIDE lo espió. Ese 9 de julio, Kicillof estaba abocado al cierre de alianzas para las elecciones provinciales que se harán el próximo 7 de septiembre. No fue la única denuncia que se radicó. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Argentinos, y Hugo «Cachorro» Godoy, titular de la CTA Autónoma, denunciaron directamente a Javier Milei por el episodio, al entender que es el presidente quien fija los objetivos de la inteligencia. En su presentación, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta resaltó que no se podrían invocar cuestiones de seguridad, sino que se trataba de espionaje con fines políticos.
Hasta ahora, todo lo que se ha filtrado de la SIDE derivó en una denuncia. Los directivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Paula Litvachky y Diego Morales denunciaron que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que Neiffert envió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) habilitaría la vigilancia sobre opositores. Lo mismo ocurre con otra directiva, conocida a través de una publicación de Alconada Mon, que llevaría la firma de Diego Kravetz, jefe de Operaciones de la SIDE. Kravetz habría autorizado a los espías a monitorear «grupos vulnerables». Es decir, los jubilados otra vez en la mira.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, reconoció que la SIDE intervino en reuniones en las que se discutían los operativos de los miércoles. No queda claro si la ministra lo hizo por inocencia o en el marco de su pelea por controlar el aparato de inteligencia. Sin embargo, está claro que no es solo la SIDE el problema.
«Bullrich armó su propio aparato de inteligencia. No hay otra forma de explicar la normativa que va sacando», sostiene Myriam Bregman, referente del FIT-U y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). Por la delegación de facultades que el Congreso hizo con la Ley Bases, la ministra reformó todas las fuerzas de seguridad a su cargo: la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería y el Servicio Penitenciario Federal. En todos los casos, la inteligencia ganó espacio.
«Cuando Patricia Bullrich dirige los operativos de seguridad, siempre hay una provocación. Aparecen provocadores que quieren pegar y que, con buen olfato, son detectados por los manifestantes. Siempre después los vemos del lado de la valla con la policía», agrega Bregman.
Algo similar pasó el 27 de diciembre pasado, cuando militantes de derechos humanos y referentes políticos se congregaron en avenida del Libertador 8151 para abrazar el espacio de memoria y derechos humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ante el desmantelamiento que se avecinaba. De hecho, a la semana siguiente comenzaron los despidos en la entonces Secretaría de Derechos Humanos (SDH).
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que dirigen Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, viene haciendo un trabajo de monitoreo de cómo intervienen las fuerzas de seguridad en las movilizaciones. Sus integrantes llegaron hasta la ex ESMA y rápidamente detectaron que había dos hombres de civil que circulaban entre los manifestantes mientras se comunicaban mutuamente por celular. También los vieron tomar imágenes de quienes estaban presentes, recuerda Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad de la CPM.
En un momento, decidieron acercarse a quien estaba al frente del operativo por parte de la Policía de la Ciudad. Le consultaron si esos dos hombres eran parte de su fuerza.
–Todo el personal de la Policía de la Ciudad está identificado –les respondió–.
Para los integrantes de la CPM, fue una confirmación de que los dos civiles movedizos integraban alguna de las fuerzas de seguridad que comanda Bullrich.
Pérez Esquivel, Barrancos y Roberto Cipriano García denunciaron el episodio ante los tribunales de Comodoro Py, mostrando que, una vez más, se volvía a usar el aparato de inteligencia dentro de lo que fue el campo de concentración de la ESMA. Sin embargo, no hubo reacción judicial frente a un Gobierno que responde a las protestas con despliegues desmedidos de fuerzas de seguridad y activa el aparato de inteligencia ante cada conflicto.
