14 de agosto de 2025

Audiencia. Por pedido de Prandi, un biombo la separó del acusado en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.
Foto: palifotos
La sentencia contra el exesposo de la modelo Julieta Prandi a 19 años de prisión tiene varios elementos a destacar: ante todo, pone en primer plano que el abuso sexual también puede ocurrir dentro del matrimonio. En otras palabras, el hecho de estar casados no elimina la autonomía ni el derecho a consentir, una obviedad que no siempre está tan clara. El abuso sexual en la pareja existe y constituye un acto de violencia.
Durante años, muchas mujeres han sufrido violaciones en su propio hogar de parte de sus maridos y callaron porque les hicieron creer que «eso» era un deber conyugal.
El caso tiene otras aristas que lo hacen más noticiable: una mujer famosa como víctima y denunciante, un empresario como victimario, un número muy alto de años de cárcel de condena y la detención inmediata del acusado, según lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana.
«Les digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tenemos esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar. Entiendo que va a ser un antes y un después en la Justicia. Costo muchísimo», dijo Prandi al conocer el fallo, conmovida por el veredicto.
El juicio se llevó adelante en un contexto político muy adverso para las víctimas de violencia de género: el Gobierno de Javier Milei no solo niega la existencia de esta problemática, sino que desmanteló áreas que se ocupaban de llevar adelante políticas y programas para prevenir y asistir a quienes la padecen. La negación de la violencia de género desde las más altas esferas del poder contribuye a aplastar la voz de las víctimas.
Hoy ellas tienen miedo de terminar siendo ellas denunciadas en lugar de protegidas si prosperan dos proyectos presentados en el Congreso –uno por la senadora radical Carolina Losada y otro por la diputada libertaria Lilia Lemoine– que buscan el agravamiento de las penas en los casos de falsa denuncia solo para hechos de violencia de género y abusos en las infancias. A veces la Justicia falla –en el sentido de equivocarse– al valorar las pruebas. Que un hecho no se pueda probar –ya sea un abuso sexual o el maltrato en una pareja– no significa que haya sido inventado.
De todas formas, las estadísticas muestran que son ínfimos los números de denuncias falsas en ese tipo de delitos. Estas reformas legislativas lo que conseguirán es amedrentar a mujeres y niñeces violentadas. Hay que recordar que ya existe el delito de falsa denuncia. La intencionalidad de subir las penas solo en este tipo de casos muestra con claridad el objetivo de volver a silenciar a las víctimas de violencias machistas.
Este mismo miércoles, el influencer ultraderechista y biógrafo de Milei, Nicolás Marquez, puso en duda, sin ningún fundamento, la denuncia de Prandi –y tuvo que retirar su tuit en la red social X por la ola de repudios y críticas que recibió–. Llamativamente, una escena de la nueva película de Guillermo Francella –que ya vio dos veces el presidente– hace alusión a una posible falsa denuncia por violencia de género. Nada es casual.
¿Será la condena a Claudio Contardi un parteaguas en términos de justicia para las víctimas de violencia de género?
Es difícil que lo sea. Para llegar a denunciar y atravesar un juicio se necesita acompañamiento jurídico. En general, las víctimas no tienen la posibilidad de pagar o conseguir un equipo como el de Prandi. Es un gran problema en Argentina. Muchas no suelen tener recursos para pagar un abogado o abogada especializada. Y no abundan los servicios gratuitos de patrocinio jurídico. Esa es otra de las grandes injusticias que afectan a las víctimas de violencia de género.
No solo su palabra es descalificada –en tiempos libertarios se fortaleció el mito de que denuncian por que quieren perjudicar al agresor– sino que muchas veces –muchas– ni siquiera pueden sostener las denuncias por falta de dinero para litigar y buscar justicia. Más aún en momentos de crisis económica como el presente. Ahora, además, se suma el temor a que si la Justicia no les cree, tengan que enfrentar en el futuro una demanda penal con riesgo de cárcel: el reino del revés.