La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe expedirse sobre el reclamo de un grupo de comunidades indígenas de Salta por la propiedad de los territorios que ocupan desde tiempos prehispánicos. Las deudas del Estado y los derechos en juego.
13 de junio de 2018
30 años de lucha. Asamblea de los integrantes de Lhaka Honhat en la comunidad wichí de San Luis, ubicada en un recodo del río Pilcomayo. (Télam)
Luego de más de tres décadas de lucha pacífica, el reclamo territorial de un grupo de comunidades indígenas del norte de Argentina llegó a comienzos de este año a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia crucial para dirimir la demanda por un título único de propiedad para sus tierras ancestrales, en la provincia de Salta. El pedido se inició con el retorno a la democracia, en 1984, y el caso es conocido internacionalmente como Lhaka Honhat –«Nuestra Tierra» en idioma wichí–, que es el nombre de la organización que nuclea a más de 7.000 personas de los pueblos nivaklé (chulupí), yyojwaja (chorote), tapyí (tapiete), qom (toba) y wichí (mataco), asentadas en la localidad de Santa Victoria Este, zona de frontera con Bolivia y Paraguay. Las comunidades indígenas viven agrupadas en alrededor de 50 aldeas distribuidas en la zona que corresponde a los lotes fiscales 55 y 14, cuya extensión es de aproximadamente 640.000 hectáreas. El conflicto se inició a comienzos del siglo XX, cuando el gobierno nacional habilitó a un grupo de criollos para fundar una colonia ganadera en esa región sin que el territorio fuera demarcado claramente. La situación nunca dejó de ser problemática –aunque la convivencia siempre ha sido pacífica–, debido a que las actividades económicas que llevan adelante uno y otro grupo resultan contrapuestas, no pueden coexistir en el mismo territorio sin perjudicarse recíprocamente. Los criollos son ganaderos y los pueblos que conforman la Lhaka Honhat son cazadores-recolectores. Su forma de vida implica recorrer el monte y el río buscando lo que necesitan para alimentarse, y hacen diferentes usos de la tierra en cada estación del año, aprovechando los recursos disponibles. Pescan, cazan, siembran y recolectan. Por eso necesitan libre acceso tanto al río como al monte. Pero en la actualidad sus tierras están empobrecidas. El ganado de los criollos ha destruido los pastizales, la caña hueca, las plantas alimenticias y, por este motivo, se ha reducido enormemente la cantidad de animales del monte.
Desde que se inició el reclamo, las comunidades indígenas apelaron a instancias provinciales y nacionales para dirimir el conflicto. El objetivo último siempre fue obtener la titularidad sobre sus tierras y relocalizar a las colonias criollas para que puedan continuar con sus desarrollos productivos. A pesar de los numersos acuerdos a los que se arribaron, las medidas para concretar estos cambios nunca fueron dispuestas. Además, se sumaron las múltiples obras de infraestructura encaradas en el territorio, llevadas adelante por el gobierno provincial, como el puente internacional sobre el río Pilcomayo, sin tener en cuenta el impacto ambiental y social que podría suponer para las comunidades.
Agotadas las instancias judiciales internas, la Lhaka Honhat acudió en 1998 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en procura de justicia. Desde el comienzo, el reclamo ha sido sostenido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). «Las comunidades decidieron luego de varias décadas de no ver avances, que se mensuren, demarquen, delimiten y titulen sólo 400.000 hectáreas para las comunidades, y 243.000 hectáreas para los criollos que tuvieran que relocalizarse de las tierras indígenas», señala Erika Schmidhuber Peña, del Equipo de Trabajo Internacional del CELS. «Reclaman un título único a nombre de todas las comunidades indígenas nucleadas en Lhaka Honhat sin subdivisiones internas. El Estado hasta la fecha no ha cumplido con este reclamo, sin importar que sea una de las recomendaciones que la CIDH hizo en su informe de fondo de 2012».
En diálogo con Acción, Francisco Pérez, coordinador de Lhaka Honhat, reconoce que «las familias criollas están de acuerdo con el traslado y la reubicación fuera del área. Están esperando al gobierno provincial». Por otra parte, comenta que «el gobierno dice que va a parar las obras en la zona, pero la ruta la siguen haciendo».
Diversidad cultural
El informe «Argentina: el caso Lhaka Honhat» –realizado por la antropóloga Morita Carrasco y la abogada Silvina Zimmerman–, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el CELS, hace hincapié en el derecho territorial de los pueblos indígenas como mecanismo para la protección del derecho a la identidad, debido a que la gran mayoría de las comunidades tiene arraigadas creencias y costumbres en dependencia plena de la naturaleza, transmitidas de generación en generación desde épocas ancestrales, y eso supone una cultura que concibe la tierra como espacio libre, sin barreras, sin límites. Por eso el reclamo de la Lhaka Honhat sigue siendo la propiedad de las tierras en forma conjunta y no, la propiedad individual de algunas parcelas por cada familia o comunidad. Porque los lugares de rebusque se superponen, los que viven al borde del río se encuentran con los que viven sobre las cañadas; todos tienen en común el mismo territorio. En el informe, las expertas afirman que estas comunidades son una parte muy sustantiva del total de pueblos indígenas que viven en Salta, la provincia que contiene la más rica diversidad cultural de todo el país.
Los propios reconocimientos del Estado datan de 1991, cuando el gobierno salteño se comprometió mediante el decreto 2609 a efectivizar la entrega de una superficie sin subdivisiones internas, para preservar el área de uso tradicional, bajo un título único de propiedad a nombre de todas las comunidades. Por tal motivo, las comunidades se organizaron como Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. Sin embargo, todavía no se han tomado las medidas necesarias para que gocen plenamente de los derechos sobre sus tierras. Schmidhuber Peña puntualiza: «No se ha dispuesto un cronograma de trabajo con plazos lógicos para cada tarea; no hay una partida presupuestaria suficiente; no se ha construido la infraestructura para los criollos que deben ser relocalizados; no se ha terminado de llegar a acuerdos con todos los criollos; no se han creado mecanismos alternativos para cuando un criollo no quiere aceptar un acuerdo para relocalizarse; no se han tomado mínimas acciones para combatir la tala ilegal, y se sigue sin respetar el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada sobre proyectos de desarrollo emprendidos en sus tierras ancestrales».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene el caso en sus manos. Debe enviar el escrito de la parte peticionaria (CELS y Lhaka Honhat) al Estado nacional para que emita una respuesta a ese documento antes de fin de año.
Las comunidades de la Lhaka Honhat esperan ahora que el órgano judicial internacional de la OEA reconozca como su hábitat tradicional las tierras que corresponden a los lotes fiscales 55 y 14, en las cuales se han desarrollado en forma continua desde tiempos prehispánicos. La persistencia de su cultura depende en buena medida de ese reconocimiento y del cumplimiento efectivo de sus derechos, ya establecidos formalmente en la Constitución Nacional, que es su artículo 75 reconoce «la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos», lo que implica, entre otras cuestiones, el reconocimiento de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
